Ayuso, como personaje de una novela de Eduardo Mendoza, daría mucho juego. No tanto por su complejidad psicológica (que es más bien simple), como por la facilidad con la que transforma cualquier desgracia nacional en un artefacto arrojadizo para uso doméstico. Podría ser la alcaldesa de una falsa Barcelona, reasignada por error a la Puerta del Sol, con más facultades para el micrófono que para la gestión, y rodeada de asesores que hablan en titulares y de empresarios que jamás se pierden una licitación pública de la Comunidad.
El último episodio de su último folletín es el accidente ferroviario de Adamuz, que en cualquier país se trataría como una tragedia que exige rigor técnico, investigación seria y duelo colectivo, pero que en manos de Ayuso se convierte, sin solución de continuidad, en una exigencia de dimisión del presidente del Gobierno y del ministro de Transportes, como si el maquinista, el mantenimiento de la vía y la velocidad del convoy fueran asuntos que Sánchez revisa personalmente entre Consejo de Ministros y Consejo Europeo. La duda no es si tiene sentido, sino si el guionista que le escribe la intervención, no se habrá pasado de frenada.
En esas novelas, siempre hay un protagonista que entra sin comprender del todo la trama, pero decide improvisar. Aquí, el papel lo ocupa el ciudadano medio, que enciende su televisión a la hora de la cena y encuentra a la presidenta madrileña denunciando una “situación catastrófica” del sistema ferroviario y exigiendo cabezas políticas como quien pide la carta en el restaurante. No se mencionan informes técnicos ni responsabilidades concretas; solo un decorado de apocalipsis sobre raíles que, convenientemente, se firma desde Moncloa.
Todo esto sería solo ruido si no fuera porque, mientras se dramatiza el tren, se desvía la mirada de otro medio de transporte: las ambulancias que llegan, o no llegan, a una sanidad madrileña exhausta. La Comunidad de Madrid cierra el año con listas de espera que baten récords, fuga de profesionales y un modelo de privatización que funciona estupendamente para todos, salvo para el paciente que aguarda en un pasillo acceder a una cama. Es un paisaje que podemos describir cómo una mezcla de desorden costumbrista con burocracia chapucera, o dicho de otra forma, un sistema sanitario en el que todo el mundo parece ocuparse de algo, salvo de curar a la gente en tiempo y forma.
El hospital público de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, podría ser uno de esos edificios en los que esa novela desarrolla sus enredos. Con fachada impecable, interior regido por reglas que solo conocen los iniciados. Los audios del CEO de Ribera Salud, en los que se habla de tensionar listas de espera, seleccionar pacientes “rentables” y derivar a los demás, parecen sacados de un manual de contabilidad más que de un protocolo médico. Que esto ocurra en un centro público gestionado con lógica de negocio no es un giro inesperado, sino el clímax natural de una trama que lleva años escribiéndose y lucrándose.
En paralelo, la oposición en Madrid anuncia acciones legales por el rechazo de pacientes, mientras el Gobierno regional responde con tono funcionarial que todos los papeles están en regla, aunque el edificio esté ardiendo. Se asegura que las listas están “en la media o por debajo”, que los datos son buenos, que si hay algún problema se debe a “rencillas entre directivos”. En una novela, el lector comprendería de inmediato que, cuando alguien repite tanto que todo va bien, el autor está preparando la escena del apocalipsis final.
Y luego está el personaje secundario que, suele desencadenar situaciones inverosímiles: aquí es, la pareja de la presidenta, Alberto González Amador. Tras un caso de fraude fiscal que terminó en reconocimiento de los hechos para alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, ahora reaparece como la pobre víctima del sistema por la filtración de un correo por parte del entonces fiscal general. El giro es perfecto: de defraudador confeso a mártir institucional en cuestión de páginas.
La petición de González Amador de expulsar a García Ortiz de la carrera fiscal añade un punto más de farsa jurídica: el acusado que sale del banquillo con acuerdo pactado y, a renglón seguido, exige la cabeza del fiscal por vulnerar su intimidad epistolar. Esto se narraría con la naturalidad con la que un portero de finca acaba dirigiendo una operación de espionaje internacional, donde nadie parece extrañado, porque en este universo la lógica solo es un rumor.
Ayuso aprovecha este episodio para reforzar su gran relato: el Gobierno “corrupto” y “chavista”, que presiona a jueces, manipula a fiscales y actúa contra Europa para perpetuarse en el poder. En este marco, cualquier investigación sobre la sanidad madrileña, sobre Torrejón o sobre los negocios de su entorno se convierte automáticamente en una prueba más de conspiración, nunca de control democrático. Es una estructura narrativa sencilla: si le señalan la luna, acusará al dedo de lawfare.
Mientras tanto, el ciudadano lector de esa novela intenta seguirle el hilo: trenes que descarrilan lejos de Madrid, hospitales que rechazan pacientes mientras cuadran números, una pareja que pasa del fraude fiscal a la cruzada ética contra el fiscal general, y una presidenta que reclama dimisiones ajenas con el entusiasmo del que colecciona sellos. El resultado es una trama en la que todos hablan de responsabilidades, pero casi nadie de la suya.
Si algo distingue a muchos protagonistas de novela es que, pese a los despropósitos, conservan una cierta humanidad, algo desvalidos. En este caso, la humanidad aparece más bien en las víctimas colaterales: los pacientes que esperan una operación, los usuarios que se suben a un tren confiando en que funcione, los profesionales sanitarios que intentan trabajar en un sistema diseñado para que la prioridad no sea la salud, sino el balance de la concesionaria. Ellos son los personajes secundarios que, en la novela, sostienen la verosimilitud del relato de Ayuso.
Quizá la gran diferencia con la ficción sea que, en las novelas, el caos acaba ofreciendo una especie de redención irónica, una salida más o menos digna para las criaturas desorientadas. En la política madrileña, en cambio, el caos se usa como estrategia y la redención se confía a la siguiente rueda de prensa. Si el accidente de Adamuz sirve de algo en este guion, no será para mejorar la seguridad ferroviaria, sino para prolongar un capítulo más la eterna novela de Ayuso contra Sánchez. Y, como en toda serie de televisión que se alarga demasiado, el riesgo no es que el público se indigne, sino que empiece a cambiar de canal.
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