En las últimas semanas, los acontecimientos en Ceuta han alcanzado un punto de inflexión que exige algo más que la retórica habitual de condena por parte de las instituciones. La agresión sufrida por una diputada del Parlamento de esa ciudad, cuyo vehículo fue atacado con piedras y huevos al ser confundido en medio de un clima de violencia desatado, no es un hecho aislado ni un desafortunado error, sino que se . de la manifestación concreta de un tipo de terrorismo.
Ese terrorismo, no requiere de una orden explícita de ataque desde alguien al mando, sino que funciona a través de la acumulación de un lenguaje beligerante, criminalizador y deshumanizador proyectado desde los políticos y sus altavoces mediáticos. Cuando desde las instituciones y el poder se construyen relatos como «invasión», «olla a presión» o ciudades «al límite», se está provocando violencia social. No se indica quién debe tomar la piedra o lanzarla, pero ideológicamente se señala el objetivo y al «enemigo». La agresión física es simplemente la inevitable consecuencia de ese caldo de cultivo.
Lo ocurrido en Ceuta demuestra cómo la instrumentalización de los fenómenos migratorios y de la diversidad cultural fractura la convivencia democrática. Durante un periodo prolongado, la extrema derecha y los sectores conservadores han utilizado el pánico como herramienta de movilización electoral. Esta estrategia de señalamiento, que comenzó contra las personas migrantes y los colectivos musulmanes, ya se ha extendido de manera natural a periodistas, a voces disidentes y representantes políticos opuestos. El fascismo y la violencia difusa nunca se detienen en el primer señalado; por su propia lógica expansiva, terminan engullendo a todo aquel que no se pliegue al discurso de quienes impulsan esa dinámica.
Ante este panorama, las tímidas apelaciones a la «paz social» o a la «no violencia» por parte del Gobierno autonómico de Vivas resultan estériles e hipócritas. No es posible apagar un incendio con agua mientras en la otra mano se tiene la lata de gasolina. Las condenas en abstracto a la violencia carecen de validez política si no van acompañadas de una enmienda a la totalidad del discurso del odio que las alimenta. Un gobierno que se pretende democrático tiene la obligación de desactivar la crispación, no de capitalizarla mediáticamente en favor de titulares nacionales o calculados intereses partidistas.
Ceuta, y con ella toda España, se encuentra en una encrucijada donde ya no solo se debate la gestión de una crisis migratoria o fronteriza, sino el modelo de sociedad en el que queremos vivir. Permitir que la sospecha, la deshumanización y el señalamiento al diferente se instauren como algo normal y cotidiano equivale a dar por bueno que se puedan degradar nuestros derechos fundamentales. Si la izquierda y las fuerzas democráticas no construyen un cortafuegos firme basado en la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y el rigor de la ley, la violencia de hoy, aún una excepción, se convertirá en la norma del mañana.
Ceuta no necesita más retórica del miedo ni liderazgos que alimenten el conflicto. Requiere, con carácter de urgencia, una política pública orientada a la convivencia, la justicia social y el fin absoluto del señalamiento sistemático de sus propios vecinos y visitantes.
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