Lo que estamos presenciando en Ceuta ya no es un mero desacuerdo institucional ni un ajuste de discrepancias administrativas. Es la escenificación cruda y sin tapujos de un golpe de estado blando ejecutado desde los despachos judiciales. La decisión de la Audiencia Nacional de frenar de forma cautelarísima el uso de las instalaciones portuarias habilitadas por el Ministerio de Transportes para dar cobijo digno a cientos de seres humanos atrapados en las calles no responde a la estricta legalidad, sino a la estrategia del estancamiento: asfixiar la gestión del Gobierno legítimo a costa de la dignidad de los más vulnerables.
El entramado está perfectamente articulado. Por un lado, una derecha reaccionaria encarnada en el PP de Vivas y la extrema derecha de Vox, empeñada en cronificar el caos urbano y la tensión social en la ciudad autónoma para rentabilizar electoralmente el miedo y la xenofobia. Por otro, una judicatura esclerótica, auténtica «Toga Nostra» heredera de la inercia franquista, que no duda en convertirse en un poder legislativo de facto, extralimitándose en sus funciones para paralizar cualquier respuesta del ejecutivo, sea pragmática o solidaria. Cuando los jueces dictan la política migratoria y los sindicatos policiales politizados actúan como arietes de la oposición, la división de poderes deja de ser un contrapeso democrático para convertirse en un secuestro institucional.
A esta pinza político-judicial se le suma el cinismo de no ofrecer ni una sola alternativa. Se impide al Gobierno acoger, se bloquea la derivación coordinada entre Comunidades Autónomas y se castiga a la población de Ceuta a convivir con el desamparo estructural. El objetivo no es resolver la crisis humanitaria; el objetivo es que la crisis acabe contaminando al Ejecutivo.
Ante este sabotaje continuado, la respuesta de los progresistas y de la ciudadanía democrática no puede seguir siendo el repliegue pusilánime ni la apelación a un juego limpio que la derecha rompió hace tiempo. Es hora de dar la batalla del relato, exigir una reforma profunda del acceso a la carrera judicial para erradicar el corporativismo y hacer lo que está haciendo la derecha, tomar la calle. Frente al golpismo de toga y despacho, la única respuesta sólida es más democracia, más soberanía popular y una defensa irrenunciable de los derechos humanos.
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