Quienes tantas veces nos han mentido (lo hicieron con Irak, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con el Yak-42, con el Metro de Valencia, con el Alvia de Galicia, con las 7.291 personas abandonadas en las residencias de Madrid, con la DANA, con los incendios y con Gaza), ahora de nuevo intentaran hacer su relato respecto a lo que está sucediendo con Venezuela, y nos mentirán con Venezuela. No estoy elaborando un panfleto, sino haciendo un recordatorio histórico: cada conflicto internacional viene siempre acompañado de un relato fabricado que busca legitimar lo injustificable.
La eventual agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela sea directa, mediante bombardeos, o indirecta, a través de sanciones y operaciones encubiertas, no puede entenderse más que como una violación flagrante del derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.4, prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Solo caben dos excepciones: la legítima defensa y la autorización expresa del Consejo de Seguridad. Ninguna de ellas se cumple en este caso con Venezuela.
Hablar de una “intervención humanitaria” sería reeditar el engaño de Irak en 2003, disfrazando intereses geoestratégicos y económicos norteamericanos bajo un ropaje de defensa de la moral. Como entonces, las pruebas suelen llegar envueltas en un relato mediático siempre orientado a preparar la opinión pública. El precedente es peligroso: cada vez que un Estado poderoso actúa unilateralmente fuera del marco jurídico internacional, erosiona las bases mismas del orden que dice defender.
Desde la perspectiva de la responsabilidad internacional del Estado, los actos de agresión constituyen crímenes conforme a la definición de la Asamblea General de la ONU (resolución 3314 de 1974) y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Bombardear un país no es “una operación de pacificación”: es, conforme al derecho, un acto de agresión. Y detener a su presidente sin el consentimiento de las autoridades legítimas no es “una detención judicial”, sino un secuestro internacional.
No es cuestión de romper relaciones con EE. UU., o de no participar en el próximo mundial de futbol, propuestas que suenan a brindis para la galería y a propaganda electoral, y no cómo auténticas iniciativas políticas frente a esta vulneración del derecho internacional. El Gobierno español debería actuar con prudencia, pero también con dignidad. La experiencia del reconocimiento precipitado de Juan Guaidó ya mostró el coste político y jurídico de subordinar la diplomacia a las directrices de Washington. Una política exterior autónoma, fiel a los principios de la Carta de la ONU, exige condenar toda acción que burle los cauces multilaterales y quebrante la soberanía de los pueblos.
En el fondo, no se trata de defender a un gobierno concreto, sino de preservar el frágil equilibrio del derecho internacional frente a la ley del más fuerte. Si permitimos que el uso de la fuerza vuelva a normalizarse como herramienta política, el mundo regresará a la lógica del siglo XIX. Y eso, hoy, es tanto una amenaza jurídica como una tragedia moral para todo el planeta.
Quienes en España respaldan está acción ilegal de EE. UU. supongo que abandonaran la dictadura del sanchismo y correrán de nuevo a Venezuela a disfrutar de la libertad que asegura Maria Corina Machado y Trump. Ya están tardando en pensar si eso realmente es lo mejor, porque, en mi opinión, no lo es.
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