Hace 49 años, la noche del 24 de enero de 1977, tres pistoleros de extrema derecha irrumpieron en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha 55, en Madrid, vinculado al PCE y a CCOO, y dispararon a quemarropa contra quienes quedaban trabajando. Asesinaron a los abogados Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides y Francisco Javier Sauquillo, al estudiante de Derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal, dejando además cuatro heridos graves. No buscaban “sembrar el caos” en abstracto: iban a por el sindicalismo organizado del transporte, contra una huelga que desafiaba la mafia franquista enquistada en el Sindicato Vertical.
Atocha fue el ataque más simbólico del terrorismo de ultraderecha que intentaba frenar la apertura política tras la muerte del dictador Franco, en un país atravesado a la vez por ETA, el GRAPO y otras violencias políticas. La imagen del cortejo fúnebre, con decenas de miles de personas en silencio, disciplinadas por el PCE y CCOO, es quizá la mejor fotografía de una paradoja: el franquismo moría en la calle, pero obligando a la izquierda a moderar su rabia para que la “reforma” no descarrilara.
Atocha es la prueba más palpable para desarmar el cuento rosa de la Transición como ejemplo perfecto de “consenso” sin coste ni víctimas. Hubo casi 600 muertos por violencia política e institucional en aquellos años, y el atentado de Atocha se inscribe en esa presión brutal que empujó a las fuerzas democráticas a elegir entre democracia de baja intensidad o ruptura larga y dolorosa. Algunos parecen haberlo olvidado, otros ni lo saben.
El atentado no fue solo obra de tres fanáticos sueltos: formaban parte de una ultraderecha conectada con estructuras franquistas económicas, políticas y sindicales, y un poder judicial intacto en su composición bloqueó investigar a fondo esas responsabilidades. Esa impunidad estructural permitió pocas condenas, ningún desmantelamiento serio de las tramas que alimentaban el terror, lo que explica por qué, décadas después, el relato oficial insiste en la armonía y pretendiendo pasar de puntillas por la violencia estatal y paraestatal.
Casi medio siglo después, el Estado reconoce el monumento de El Abrazo, en Antón Martín, como Lugar de Memoria Democrática, y el propio atentado de Atocha como referencia central en la lucha por las libertades. No es un gesto menor, sino que significa admitir que, sin los abogados laboralistas, sin el movimiento obrero organizado y sin quienes se plantaron ante los restos del franquismo, la democracia española quizá sería hoy mucho más pobre.
Pero es una memoria disputada. Cada 24 de enero hay discursos que subrayan el sacrificio y la reconciliación, mientras una parte de la derecha política y mediática relativiza la violencia de la extrema derecha o la esconde detrás de un “todos fueron iguales” que diluye responsabilidades. Convertir Atocha en lugar oficial de memoria democrática puede ser reparador si se acompaña de verdad incómoda; pero si se reduce solo a protocolo, corremos el riesgo de hacer parte de un museo a las víctimas, mientras se blanquea a quienes hoy reivindican sin pudor el franquismo sociológico que las mató.
En 2026, recordar Atocha no es un ejercicio de arqueología ni de sentimentalismo, sino una intervención en la política presente. En un país donde la extrema derecha crece amparada por una derecha tradicional que juega a la equidistancia, Atocha plantea una pregunta clara ¿de verdad queremos tratar como “una opinión respetable” aquello que en 1977 se expresó con plomo contra sindicalistas y abogados?
El aniversario llega además en un contexto en el que la memoria democrática se ha convertido en un campo de batalla, porque la Ley 20/2022 reconoce el deber público de conocer la trayectoria de la democracia y los sacrificios que la hicieron posible, mientras que sus detractores claman contra una supuesta “reapertura de heridas”. Atocha demuestra lo contrario, porque la herida nunca se cerró del todo ya que nunca se limpiaron bien la sangre y las responsabilidades, al contrario, se tapó con el esparadrapo del olvido, y ahora supura cada vez que se legitima a quienes se sienten herederos del franquismo.
El recuerdo de Atocha no pide solo flores y discursos solemnes; exige una toma de posición. Significa defender sin titubeos a quienes hoy ocupan el lugar social de aquellos abogados: sindicalistas, juristas laboralistas, activistas de derechos humanos y movimientos que, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo recientemente reconocidas en estos actos, sostienen memoria, verdad y justicia frente a las dictaduras.
También implica llamar a las cosas por su nombre. No fue “un exceso del clima de la época”, fue un crimen político de la ultraderecha en un Estado que heredaba estructuras franquistas y eligió mirar hacia otro lado. Cada 24 de enero, al pasar por El Abrazo o al recordar aquel asesinato, deberíamos preguntarnos si estamos a la altura de quienes cayeron en aquel despacho: si seguimos entendiendo la democracia como un marco neutro donde todo cabe, incluso quienes añoran la dictadura, o como un compromiso activo con los que se jugaron la vida para que hoy podamos opinar sin que nos esperen tres pistolas al otro lado de la puerta. Su aniversario, en pleno auge de una extrema derecha desacomplejada, se convierte en una prueba sobre el tipo de país que estamos dispuestos a seguir siendo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario