Las relaciones entre el PP y el Gobierno han pasado en pocas horas de una “tregua” incómoda a una fase de reactivación del conflicto, con el accidente de Adamuz convertido en nuevo campo de batalla político y mediático. La desconfianza estructural sigue intacta y los incentivos internos en el PP empujan a romper cualquier dinámica de contención más allá de lo estrictamente imprescindible.
La breve tregua tras el accidente de tren en Adamuz, que había llevado a mensajes de tono institucional entre Moncloa y Génova, se ha roto en menos de 24 horas. El PP acusa ya abiertamente al Gobierno de “manipular” el relato de la comunicación entre Sánchez y Feijóo, negando que hubiera una llamada directa y rebajando el contacto a mensajes entre jefes de gabinete. Desde el entorno de Feijóo se reivindica un comportamiento “ejemplar” del PP en la crisis, mientras se insinúa que el Ejecutivo intenta cargarles con la responsabilidad de un clima político que, en realidad, consideran generado por la propia Moncloa y sus “satélites” mediáticos.
La dirección de Génova está sometida a una presión creciente de barones autonómicos y del ala dura del partido para utilizar el accidente como ariete político directo contra Sánchez y el Ministerio de Transportes. Figuras como Cayetana Álvarez de Toledo y la portavoz parlamentaria Ester Muñoz han roto ya cualquier tono de contención, vinculando el siniestro con la gestión socialista de las infraestructuras y rescatando el marco de “cortijo de corrupción” y “polarización”. Esa presión interna limita el margen de Feijóo para sostener una relación mínimamente cooperativa con el Gobierno, porque cualquier gesto de moderación se lee en su propio espacio como cesión o debilidad frente a Sánchez.
Ante eso Moncloa intenta mantener la narrativa de que sí hubo contacto institucional correcto (vía gabinetes) y presentar al PP como actor que ha decidido rearmar el conflicto pese a la gravedad del accidente. El Gobierno trata de encuadrar la actitud popular en una lógica de “aprovechamiento partidista” de una tragedia, vinculándola con otros episodios (11-M, DANA) donde la derecha utilizó emergencias para desgastar al Ejecutivo. A la vez, el Ejecutivo cuida de no aparecer en una confrontación frontal mientras la información técnica sobre responsabilidades en Adamuz aún está en construcción, intentando preservar un tono institucional que contraste con la escalada verbal del PP.
Por su parte Vox ha decidido no sumarse a ninguna tregua y ha pedido ya la comparecencia de Óscar Puente en Congreso y Senado, empujando el marco hacia la exigencia de responsabilidades políticas inmediatas. Esa ofensiva de la extrema derecha actúa como acicate para sectores del PP que temen quedar descolocados si mantienen una posición demasiado contenida; de ahí el rápido giro del mensaje de Génova.
Y luego está el ecosistema mediático conservador que consolida una lectura que acusa a “satélites de Moncloa” de cargar contra el PP pese al tono inicial de Feijóo, reforzando la percepción entre los populares de que el Gobierno busca arrinconarles incluso en un contexto de duelo nacional.
Ese es el escenario inmediato de las relaciones PP–Gobierno. La relación vuelve al patrón de bloqueo: cooperación estrictamente técnica donde sea inevitable (comisiones, gestión del accidente) y confrontación dura en el plano discursivo, con Adamuz como nuevo símbolo del relato sobre incapacidad y manipulación. Las posibilidades de acuerdos de medio plazo en temas estructurales (financiación autonómica, grandes reformas institucionales) se reducen aún más, porque cada episodio de crisis se capitaliza como una oportunidad para marcar distancias y consolidar bloques.
El PP se mueve entre dos vectores: mostrar “responsabilidad” ante la opinión pública general y, al mismo tiempo, no dejar a Vox el monopolio de la indignación, lo que en la práctica empuja a una escalada periódica de choques con el Gobierno. Esperar algo positivo cómo que se priorice el interés de los ciudadanos, cada vez es más impensable.
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