«Respeto a la justicia, pero respeto a la democracia». Esta frase, pronunciada con frecuencia en los platós y tribunas políticas, sintetiza la tensión central de nuestro tiempo: el choque de legitimidades entre la soberanía popular y el poder judicial. Sin embargo, no estamos ante una simple pugna sobre la división de poderes, sino ante un campo de batalla de clase y de poder real.
La democracia es la única herramienta que poseen las mayorías sociales y la clase trabajadora para disputar la hegemonía a los poderes fácticos. El voto es el gran igualador al otorgar el mismo peso al trabajador precario que al gran empresario. La justicia, en cambio, no está en una torre de marfil aséptica ni goza de una neutralidad divina. Los poderes judiciales han sido, históricamente, una de las estructuras más conservadoras del Estado, moldeadas por dinámicas de extracción de clase y endogamia corporativa.
En las últimas décadas, hemos asistido a una peligrosa deriva: la judicialización de la política o lawfare. Cuando la derecha pierde las elecciones y no logra la mayoría en las urnas, recurre a sectores afines de la judicatura para frenar avances sociales, perseguir el conflicto político o maniatar a gobiernos legítimos. Bajo una supuesta «defensa de la ley», se dinamitan decisiones respaldadas por la soberanía popular, como acabamos de ver con la llamada Ley de Nietos.
La ley no es un dogma inmutable esculpido en piedra; es el resultado cambiante de la correlación de fuerzas políticas y sociales. Respetar la justicia es fundamental para evitar la arbitrariedad, sí, pero la justicia debe emanar de la Constitución y del marco que el pueblo se ha dado democráticamente, no de la interpretación reaccionaria de unos pocos.
Cuando los tribunales pretenden gobernar o corregir la voluntad de las urnas, la frase deja de ser un matiz retórico para convertirse en un aviso de socorro: si la toga se impone sobre el voto, la democracia deja de pertenecer a las mayorías para volver a manos de las élites.
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