Lo que están haciendo Cayetana Álvarez de Toledo y quienes la jalean no es pedir explicaciones: es utilizar una tragedia nacional como munición partidista, antes incluso de que se conozca el resultado de la investigación técnica. Se está hablando de “cortijo de mordidas, amaños y corrupción” y de “enchufar prostitutas en ADIF” en mensajes que se lanzan cuando todavía hay decenas de muertos y heridos, y las causas del siniestro siguen bajo investigación.
Esa estrategia no busca esclarecer nada; busca fijar en la mente de la gente que el accidente es “culpa del Gobierno” aunque los peritos todavía no hayan hablado, exactamente igual que otros actores políticos están haciendo con el lema de que “la corrupción mata”. Deberían de acordarse del recorte de inversiones en ferrocarriles que se produjo en la época Rajoy respecto a la época Zapatero, que igual si tuvo relación con las mordidas de su partido en esos años, algunas aún por juzgar.
Cuando se sugiere ya una “trama” ligada al Ministerio de Transportes sin esperar ni a los informes de ADIF ni a la comisión de investigación ferroviaria, lo que se está haciendo es sustituir los hechos por el relato, la ingeniería por el eslogan barato y populista. Vincular de forma frívola corrupción y prostitución con el trabajo de miles de profesionales del sistema ferroviario es una falta de respeto tanto a las víctimas como a quienes llevan días trabajando a destajo en la vía, en los hospitales y en los centros de emergencias.
El contexto lo deja claro: dentro del propio PP hay presión para “dinamitar la tregua” y “afilar los cuchillos” a costa del accidente, porque se percibe una oportunidad para desgastar al Gobierno, no una obligación de aclarar lo ocurrido con rigor. Quien de verdad tuviera interés en la seguridad ferroviaria exigiría primero datos, auditorías, cronologías de mantenimiento y régimen de responsabilidades técnicas; no introduciría de forma calculada palabras como “prostitutas” para que el debate se convierta en una batalla de barro y no en una discusión serena sobre inversiones, protocolos y controles.
Hay muchas formas legítimas de fiscalizar políticamente un accidente tan grave: pedir comisiones, reclamar transparencia, comparar estándares de seguridad. Lo que no es legítimo es usar el duelo como campaña permanente, mezclando corrupción, sexo y muerte para ver quién recoge más clics y más votos. En un país que ya ha vivido el 11M y el accidente de Angrois, volver a esa lógica de “aprovechar la tragedia” solo garantiza más ruido, más odio y menos verdad; y eso sí es una irresponsabilidad política grave, gobierne quien gobierne.
Y aún no hemos escuchado a Ayuso.
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