Un hombre de 54 años, sin techo, aparece muerto junto a la entrada de un aparcamiento en la calle Torras i Bages en plena ola de frío, tras días refugiándose allí del viento helado. Un vecino baja una taza de caldo caliente y se encuentra con un cuerpo ya sin vida, convertido sin querer en símbolo de hasta dónde llega la solidaridad vecinal y hasta dónde no llega el Estado. El Ayuntamiento presume de haber activado plazas de emergencia y un pabellón, pero la primera noche no va nadie y la siguiente solo duermen tres personas, porque el recurso se abre tarde, mal y sin condiciones mínimas: ni camas, ni colchones, ni mantas.
En paralelo, en Barcelona y su entorno, al menos cinco personas sin hogar han muerto en pocas semanas en un contexto de frío intenso, lo que revela que no se trata de una anomalía local, sino de una normalización silenciosa de la muerte por pobreza extrema. Que alguien muera de frío en la calle en 2026, en un municipio europeo con recursos, habla menos de su biografía personal que del modelo institucional que se ha asumido como aceptable.
El discurso oficial se aferra a matices: “no se saben aún las causas”, “rechazó ayuda meses atrás”, “el caso está judicializado”, como si una autopsia pudiera desmentir el dato esencial: esa persona vivía y dormía en la calle durante una ola de frío. Las administraciones se refugian en el lenguaje de la gestión: “operación frío”, “dispositivo de emergencia”, “plazas temporales”, una jerga que, repetida, corre el riesgo de convertirse en coartada moral más que en herramienta de cambio real. Una ciudad que discute si la víctima estaba “en el radar” de servicios sociales mientras se multiplican las muertes por frío es una ciudad que ha tecnificado tanto el problema que ha perdido la capacidad de llamarlo por su nombre: abandono.
La escena del vecino con la taza de caldo es la metáfora incómoda: la compasión individual que baja por las escaleras mientras la responsabilidad colectiva no sale de la oficina. Abundan los mensajes de duelo y las velas improvisadas, pero escasean las preguntas incómodas: ¿cuándo aceptamos que dormir en la calle fuera una opción “normal” en una ciudad que se publicita como moderna y próspera? La muerte de una persona sin hogar no provoca conmoción proporcional al horror del hecho, porque media una distancia simbólica: “los sintecho”, “los que rechazan recursos”, “los que están fuera del sistema”, categorías que anestesian la empatía y rebajan el escándalo moral.
Cuando alguien muere de frío en una acera, se confirma que parte de la sociedad ha interiorizado que hay vidas cuya protección no es urgente, que hay cuerpos que pueden quedar fuera del perímetro efectivo de los derechos humanos sin que tiemble la arquitectura del sistema. Si esto ocurre aquí y callamos ¿qué nos importará lo de Gaza?
En Badalona, la muerte de este hombre llega en plena polémica por el desalojo del antiguo instituto B9 y por la gestión del sinhogarismo, con críticas directas a la alcaldía por improvisación y falta de planificación. El pabellón de La Colina se abre tarde y sin condiciones dignas, y solo cuando la presión social y mediática aumenta se transforma en un albergue de emergencia mínimamente equipado. El debate político se centra en si el ayuntamiento “hizo lo que tocaba” desde el punto de vista procedimental, no en la pregunta esencial: ¿cómo es posible que en una ciudad con presupuesto, recursos y técnicos, haya que confiar la supervivencia de un vecino a la buena voluntad de otro vecino y a una taza de caldo?
La muerte por frío pone al descubierto el abismo entre el relato de “seguridad” y “orden” con el que a veces se gobierna y la realidad de quienes viven directamente las consecuencias de decisiones urbanísticas, policiales y sociales que empujan a la calle en nombre de la “convivencia”.
Que una persona muera de frío en Badalona debería obligar a revisar no solo protocolos, sino categorías morales. No basta con añadir camas una noche, ni con un crespón en redes sociales. Obliga a asumir que el sinhogarismo no es una fatalidad individual, sino el resultado acumulado de políticas de vivienda, precariedad laboral, salud mental desatendida y una red de protección que perdona demasiadas caídas. Obliga a pasar de la lógica de “operaciones de frío” a la lógica de derechos: nadie debería depender de la meteorología para que el sistema se acuerde de que existe.
En el fondo, la muerte de este hombre en la calle nos pone delante un espejo incómodo: muestra cuánto valor real damos, como comunidad, a la vida de quien no tiene llave, ni contrato, ni titularidad; y hasta qué punto nos hemos acostumbrado a que el frío, cuando mata, siempre mate a los mismos.
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