El patrón empieza a resultar demasiado evidente como para calificarlo como una mera casualidad. Ya lo vimos cuando una jueza devolvió un dossier sobre la DANA a la Guardia Civil exigiendo que eliminaran opiniones y trajeran hechos probados. Lo vimos en la causa contra el Fiscal General o contra David Sánchez, las meras sospechas y las interpretaciones interesadas se elevaron rápidamente a la categoría de verdades judiciales incontrovertibles. Esto era habitual en la transición, eras culpable antes de llegar al juzgado, pero han pasado demasiados años para que continuemos como entonces.
El último episodio de esta deriva de lso informes policiales es el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre los sucesos de Ceuta: 49 páginas elaboradas para la Audiencia Nacional donde la prueba material brilla por su ausencia y las conjeturas sostienen todo el construible con un poquito de imaginación.
El CENIF ni es una unidad investigadora ni tiene despliegue en Marruecos. Carece de pinchazos telefónicos, identidades o evidencias directas de la supuesta «dirección estratégica» que atribuye a Rabat. En su lugar, el informe recurre a la especulación pura y dura: califica de «agentes dinamizadores» a cualquiera de complexión fuerte que lleve zapatillas y móvil. Y no se queda ahí, sino que interpreta la viralización de un bulo como una compleja operación militar obviando la dinámica social, y llega a definir la llegada secuencial de jóvenes y familias como el uso táctico de «escudos humanos». Todo ello aderezado con un constante uso de verbos en condicional que delatan la falta de certezas.
Estamos ante una muestra clara de cómo ciertos sectores de las cloacas policiales y judiciales han sustituido el rigor probatorio por el ensayo político. No se busca instruir un caso con garantías, sino fabricar un dossier cargado de valoraciones implícitas que sirva de palanca mediática en momentos clave.
Y luego está como se conoce el informe. Filtrado oportunamente en la víspera de la comparecencia del presidente del Gobierno y coincidiendo con las movilizaciones de la derecha. El informe del CENIF no busca la verdad jurídica, sino alimentar la idea conspiranoica y ofrecer munición de desgaste al gobierno.
Cuando la policía deja de aportar pruebas para pasar a redactar guiones de ficción, la calidad democrática y la separación de poderes quedan gravemente comprometidas.
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