DOBLE VARA DE MEDIR

Cuando el acusado era del PSOE o de otro partido de izquierda el PP ha llevado el tema al Congreso, promoviendo mociones para condenar los casos de acoso en el entorno de Moncloa hablando de “tolerancia cero” y exigiendo depuración inmediata de responsabilidades políticas, pese a que muchos procedimientos están aún en fase de investigación. Vox ha utilizado un lenguaje aún más agresivo, acusando al PSOE de “silenciar” víctimas, de “perder” denuncias y de “despreciar a las mujeres”, presentando los casos como prueba de una supuesta corrupción moral estructural del partido.

Cuando el acusado es Julio Iglesias , se trata igualmente de acusaciones todavía en fase de investigación, con Fiscalía otorgando condición de testigos protegidas a las denunciantes, algo que indica que la justicia se toma el asunto muy en serio pero que no hay condena. Sin embargo, desde el entorno del PP se subraya públicamente la “sorpresa” ante las acusaciones y, sobre todo, la presunción de inocencia del cantante, enfatizando la necesidad de esperar a que la justicia se pronuncie sin convertir el caso en arma política.

En la derecha hay una doble vara de medir que en los casos que afectan al PSOE, PP y Vox han hecho una lectura expansiva: de denuncias aún no juzgadas se salta a una culpabilidad política colectiva, exigiendo dimisiones inmediatas y presentando al partido entero como responsable.  En el caso de Julio Iglesias, en cambio, se reivindica la cautela, se insiste en no “condenar mediáticamente” y en respetar los tiempos judiciales, lo cual contrasta con la rapidez con la que se da por buena la versión acusatoria cuando el señalado tiene carné socialista.

Esa asimetría no habla tanto de una preocupación genuina por el acoso como de un uso instrumental del discurso feminista: se agita la bandera de la protección a las mujeres cuando permite golpear al adversario, y se repliega inmediatamente a la presunción de inocencia cuando el acusado es una figura afín o simbólicamente valiosa. Al final, el mensaje que llega a la ciudadanía es que la credibilidad de las víctimas y la gravedad del acoso parecen depender más del color político del denunciado que de los hechos investigados, lo que erosiona tanto la lucha contra la violencia machista como la confianza en el debate público.