La muerte del enfermero Alex Pretti en Minneapolis, abatido por agentes federales de inmigración en medio de protestas contra la ofensiva migratoria de Trump, no es un “exceso aislado”, sino la consecuencia lógica de una política diseñada para convertir a parte de la población en enemigo interno. En apenas tres semanas, agentes de inmigración han protagonizado tres tiroteos en el área de Minneapolis, con dos personas muertas, Renée Good y ahora Alex Pretti, enfermero de UCI y ciudadano estadounidense, y al menos otro herido. Que un profesional sanitario que protestaba por el trato a su comunidad termine muerto por más de diez disparos en cinco segundos ilustra hasta qué punto se ha normalizado el uso letal de la fuerza en operaciones migratorias. Las protestas, la respuesta con gases lacrimógenos y aturdidoras, y el intento de desplazar a la policía local del escenario del crimen revelan una dinámica de ocupación, nunca de seguridad pública.
El segundo mandato de Trump ha hecho de su política migratoria en una cruzada ideológica, con emergencia nacional en la frontera, bloqueo casi total del asilo, fin del “catch and release”, restricciones a la ciudadanía por nacimiento y detención obligatoria ampliada mediante la Laken Riley Act. No se intenta con ello gestionar flujos migratorios, sino enviar un mensaje de castigo y exclusión, incluso para quienes ya viven y trabajan en el país, como demuestra que las víctimas de Minneapolis fueran residentes y al menos una de ellas ciudadana. El resultado es predecible: más redadas, más detenciones, más muertes en custodia (30 en 2025 y ya varias en 2026), y un clima de miedo que se extiende a barrios enteros.
Desde una perspectiva politológica, esta estrategia es errónea al menos por tres razones fundamentales. La primera que erosiona el estado de derecho, al expandirse procedimientos de deportación que recortan el derecho a juicio y a una defensa efectiva, al fomentar que agentes federales operen con escasa rendición de cuentas, como se aprecia en las denuncias de retirada de pruebas en Minneapolis y la resistencia a la supervisión estatal, y porque se desdibuja la frontera entre seguridad pública y persecución política de colectivos concretos.
La segunda razón de la estrategia Trump es que alimenta la polarización y la violencia al convertir la migración en eje identitario y moral (“ellos” contra “nosotros”) refuerza discursos extremos y legitima abusos en nombre del orden. A eso se le suma que los tiroteos de Minneapolis, las protestas masivas y la respuesta represiva se están convirtiendo en un círculo vicioso: más mano dura, más conflicto, menos legitimidad institucional. Y también el hecho de que gobernadores y autoridades locales estén pidiendo la retirada de agentes federales evidencia una fractura entre niveles de gobierno que mina la cohesión del sistema.
Y la tercera pata de esa estrategia es ineficaz y contraproducente para la seguridad y la economía, `puesto que la criminalización generalizada de personas migrantes distrae recursos de lo que son amenazas reales y rompe la confianza entre comunidades y las fuerzas de seguridad. Además, sectores clave (sanidad, cuidados, agricultura, servicios) dependen de mano de obra migrante, y una política basada en el miedo reduce la estabilidad social y laboral, como simboliza trágicamente la muerte de un enfermero de UCI en plena crisis sanitaria y social. Definir a carteles y organizaciones como “terroristas” sin una estrategia integral de integración y cooperación internacional es más un gesto simbólico que una solución sostenible.
Lo más grave del caso Pretti, el enfermero asesinado, es que desmiente el relato de que estas políticas solo afectan a “ilegales”. Que un ciudadano estadounidense, trabajador esencial, sea abatido por cuestionar la brutalidad de ICE lo desmiente. Cuando la respuesta de la Casa Blanca y de su vicepresidente es culpar a las autoridades locales por no alinearse todavía más con la ofensiva migratoria, en lugar de exigir transparencia y rendición de cuentas a los agentes implicados, el mensaje es claro: el enemigo no es el delito, sino todo aquel que se oponga a la lógica del miedo.
Una democracia que acepta que sus enfermeros sean disparados por documentar abusos en la calle se desliza peligrosamente hacia un modelo de seguridad autoritaria, donde la frontera deja de ser una línea geográfica y se convierte en una cicatriz que atraviesa la propia ciudadanía.
La lectura desde España es incómoda pero sencilla: si normalizamos el discurso de la ultraderecha, normalizamos también sus prácticas, y lo que hoy vemos en Minneapolis mañana puede suceder en Vallecas, en El Ejido o en cualquier barrio obrero. Porque ninguna democracia está vacunada contra la tentación de construir chivos expiatorios, y cuando se acepta que hay vidas que valen menos (las del migrante, la del pobre, la del disidente) el siguiente paso no es una gran ruptura dramática, sino una suma de abusos cotidianos que un día acaban con un enfermero abatido en plena calle.
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