Hay un conjunto de acontecimientos que no puede analizarse como una mera suma de «coincidencias» sin ninguna relación. Al contrario, se ajusta a un patrón claro de lawfare (guerra judicial) y operaciones de guerra de la información para el desgaste del Gobierno.
El aparato judicial y los estamentos policiales en España conservan inercias ideológicas que se alinean con los intereses de las élites conservadoras, y hay hechos que así lo acreditan:
-La trayectoria política de una magistrada no desaparece al vestir la toga. Que la jueza haya ocupado cargos políticos bajo las siglas del PP sitúa su actuación en una duda respecto a la neutralidad institucional. La judicatura no es un árbitro idílico e imparcial, sino un espacio de disputa de poder.
-Encargar informes a perfiles vinculados a las «cloacas del Estado» o a la policía patriótica evidencia la pervivencia de fuerzas paraestatales. Este tipo de informes no buscan el esclarecimiento técnico de los hechos, sino la construcción de relatos procesales utilizables políticamente.
-Emitir un informe a posteriori permite ajustar la narración de los hechos a una hipótesis incriminatoria previa, invirtiendo la lógica del proceso penal garantista, donde las pruebas dirigen la investigación, y no la política la que busca el indicio.
-El hecho de que el informe no atribuya categóricamente la responsabilidad a Marruecos, pero «tampoco la descarte», es una maniobra clásica en la construcción de sospechas judiciales, porque en lugar de aplicar el principio de presunción de inocencia (in dubio pro reo), la ambigüedad deliberada deja la puerta abierta para que el brazo mediático y político alimente la conspiración sin necesidad de aportar pruebas concluyentes. Por otro lado, esta indeterminación permite prolongar las diligencias, solicitar nuevas diligencias e ir pescando elementos que puedan desgastar al Ejecutivo de forma continuada en el tiempo.
Analíticamente lo más relevante es la sincronización entre la estrategia judicial y el discurso del líder de la oposición. Cuando la oposición es capaz de trazar el recorrido procesal con antelación, se evidencia la existencia como se conectan gabinetes de partido, terminales mediáticas y sectores del aparato judicial. La denuncia ya no sigue al delito, sino que el discurso político crea el marco para que el juez instruya.
Afirmar, que el Rey de Marruecos chantajea al presidente, sin aportar evidencias, responde a una estrategia de deslegitimación del rival político y busca un doble propósito: primero, desacreditar la política exterior del Gobierno y segundo, desplazar la discusión sobre las contradicciones estructurales de la política migratoria y de fronteras hacia un terreno de especulación sobre traiciones personales o vulnerabilidades individuales.
La concatenación de estos hechos demuestra cómo la derecha política, al perder el Poder Ejecutivo en las urnas, recurre a resortes no electos del Estado (sectores del Poder Judicial y de los Cuerpos de Seguridad) para suplir la falta de mayorías parlamentarias.
No estamos ante una cadena de casualidades, sino ante un dispositivo de desgaste institucional. Un informe ambiguo encargado a un perfil cuestionable permite armar el relato político, que a su vez se amplifica en los medios de comunicación para deslegitimar la acción del Gobierno y forzar su acorralamiento judicial. Ver menos
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