En este país hemos llegado al punto en que alquilar un piso es más difícil que conseguir una entrada para una final de futbol Barcelona -Real Madrid o una butaca en el Liceo una noche de estreno: hace falta dinero, contactos y nunca está de más, una cierta resistencia al ridículo. La diferencia es que, mientras en un partido o en el Liceo uno elige donde sentarse, en el mercado de la vivienda muchos se sientan porque no les queda más remedio que inclinarse. Veamos el panorama completo.
El arte de premiar al casero
El Gobierno, siempre atento a las penurias del prójimo, ha descubierto que la mejor manera de frenar los alquileres desbocados es premiar a quienes se benefician de ellos. La idea, descrita con tono grave y adjetivos rotundos “medidas urgentes y contundentes ante la emergencia habitacional”, consiste en regalar una elevada bonificación en el IRPF a los propietarios que, en un arranque de generosidad fiscalmente incentivada, renueven el contrato sin subir el alquiler.
Perdonen la expresión, pero es un truco digno de trilero: el casero mantiene una renta ya hinchada por años de subidas, se ahorra hasta 1.500 euros de impuestos, y el inquilino recibe la condecoración simbólica de no ser desahuciado por el mercado… todavía. El Estado, por su parte, se proclama árbitro neutral de la contienda, como si no fuera él quien sostiene el silbato y reparte las tarjetas, mientras insiste en que “ganan todos”, una frase que en política suele significar que alguien ha hecho números y no quiere enseñarlos.
El aderezo técnico del decreto (limitar los contratos de temporada “fraudulentos”, poner coto al alquiler por habitaciones y desplegar la Ley de Vivienda en zonas tensionadas) suena a cirugía fina con bisturí de reglamento. Pero la operación se hace sin anestesia sobre el mismo cuerpo social de siempre: las familias que pagan alquileres que devoran la mitad de su salario y a las que se invita a aplaudir porque la hemorragia, por el momento, no irá a más.
Los rentistas y el derecho a la vivienda
Frente a este alarde de imaginación tributaria, Sumar ha cometido la descortesía de decir lo obvio: que esto es un “regalo de dinero público a los rentistas” y un “premio a los caseros”. No es una metáfora incendiaria, sino una descripción fría de la realidad: en promedio, los propietarios tienen una renta un 80% superior a la de los inquilinos, de modo que el Gobierno ha decidido lanzar un salvavidas a quienes ya saben nadar y dejar a los demás haciendo el perrito en la piscina del mercado.
La posición de Sumar parte de una idea extravagante para los usos políticos contemporáneos: que la vivienda es un derecho constitucional y no un producto financiero con vistas al mar. En consecuencia, propone algo tan poco épico como prorrogar tres años los contratos que vencen en 2026, con congelación de precios, prohibir la compra “especulativa” de vivienda y gravar a quienes coleccionan pisos como otros coleccionan sellos, pero con más rentabilidad y menos romanticismo.
El crimen de Sumar no es el radicalismo, sino la mala educación de preguntar quién paga la fiesta. Porque las bonificaciones fiscales no caen del cielo: salen de una caja común que se nutre, entre otros, de los mismos inquilinos a los que luego se les explica que no se puede “intervenir demasiado” el mercado, no vaya a ser que el mercado se enfade y suba aún más los precios.
Podemos, el apocalipsis y la literalidad
En otra esquina del cuadrilátero, Podemos mira el panorama y lo define como “apocalíptico” o “absolutamente límite”, lo cual, visto el precio medio del metro cuadrado en ciertas ciudades, puede sonar incluso moderado. Su receta consiste en bajar por ley los alquileres, prohibir la compra de vivienda que no sea para vivir en ella y blindar el ladrillo como bien de uso, no de inversión.
Su problema no es tanto de diagnóstico como de digestión: dice en voz alta lo que muchos piensan, pero lo hace en un tono que hace que la clase política, aficionada a la dramatización sólo cuando no compromete a nadie, se sienta violentamente interpelada. Mientras tanto, el casero medio asiste tranquilo al debate: ni las bonificaciones del Gobierno ni las propuestas más duras han llegado aún a la puerta del bloque donde cobra puntualmente cada mes.
El PP y el ladrillo patriótico
El PP, por su parte, ha optado por la vieja solución nacional: construir. Su propuesta es vincular la financiación autonómica a la producción de vivienda, prometer un “Plan Integral” para cubrir un déficit de alrededor de un millón de viviendas, movilizar suelo público, acelerar licencias y, por el camino, aprobar una ley antiocupación y una “hucha hogar joven” que suena a cuento infantil con aval bancario.
El mensaje es claro: hay que “dar seguridad a los propietarios, no a quienes delinquen”, como si el principal delito en materia de vivienda fuese la okupación y no el alquiler a precios imposibles. Y todo ello aderezado con la crítica habitual a las políticas del Gobierno, acusadas de “desincentivar la oferta”, una expresión que suele significar que se ha intentado, tímidamente, poner algún límite a la barra libre del mercado.
Por qué el camino de Sumar es el sensato
En medio de esta feria de promesas, Sumar aparece como el invitado aguafiestas que insiste en preguntar cuánto cuesta el confeti. No propone abolir el mercado ni expropiar el barrio de Salamanca, sino algo más modesto y, precisamente por eso, subversivo: que el centro de la política de vivienda sean las familias que viven de alquiler, no las que viven del alquiler.
Prorrogar contratos y congelar precios en un momento en que los alquileres ya están en máximos es un gesto de contención mínima, no un asalto a la propiedad privada. Gravar a quienes acumulan inmuebles no es una excentricidad bolchevique, sino una manera de reconocer que el problema no es el pequeño propietario que complementa la pensión, sino la conversión masiva de la vivienda en un producto financiero cuya lógica es la misma que la de cualquier fondo de inversión: comprar barato, aguantar el tiempo necesario y vender o alquilar caro.
Prohibir la compra “especulativa” de vivienda no implica enviar inspectores a registrar el contenido ideológico de los contratos de compraventa, sino asumir que un derecho básico no puede depender exclusivamente del apetito de rentabilidad de quienes ven el ladrillo como una acción bursátil con paredes. Y reforzar la intervención pública directa, en lugar de fiarlo todo a incentivos fiscales, es admitir que el Estado no es un asesor financiero de los propietarios, sino (en teoría) el garante de derechos que el mercado ni conoce ni reconoce.
La historia de la vivienda española sería probablemente una novela: un casero con pretensiones, un ministro con flema, un fondo buitre con nombre de opereta y una comunidad de vecinos tratando de entender por qué el ascensor sube, pero ellos no. El problema es que, fuera de la ficción, los personajes comen, pagan alquiler y envejecen. Y ahí, por puro sentido común, conviene ponerse del lado de quienes quieren que la vivienda sea un hogar antes que un instrumento financiero: en este reparto, Sumar no hace el papel más vistoso, pero sí el más decente.
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