En una democracia digna, cuando dos trabajadoras denuncian abusos sexuales y tratos vejatorios por parte de un empleador poderoso, lo mínimo que cabe esperar de una presidenta autonómica y de un alcalde es prudencia, respeto y compromiso con la verdad, no un cierre de filas inmediato con el famoso de turno y un ataque a las víctimas. Las instituciones no están para proteger la reputación de los ídolos, sino la dignidad de las mujeres que se atreven a denunciar.
Que la señora Ayuso diga que ‘las mujeres violadas y atacadas están en Irán’ mientras desprecia las denuncias de dos trabajadoras en el Caribe, revela exactamente su modelo de feminismo: el que sirve para dar lecciones fuera y callar cuando las presuntas víctimas señalan a un poderoso cercano. Eso no es defensa de las mujeres, eso es propaganda. A lo que no puede contribuir Madrid es al desprecio de las mujeres, al descrédito de la justicia y al mensaje devastador a cualquier trabajadora que esté pensando si denunciar o no.
El señor Almeida habla de ‘hipocresía de la izquierda’ mientras se niega siquiera a debatir la retirada de honores municipales a un hombre sobre el que la Fiscalía ha abierto diligencias por presuntos delitos de trata y agresión sexual. Lo que es hipócrita es envolverse en la bandera del feminismo solo cuando sirve para atacar a otros, pero volverse ciego cuando se trata de un famoso influyente. Los privilegios de algunos valen más que el miedo de muchas.
Estas mujeres no tienen detrás grandes discográficas ni gobiernos autonómicos, solo su palabra, su miedo y una denuncia ante la Fiscalía. El mínimo decoro democrático exige escuchar, investigar a fondo y garantizar que no habrá represalias, ni mediáticas ni laborales, contra ellas. Cuando una presidenta y un alcalde se apresuran a poner la alfombra roja al denunciado y la diana sobre las denunciantes, no están garantizando la presunción de inocencia: están atacando la presunción de credibilidad de cualquier mujer que se atreva a decir ‘a mí también me pasó’.
El feminismo que defendemos no elige bando en función del caché del acusado ni del color político de las víctimas. Exigimos una cosa muy sencilla: que la Comunidad y el Ayuntamiento se sitúen del lado de los derechos humanos, no del lado de los aplausos en los conciertos, y que mientras haya investigaciones abiertas, los honores públicos a Julio Iglesias queden en suspenso.
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