En menos de una semana, el gobierno de Trump ha emprendido una operación militar contra Venezuela que incluye bombardeos selectivos, incursiones especiales y la captura y traslado forzoso del presidente Nicolás Maduro a territorio estadounidense para ser juzgado, todo ello sin autorización del Consejo de Seguridad ni un ataque armado previo que justifique legítima defensa. Junto a ello, ha amenazado públicamente con extender acciones “preventivas” a otros países de la región, ha vuelto a verbalizar su voluntad de “tener Groenlandia de una forma u otra” y ha insinuado nuevas medidas coercitivas contra Irán, lo que configura un patrón abiertamente intervencionista y revisionista.
Desde el prisma del derecho internacional público, la mayoría de juristas que encontramos en los medios, califica el ataque a Venezuela y la abducción de su presidente como una violación grave de la prohibición del uso de la fuerza del artículo 2(4) de la Carta de la ONU y de principios de la OEA, al no encajar ni en legítima defensa ni en una autorización colectiva. Organismos de derechos humanos y colegios jurídicos dentro de EE. UU. subrayan además que se vulneran normas básicas sobre soberanía, inmunidad de jefes de Estado y prohibición de secuestro extraterritorial, y advierten de que se crea un precedente que otros Estados podrían invocar para legitimar sus propias “intervenciones quirúrgicas”.
Desde la política, esto se interpreta como un giro explícito hacia una doctrina “Trump” consistente en: supremacía unilateral, desprecio de la gobernanza multilateral y uso instrumental del derecho como mera retórica, lo que acelera el deterioro del orden liberal basado en reglas y abre paso a una lógica de esferas de influencia y transacciones de fuerza. El mensaje de fondo es que los compromisos jurídicos son negociables si se dispone de poder militar, lo que erosiona la legitimidad de instituciones como la ONU, la OEA o la propia Corte Penal Internacional, ya bajo presión por sanciones y amenazas de la Casa Blanca.
Los análisis de expertos sobre el riesgo global para 2026, señalan que el mundo entra en una fase de inestabilidad estructural, donde la acción estadounidense en Venezuela actúa como multiplicador de tensiones más que como detonante único de una gran guerra. A corto plazo, el riesgo más alto es una escalada regional en América Latina (choque con aliados de Caracas, incremento de insurgencias y militarización de fronteras) y una nueva carrera de “intervenciones preventivas” por parte de potencias que usen el precedente para justificar sus propias agendas en Ucrania, Oriente Medio o la zona del Indo‑Pacífico.
A nivel del sistema político mundial, la ruptura abierta con el orden basado en normas se suma a otros focos de tensión (guerra en Ucrania, frágil tregua en Gaza, rivalidad con China, crisis climática), aumentando el riesgo de errores de cálculo y de conflictos por delegación, aunque ninguno de los grandes actores parece hoy dispuesto a una confrontación directa tipo OTAN‑Rusia o EE. UU.‑China. El verdadero “muy alto riesgo” no es tanto una Tercera Guerra Mundial inmediata como una normalización de la ilegalidad y del uso selectivo de la fuerza que, en el medio plazo, hace más probable que crisis locales acaben desbordando y conectándose entre sí.
Desde la teoría de las relaciones internacionales, las acciones de Trump ilustran el predominio de un realismo agresivo que instrumentaliza el derecho y la democracia como recursos narrativos, no como límites, en un contexto de declive relativo de la hegemonía estadounidense. El intervencionismo en Venezuela, vinculado abiertamente a intereses energéticos y de control migratorio y no a una defensa de la democracia, confirma una política exterior transaccional donde el “orden” se entiende como imposición de jerarquías más que como respeto al tejido de instituciones compartidas. Hoy a esa sensación de inestabilidad se añaden dos nuevas gotas al vaso: dos petroleros rusos retenidos por EE. UU. Uno en el Caribe, pero otro junto a Islandia.
Y en EE. UU. tampoco entienden a su presidente, y lo ven como algo a añadir a una deriva autoritaria interna: concentración de poder ejecutivo, hostilidad hacia controles judiciales y legislativos, y uso del enemigo externo para cohesionar una base nacionalista, que alimenta la tentación de recurrir a operaciones militares como herramienta de política doméstica. Esa combinación de unilateralismo externo y erosión democrática interna es uno de los vectores más peligrosos de desestabilización internacional en la década que se nos abre.
Trump ha cruzado esta semana varias líneas rojas del derecho internacional con la operación militar en Venezuela y el secuestro de Maduro, y la mayoría de los analistas coincide en que eleva de forma muy significativa el riesgo de desestabilización regional y de erosión del orden jurídico global, aunque sin situarnos aún ante una guerra mundial inminente. El escenario se parece más a una aceleración del desorden internacional y a una normalización de la fuerza como herramienta de política exterior que a una crisis similar a la de 1962, pero abre dinámicas difíciles de controlar si otros actores imitan el precedente o responden de forma simétrica o parecida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario