Hoy recurre la decisión de la fiscal general de permitir el regreso a la carrera de Garcia Ortiz. Y es que nuestro sistema judicial da vuelos a sus tropelías. Su situación es la de quien se cree impune.
En la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal contra Alberto González Amador (el novio de España), la clave es el informe que la jueza pidió a la UCO en junio de 2025 por la “complejidad” y el carácter “interprovincial” de la trama ligada a Masterman & Whitaker. Más de medio año después, ese informe sigue sin llegar al juzgado, lo que mantiene encallada una investigación que afecta directamente a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante este tiempo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que no consta oficialmente la recepción del informe, lo que congela de facto la instrucción.
La propia operación societaria bajo sospecha presenta rasgos muy burdos: una sociedad sin activos relevantes, comprada por casi medio millón de euros, con un incremento de valor de más del 1.000% en tres meses y vinculada a directivos de Quirón beneficiados por la intermediación de González Amador en contratos de mascarillas. El contraste con otros casos recientes es demasiado nítido como para no verlo.
En el llamado caso Koldo, el juez del Supremo encargó a la UCO un estudio del patrimonio de José Luis Ábalos y, en apenas unas semanas, ya había un informe patrimonial de casi 300 páginas que detallaba patrones de ingresos en efectivo no declarados entre 2014 y 2024. Ese informe, y otros posteriores, han permitido al instructor hablar de “consistentes indicios” de participación del exministro y del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en posibles cobros de comisiones ligados a adjudicaciones de obras públicas.
En otras palabras: cuando la diana está en un exministro socialista o en cuadros orgánicos del PSOE, la UCO es ejemplarmente rápida y prolija; cuando el investigado es el novio de Ayuso, una orden de junio sigue sin traducirse en un informe útil más de medio año después, con el añadido de que la propia UCO ha reconocido que no tuvo acceso al expediente completo hasta noviembre por demoras en la remisión de actuaciones. Es decir, la cadena institucional que debía facilitar la investigación ha funcionado con una pasmosa lentitud precisamente en un asunto que afecta al entorno más íntimo de la presidenta madrileña.
La explicación oficial recurre a la burocracia: que si el expediente no llegó íntegro hasta noviembre, que si el juzgado va saturado, que si hay intercambios de oficios y libramientos. Pero esa coartada solo convence a quien quiera mirar hacia otro lado, porque la experiencia reciente demuestra que, cuando existe presión política, mediática o judicial para acelerar, la UCO y los juzgados son perfectamente capaces de acortar tiempos, ordenar prioridades y producir informes en plazos muy breves.
Lo inquietante no es solo que el entorno de Ayuso se beneficie de un “colchón temporal” que dificulta que la causa avance, sino que este doble rasero erosiona la idea misma de igualdad ante la ley. El mensaje implícito es perverso: si el sospechoso es de “los tuyos” (la derecha madrileña en el poder), la investigación puede esperar; si es del adversario político, la diligencia se convierte en urgencia patriótica y la filtración del informe casi en deber cívico.
Es difícil sostener que la UCO actúa movida por simpatías ideológicas directas; lo más verosímil es un mecanismo de poder más sutil: presión política y mediática que premia la contundencia contra la izquierda y penaliza cualquier paso que pueda dañar al bloque conservador que domina instituciones clave como la Comunidad de Madrid. A ello se suma un ecosistema judicial en el que determinados sectores del Supremo y de las audiencias territoriales ya han mostrado decisiones muy alineadas con los intereses de la derecha, desde la gestión del procés hasta choques recientes con el Gobierno central cómo hemos visto en el caso del fiscal general.
La consecuencia es una justicia que parece medir con dos varas: hiperactiva y rápida cuando se trata de figuras asociadas al Gobierno progresista, y extremadamente prudente y lenta cuando se trata del entorno de Ayuso o del PP madrileño. No hace falta que nadie dé una orden explícita; basta con que jueces, fiscales y mandos policiales interioricen qué tipo de investigaciones se aplauden y cuáles convierten al instructor en objetivo de campañas mediáticas y maniobras políticas.
El embudo en el caso González Amador no es una anécdota, sino un síntoma que muestra cómo la justicia y la UCO pueden convertirse, por acción o por omisión, en actores dentro del conflicto político. Mientras tanto, los indicios de que la compra de Masterman & Whitaker fue una forma de retribuir favores por contratos de mascarillas y por la relación privilegiada con el gigante sanitario Quirón siguen sin investigarse con la misma energía que se dedica a rastrear ingresos en metálico de otros políticos.
En un Estado que se dice democrático, la sospecha no debería ser “a quién beneficia el retraso”, sino “por qué demonios una unidad capaz de analizar una década de patrimonio en semanas no ha sido capaz de producir ni un informe preliminar en más de medio año en un caso que toca a la cúspide del poder madrileño”. Mientras esa pregunta no reciba una respuesta convincente, la percepción de trato de favor a los vinculados a la derecha no será un prejuicio: será una conclusión extremadamente razonable.
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