jueves, 29 de enero de 2026

“Contar votos con muertos delante: la obscena campaña del PP sobre las víctimas de Adamuz”


La actitud del PP ante el accidente de Adamuz se parece menos a la de un partido que administra con calma una catástrofe que a la de una cuadrilla que, al ver el humo en el horizonte, no corre hacia el incendio, sino hacia la cámara de televisión más cercana. En lugar de organizarse para llevar cubos de agua, organizan micrófonos, y en vez de preguntar por los heridos, preguntan por el rendimiento electoral del escombro humano todavía caliente.  

Tras unos días de contención más bien protocolaria, dictada por la estrategia de no parecer buitres antes de tiempo, el PP pasó con rapidez a una ofensiva escalonada: primero el lamento por la “falta de información” hacia Feijóo, luego la denuncia solemne de la “desaparición” de Sánchez y, finalmente, el ultimátum de comparecencia, como si el Parlamento fuera un plató y la tragedia un especial informativo de máxima audiencia. El orden no es casual: se empieza insinuando preocupación institucional, se sigue con la sospecha moral y se remata con la exigencia teatral, de forma que el mismo gesto parezca al tiempo responsable, indignado y a la vez televisable.  

En ese tránsito, el PP despliega un pequeño catálogo de marcos retóricos cuidadosamente inflamados: el “colapso institucional”, el “Gobierno desaparecido” y el inevitable “punto de inflexión” en la relación entre ciudadanía y Ejecutivo. Son categorías grandilocuentes, pensadas para que nadie se entretenga en preguntas vulgares sobre balizas, catenarias o protocolos de seguridad. De lo que se trata es de transformar un accidente concreto en alegoría total de un Estado supuestamente arruinado por Sánchez, como si cada tornillo mal apretado llevara inscritas las siglas del adversario político.  

En el terreno institucional, la exigencia de una comparecencia urgente de Sánchez y la utilización del Senado, cómodo feudo de mayoría absoluta, funcionan como un decorado perfecto para esa representación teatral. Se llama “dar explicaciones”, pero es, sobre todo, construir un escenario en el que el presidente aparezca a la defensiva, rodeado de preguntas que no buscan respuestas, sino cortes de vídeo. El Senado hace tiempo que dejó de ser una cámara territorial para convertirse en un teatro de operaciones mediáticas, un lugar donde no se gestiona la emergencia, sino que se amortiza.  

La maniobra de Feijóo tiene además una función profiláctica, de preservativo político,  dentro del bloque conservador, para evitar que Vox se quede en exclusiva con la explotación de la indignación. De ahí que su discurso ha terminado por ser peligrosamente hermano gemelo del de la extrema derecha, en el que comparten el mismo tono de demolición moral del Gobierno, solo que envuelto en corbata azul marino. En paralelo vemos el verso libre, Ayuso decide que la geografía del duelo también es una oportunidad y promueve una misa solemne en La Almudena antes del funeral de Estado en Córdoba, como si el dolor necesitara pasar primero por Madrid para adquirir certificado de autenticidad. La Comunidad quiere parecer generosa y ejercer de custodia del sufrimiento nacional, mientras el Ejecutivo es presentado como una especie de vecino desapegado que ni siquiera se asoma a la ventana cuando suenan las sirenas.  

Visto desde una mirada ciudadana y no de comité electoral, el PP se comporta como quien, al llegar a un accidente, pone más interés en la lista de invitados al velatorio que en la lista de pacientes ingresados. Lee Adamuz como una brecha útil para mellar la reputación de competencia del Gobierno, la autoridad del presidente y, sobre todo, el control del relato emocional de la tragedia. El debate sobre responsabilidades técnicas (infraestructura, normativas, supervisión) lo dejan en un cuarto oscuro, sustituido por una batalla de frases grandiosas y acusaciones inflamadas. 

Y en esa coreografía, las víctimas quedan convertidas solo en atrezo, en números para los comunicados, en rostros borrosos detrás de las pancartas, en lágrimas ajenas que se exprimen como si fueran combustible político. Lo verdaderamente crudo no es solo que el PP utilice a los muertos y a los heridos como fondo de pantalla de su guerra contra el Gobierno; lo insoportable de verdad, es la frialdad con la que calculan el rédito de cada féretro, el voto potencial de cada familia rota, el titular que se puede exprimir de cada cuerpo que no volverá a tomar un tren. 

Esa es la obscenidad del PP con Feijoo y Ayuso al frente: haber convertido el dolor ajeno en materia prima de campaña, con la tranquila naturalidad de quien revisa una hoja de cálculo.

Regularización

¡Ah, la regularización de migrantes! Ese acto revolucionario que consiste en reconocer que los seres humanos existen, trabajan, comen y hasta respiran, aunque no aparezcan en el Excel del Ministerio del Interior. Medio millón de personas que ahora dejarán de ser fantasmas económicos para ser contribuyentes con nombre y nómina; quién lo diría, resulta que cuando los “ilegales” cotizan, los hospitales no se caen a pedazos y las pensiones se pueden pagar un poco mejor.

Pero claro, mientras unos celebramos que 500.000 nuevos trabajadores ayudarán a sostener el sistema, otros se preocupan profundamente por el colapso del alma nacional. Tal vez temen que tanta cotización diversa debilite la pureza de la Seguridad Social. Quizá esperaban un milagro económico a base de fronteras y rosarios.

La regularización debilita mercados clandestinos de documentación, empleo y vivienda, donde hoy se lucran intermediarios y redes de explotación. A medio plazo puede favorecer la integración (idioma, participación cívica, escolarización estable de menores), que es un factor de seguridad y no de riesgo.

En cualquier caso, ya va siendo hora de otra gran regularización: la de los 13 millones de votantes de la ultraderecha que, por desnutrición política severa, han caído en el déficit de humanidad y empatía, y sufren un superávit de indignación. Habrá que abrir centros de rehabilitación ideológica, donde se administre la dosis diaria de realidad y se enseñe que la “socialdemocracia” no es una enfermedad tropical.

Barbaridades

Como estoy leyendo algunas barbaridades sin ninguna evidencia que las justifique, quiero exponer esta opinión:

El plan de regularizar a unas 500.000 personas en situación irregular en España tiene efectos potencialmente muy positivos, pero también riesgos y tensiones que conviene distinguir por planos: económico‑laboral, social, jurídico‑administrativo y político.

La evidencia disponible sobre regularizaciones y sobre el papel de la inmigración en España apunta a un balance económico globalmente positivo: más PIB, más cotizaciones y contribución neta favorable a las cuentas públicas.

El núcleo de los riesgos no es tanto “el coste” de las personas regularizadas como la capacidad del Estado para gestionar bien el proceso, dimensionar servicios y evitar que la medida se quede en un gesto sin proyecto de integración a medio y largo plazo.

Davos, Trump y nuestra santa indiferencia manchega


“No es que seamos indiferentes, es que tenemos una capacidad admirable para considerar que el mundo empieza y acaba en la puerta del ayuntamiento. Si el planeta se desmorona, algo harán los de arriba”

A Trump le han dejado hablar en Davos, lo cual ya es una temeridad. Subirse a un atril suizo y decir que el mundo existe gracias a Estados Unidos exige una mezcla de narcisismo y desparpajo que en otra época habría bastado para que lo encerraran en un manicomio. Pero no: en 2026, semejantes delirios se retransmiten en directo y hasta aplauden.

Según el magnate de peluquín inamovible, Suiza vive gracias al amparo americano, Canadá debería pedir permiso hasta para respirar y Europa, debería sentirse agradecida por el privilegio de ser su fiel escudera. Lo malo es que no lo dice en broma, y lo peor es que hay quien lo corea.

Mientras tanto, los demás países fingen que no oyen. La OTAN toma notas y asiente, Europa carraspea y cambia de tema. Y Gaza sigue ardiendo, como un recordatorio incómodo de que la decencia hoy ya no cotiza en bolsa.

Aquí, en Castilla-La Mancha, esa verbena imperial nos parece cosa de marcianos. En las noticias sale Trump, en el bar se comenta el frío, y vuelta a lo nuestro. No es que seamos indiferentes -Dios nos libre de semejante pecado-, es que tenemos una capacidad admirable para considerar que el mundo empieza y acaba en la puerta del ayuntamiento. Si el planeta se desmorona, algo harán los de arriba.

Eso sí, ningún dirigente local se libra de la grandilocuencia. Nuestro presidente Page, siempre presto a declararse prohombre o prócer de la democracia, podría aprovechar la ocasión para, ya que estamos, ponerse serio de verdad: exigir una política exterior valiente, menos servilismo ante Washington y, por qué no, proponer que la Base Aérea de Albacete se reconvierta en un Instituto para la Paz. Puede sonar descabellado, pero más lo fue permitir que Trump dictara la agenda global. Pero está claro que le molestan más Puigdemont y Oriol Junqueras,

Decir que Castilla‑La Mancha debería reaccionar no es pedir una revolución con pancarta y megáfono, sino algo más sencillo: recuperar el sentido común, esa virtud tan poco glamurosa como esencial. Cuando un político se cree dueño del mundo y el resto asiente en silencio, es el momento de preocuparse. Y cuando un pueblo se acostumbra a ese ruido sin levantar la ceja, también.

Puede que Trump no dure eternamente, aunque su peinado lo desmienta, pero su manera de ver el mundo se contagia. Y si no queremos acabar pensando que todo depende de un matón con misiles, convendría que Castilla‑La Mancha, con su aire quijotesco de siempre, recordara que la locura solo resulta divertida cuando no gobierna el planeta.

Ayuso, personaje de novela


Ayuso, como personaje de una novela de Eduardo Mendoza, daría mucho juego. No tanto por su complejidad psicológica (que es más bien simple), como por la facilidad con la que transforma cualquier desgracia nacional en un artefacto arrojadizo para uso doméstico. Podría ser la alcaldesa de una falsa Barcelona, reasignada por error a la Puerta del Sol, con más facultades para el micrófono que para la gestión, y rodeada de asesores que hablan en titulares y de empresarios que jamás se pierden una licitación pública de la Comunidad.

El último episodio de su último folletín es el accidente ferroviario de Adamuz, que en cualquier país se trataría como una tragedia que exige rigor técnico, investigación seria y duelo colectivo, pero que en manos de Ayuso se convierte, sin solución de continuidad, en una exigencia de dimisión del presidente del Gobierno y del ministro de Transportes, como si el maquinista, el mantenimiento de la vía y la velocidad del convoy fueran asuntos que Sánchez revisa personalmente entre Consejo de Ministros y Consejo Europeo. La duda no es si tiene sentido, sino si el guionista que le escribe la intervención, no se habrá pasado de frenada.

En esas novelas, siempre hay un protagonista que entra sin comprender del todo la trama, pero decide improvisar. Aquí, el papel lo ocupa el ciudadano medio, que enciende su televisión a la hora de la cena y encuentra a la presidenta madrileña denunciando una “situación catastrófica” del sistema ferroviario y exigiendo cabezas políticas como quien pide la carta en el restaurante. No se mencionan informes técnicos ni responsabilidades concretas; solo un decorado de apocalipsis sobre raíles que, convenientemente, se firma desde Moncloa.

Todo esto sería solo ruido si no fuera porque, mientras se dramatiza el tren, se desvía la mirada de otro medio de transporte: las ambulancias que llegan, o no llegan, a una sanidad madrileña exhausta. La Comunidad de Madrid cierra el año con listas de espera que baten récords, fuga de profesionales y un modelo de privatización que funciona estupendamente para todos, salvo para el paciente que aguarda en un pasillo acceder a una cama. Es un paisaje que podemos describir cómo una mezcla de desorden costumbrista con burocracia chapucera, o dicho de otra forma, un sistema sanitario en el que todo el mundo parece ocuparse de algo, salvo de curar a la gente en tiempo y forma.

El hospital público de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, podría ser uno de esos edificios en los que esa novela desarrolla sus enredos. Con fachada impecable, interior regido por reglas que solo conocen los iniciados. Los audios del CEO de Ribera Salud, en los que se habla de tensionar listas de espera, seleccionar pacientes “rentables” y derivar a los demás, parecen sacados de un manual de contabilidad más que de un protocolo médico. Que esto ocurra en un centro público gestionado con lógica de negocio no es un giro inesperado, sino el clímax natural de una trama que lleva años escribiéndose y lucrándose.

En paralelo, la oposición en Madrid anuncia acciones legales por el rechazo de pacientes, mientras el Gobierno regional responde con tono funcionarial que todos los papeles están en regla, aunque el edificio esté ardiendo. Se asegura que las listas están “en la media o por debajo”, que los datos son buenos, que si hay algún problema se debe a “rencillas entre directivos”. En una novela, el lector comprendería de inmediato que, cuando alguien repite tanto que todo va bien, el autor está preparando la escena del apocalipsis final. 

Y luego está el personaje secundario que, suele desencadenar situaciones inverosímiles: aquí es, la pareja de la presidenta, Alberto González Amador. Tras un caso de fraude fiscal que terminó en reconocimiento de los hechos para alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, ahora reaparece como la pobre víctima del sistema por la filtración de un correo por parte del entonces fiscal general. El giro es perfecto: de defraudador confeso a mártir institucional en cuestión de páginas.

La petición de González Amador de expulsar a García Ortiz de la carrera fiscal añade un punto más de farsa jurídica: el acusado que sale del banquillo con acuerdo pactado y, a renglón seguido, exige la cabeza del fiscal por vulnerar su intimidad epistolar. Esto se narraría con la naturalidad con la que un portero de finca acaba dirigiendo una operación de espionaje internacional, donde nadie parece extrañado, porque en este universo la lógica solo es un rumor.

Ayuso aprovecha este episodio para reforzar su gran relato: el Gobierno “corrupto” y “chavista”, que presiona a jueces, manipula a fiscales y actúa contra Europa para perpetuarse en el poder. En este marco, cualquier investigación sobre la sanidad madrileña, sobre Torrejón o sobre los negocios de su entorno se convierte automáticamente en una prueba más de conspiración, nunca de control democrático. Es una estructura narrativa sencilla: si le señalan la luna, acusará al dedo de lawfare.

Mientras tanto, el ciudadano lector de esa novela intenta seguirle el hilo: trenes que descarrilan lejos de Madrid, hospitales que rechazan pacientes mientras cuadran números, una pareja que pasa del fraude fiscal a la cruzada ética contra el fiscal general, y una presidenta que reclama dimisiones ajenas con el entusiasmo del que colecciona sellos. El resultado es una trama en la que todos hablan de responsabilidades, pero casi nadie de la suya. 

Si algo distingue a muchos protagonistas de novela es que, pese a los despropósitos, conservan una cierta humanidad, algo desvalidos. En este caso, la humanidad aparece más bien en las víctimas colaterales: los pacientes que esperan una operación, los usuarios que se suben a un tren confiando en que funcione, los profesionales sanitarios que intentan trabajar en un sistema diseñado para que la prioridad no sea la salud, sino el balance de la concesionaria. Ellos son los personajes secundarios que, en la novela, sostienen la verosimilitud del relato de Ayuso.

Quizá la gran diferencia con la ficción sea que, en las novelas, el caos acaba ofreciendo una especie de redención irónica, una salida más o menos digna para las criaturas desorientadas. En la política madrileña, en cambio, el caos se usa como estrategia y la redención se confía a la siguiente rueda de prensa. Si el accidente de Adamuz sirve de algo en este guion, no será para mejorar la seguridad ferroviaria, sino para prolongar un capítulo más la eterna novela de Ayuso contra Sánchez. Y, como en toda serie de televisión que se alarga demasiado, el riesgo no es que el público se indigne, sino que empiece a cambiar de canal.


lunes, 26 de enero de 2026

Qué emoción

Qué emoción ver al PP descubrir, por fin, que existen trenes en España. Después de años olvidando los cercanías y cerrando líneas rurales, ahora Feijóo y Ayuso se despiertan como expertos ferroviarios, clamando dimisiones entre un desayuno y una entrevista en Cope.

Lo de Feijóo es épico: pide comparecencias urgentes como quien encarga un “pleno monográfico para llevar”. Y de Ayuso, qué decir… Ella, tan discreta como siempre, ya ha resuelto la investigación, dictado sentencia y pedido la dimisión del jefe del Estado si hace falta, porque entre sus competencias también debe de estar la verdad absoluta.

Es conmovedor ver su sentido de la responsabilidad: quienes todavía están buscando qué hacía su partido con ADIF y Renfe cuando gobernaban, ahora exigen cabezas ajenas con una pureza digna del mármol de Carrara. En su universo, todo el sistema ferroviario depende directamente del despacho de La Moncloa, mientras los trenes madrileños, claro, circulan impulsados por el genio personal de la presidenta.

En resumen, la tragedia ha sido terrible, pero el teatrillo político posterior lo está siendo casi tanto. Si alguna vez se electrifican los discursos de Ayuso y Feijóo sobre RENFE, no volverá a existir el riesgo de apagón en España.


El caso González Amador, con freno (y esperemos que sin marcha atrás).


Hoy recurre la decisión de la fiscal general de permitir el regreso a la carrera de Garcia Ortiz. Y es que nuestro sistema judicial da vuelos a sus tropelías. Su situación es la de quien se cree impune.

En la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal contra Alberto González Amador (el novio de España), la clave es el informe que la jueza pidió a la UCO en junio de 2025 por la “complejidad” y el carácter “interprovincial” de la trama ligada a Masterman & Whitaker. Más de medio año después, ese informe sigue sin llegar al juzgado, lo que mantiene encallada una investigación que afecta directamente a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante este tiempo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que no consta oficialmente la recepción del informe, lo que congela de facto la instrucción. 

La propia operación societaria bajo sospecha presenta rasgos muy burdos: una sociedad sin activos relevantes, comprada por casi medio millón de euros, con un incremento de valor de más del 1.000% en tres meses y vinculada a directivos de Quirón beneficiados por la intermediación de González Amador en contratos de mascarillas. El contraste con otros casos recientes es demasiado nítido como para no verlo. 

En el llamado caso Koldo, el juez del Supremo encargó a la UCO un estudio del patrimonio de José Luis Ábalos y, en apenas unas semanas, ya había un informe patrimonial de casi 300 páginas que detallaba patrones de ingresos en efectivo no declarados entre 2014 y 2024. Ese informe, y otros posteriores, han permitido al instructor hablar de “consistentes indicios” de participación del exministro y del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en posibles cobros de comisiones ligados a adjudicaciones de obras públicas.

En otras palabras: cuando la diana está en un exministro socialista o en cuadros orgánicos del PSOE, la UCO es ejemplarmente rápida y prolija; cuando el investigado es el novio de Ayuso, una orden de junio sigue sin traducirse en un informe útil más de medio año después, con el añadido de que la propia UCO ha reconocido que no tuvo acceso al expediente completo hasta noviembre por demoras en la remisión de actuaciones. Es decir, la cadena institucional que debía facilitar la investigación ha funcionado con una pasmosa lentitud precisamente en un asunto que afecta al entorno más íntimo de la presidenta madrileña.

La explicación oficial recurre a la burocracia: que si el expediente no llegó íntegro hasta noviembre, que si el juzgado va saturado, que si hay intercambios de oficios y libramientos. Pero esa coartada solo convence a quien quiera mirar hacia otro lado, porque la experiencia reciente demuestra que, cuando existe presión política, mediática o judicial para acelerar, la UCO y los juzgados son perfectamente capaces de acortar tiempos, ordenar prioridades y producir informes en plazos muy breves.

Lo inquietante no es solo que el entorno de Ayuso se beneficie de un “colchón temporal” que dificulta que la causa avance, sino que este doble rasero erosiona la idea misma de igualdad ante la ley. El mensaje implícito es perverso: si el sospechoso es de “los tuyos” (la derecha madrileña en el poder), la investigación puede esperar; si es del adversario político, la diligencia se convierte en urgencia patriótica y la filtración del informe casi en deber cívico.

Es difícil sostener que la UCO actúa movida por simpatías ideológicas directas; lo más verosímil es un mecanismo de poder más sutil: presión política y mediática que premia la contundencia contra la izquierda y penaliza cualquier paso que pueda dañar al bloque conservador que domina instituciones clave como la Comunidad de Madrid. A ello se suma un ecosistema judicial en el que determinados sectores del Supremo y de las audiencias territoriales ya han mostrado decisiones muy alineadas con los intereses de la derecha, desde la gestión del procés hasta choques recientes con el Gobierno central cómo hemos visto en el caso del fiscal general.

La consecuencia es una justicia que parece medir con dos varas: hiperactiva y rápida cuando se trata de figuras asociadas al Gobierno progresista, y extremadamente prudente y lenta cuando se trata del entorno de Ayuso o del PP madrileño. No hace falta que nadie dé una orden explícita; basta con que jueces, fiscales y mandos policiales interioricen qué tipo de investigaciones se aplauden y cuáles convierten al instructor en objetivo de campañas mediáticas y maniobras políticas.

El embudo en el caso González Amador no es una anécdota, sino un síntoma que  muestra cómo la justicia y la UCO pueden convertirse, por acción o por omisión, en actores dentro del conflicto político. Mientras tanto, los indicios de que la compra de Masterman & Whitaker fue una forma de retribuir favores por contratos de mascarillas y por la relación privilegiada con el gigante sanitario Quirón siguen sin investigarse con la misma energía que se dedica a rastrear ingresos en metálico de otros políticos.

En un Estado que se dice democrático, la sospecha no debería ser “a quién beneficia el retraso”, sino “por qué demonios una unidad capaz de analizar una década de patrimonio en semanas no ha sido capaz de producir ni un informe preliminar en más de medio año en un caso que toca a la cúspide del poder madrileño”. Mientras esa pregunta no reciba una respuesta convincente, la percepción de trato de favor a los vinculados a la derecha no será un prejuicio: será una conclusión extremadamente razonable.

LA MUERTE DEL ENFERMERO ALEX PRETTI EN MINNEAPOLIS


La muerte del enfermero Alex Pretti en Minneapolis, abatido por agentes federales de inmigración en medio de protestas contra la ofensiva migratoria de Trump, no es un “exceso aislado”, sino la consecuencia lógica de una política diseñada para convertir a parte de la población en enemigo interno. En apenas tres semanas, agentes de inmigración han protagonizado tres tiroteos en el área de Minneapolis, con dos personas muertas, Renée Good y ahora Alex Pretti, enfermero de UCI y ciudadano estadounidense, y al menos otro herido. Que un profesional sanitario que protestaba por el trato a su comunidad termine muerto por más de diez disparos en cinco segundos ilustra hasta qué punto se ha normalizado el uso letal de la fuerza en operaciones migratorias. Las protestas, la respuesta con gases lacrimógenos y aturdidoras, y el intento de desplazar a la policía local del escenario del crimen revelan una dinámica de ocupación, nunca de seguridad pública.

El segundo mandato de Trump ha hecho de su política migratoria en una cruzada ideológica, con emergencia nacional en la frontera, bloqueo casi total del asilo, fin del “catch and release”, restricciones a la ciudadanía por nacimiento y detención obligatoria ampliada mediante la Laken Riley Act. No se intenta con ello gestionar flujos migratorios, sino enviar un mensaje de castigo y exclusión, incluso para quienes ya viven y trabajan en el país, como demuestra que las víctimas de Minneapolis fueran residentes y al menos una de ellas ciudadana. El resultado es predecible: más redadas, más detenciones, más muertes en custodia (30 en 2025 y ya varias en 2026), y un clima de miedo que se extiende a barrios enteros.

Desde una perspectiva politológica, esta estrategia es errónea al menos por tres razones fundamentales. La primera que erosiona el estado de derecho, al expandirse procedimientos de deportación que recortan el derecho a juicio y a una defensa efectiva, al fomentar que agentes federales operen con escasa rendición de cuentas, como se aprecia en las denuncias de retirada de pruebas en Minneapolis y la resistencia a la supervisión estatal, y porque se desdibuja la frontera entre seguridad pública y persecución política de colectivos concretos.

La segunda razón de la estrategia Trump es que alimenta la polarización y la violencia al convertir la migración en eje identitario y moral  (“ellos” contra “nosotros”) refuerza discursos extremos y legitima abusos en nombre del orden. A eso se le suma que los tiroteos de Minneapolis, las protestas masivas y la respuesta represiva se están convirtiendo en un círculo vicioso: más mano dura, más conflicto, menos legitimidad institucional. Y también el hecho de que gobernadores y autoridades locales estén pidiendo la retirada de agentes federales evidencia una fractura entre niveles de gobierno que mina la cohesión del sistema.

Y la tercera pata de esa estrategia es ineficaz y contraproducente para la seguridad y la economía, `puesto que la criminalización generalizada de personas migrantes distrae recursos de lo que son amenazas reales y rompe la confianza entre comunidades y las fuerzas de seguridad. Además, sectores clave (sanidad, cuidados, agricultura, servicios) dependen de mano de obra migrante, y una política basada en el miedo reduce la estabilidad social y laboral, como simboliza trágicamente la muerte de un enfermero de UCI en plena crisis sanitaria y social. Definir a carteles y organizaciones como “terroristas” sin una estrategia integral de integración y cooperación internacional es más un gesto simbólico que una solución sostenible.

Lo más grave del caso Pretti, el enfermero asesinado, es que desmiente el relato de que estas políticas solo afectan a “ilegales”. Que un ciudadano estadounidense, trabajador esencial, sea abatido por cuestionar la brutalidad de ICE lo desmiente. Cuando la respuesta de la Casa Blanca y de su vicepresidente es culpar a las autoridades locales por no alinearse todavía más con la ofensiva migratoria, en lugar de exigir transparencia y rendición de cuentas a los agentes implicados, el mensaje es claro: el enemigo no es el delito, sino todo aquel que se oponga a la lógica del miedo. 

Una democracia que acepta que sus enfermeros sean disparados por documentar abusos en la calle se desliza peligrosamente hacia un modelo de seguridad autoritaria, donde la frontera deja de ser una línea geográfica y se convierte en una cicatriz que atraviesa la propia ciudadanía.

La lectura desde España es incómoda pero sencilla: si normalizamos el discurso de la ultraderecha, normalizamos también sus prácticas, y lo que hoy vemos en Minneapolis mañana puede suceder en Vallecas, en El Ejido o en cualquier barrio obrero. Porque ninguna democracia está vacunada contra la tentación de construir chivos expiatorios, y cuando se acepta que hay vidas que valen menos (las del migrante, la del pobre, la del disidente) el siguiente paso no es una gran ruptura dramática, sino una suma de abusos cotidianos que un día acaban con un enfermero abatido en plena calle.


La noche en que el franquismo disparó por última vez

Hace 49 años, la noche del 24 de enero de 1977, tres pistoleros de extrema derecha irrumpieron en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha 55, en Madrid, vinculado al PCE y a CCOO, y dispararon a quemarropa contra quienes quedaban trabajando.  Asesinaron a los abogados Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides y Francisco Javier Sauquillo, al estudiante de Derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal, dejando además cuatro heridos graves.  No buscaban “sembrar el caos” en abstracto: iban a por el sindicalismo organizado del transporte, contra una huelga que desafiaba la mafia franquista enquistada en el Sindicato Vertical.

Atocha fue el ataque más simbólico del terrorismo de ultraderecha que intentaba frenar la apertura política tras la muerte del dictador Franco, en un país atravesado a la vez por ETA, el GRAPO y otras violencias políticas.  La imagen del cortejo fúnebre, con decenas de miles de personas en silencio, disciplinadas por el PCE y CCOO, es quizá la mejor fotografía de una paradoja: el franquismo moría en la calle, pero obligando a la izquierda a moderar su rabia para que la “reforma” no descarrilara.

Atocha es la prueba más palpable para desarmar el cuento rosa de la Transición como ejemplo perfecto de “consenso” sin coste ni víctimas.  Hubo casi 600 muertos por violencia política e institucional en aquellos años, y el atentado de Atocha se inscribe en esa presión brutal que empujó a las fuerzas democráticas a elegir entre democracia de baja intensidad o ruptura larga y dolorosa. Algunos parecen haberlo olvidado, otros ni lo saben.

El atentado no fue solo obra de tres fanáticos sueltos: formaban parte de una ultraderecha conectada con estructuras franquistas económicas, políticas y sindicales, y un poder judicial intacto en su composición bloqueó investigar a fondo esas responsabilidades.  Esa impunidad estructural permitió pocas condenas, ningún desmantelamiento serio de las tramas que alimentaban el terror, lo que explica por qué, décadas después, el relato oficial insiste en la armonía y pretendiendo pasar de puntillas por la violencia estatal y paraestatal.

Casi medio siglo después, el Estado reconoce el monumento de El Abrazo, en Antón Martín, como Lugar de Memoria Democrática, y el propio atentado de Atocha como referencia central en la lucha por las libertades.  No es un gesto menor, sino que significa admitir que, sin los abogados laboralistas, sin el movimiento obrero organizado y sin quienes se plantaron ante los restos del franquismo, la democracia española quizá sería hoy mucho más pobre.

Pero es una memoria disputada. Cada 24 de enero hay discursos que subrayan el sacrificio y la reconciliación, mientras una parte de la derecha política y mediática relativiza la violencia de la extrema derecha o la esconde detrás de un “todos fueron iguales” que diluye responsabilidades.  Convertir Atocha en lugar oficial de memoria democrática puede ser reparador si se acompaña de verdad incómoda; pero si se reduce solo a protocolo, corremos el riesgo de hacer parte de un museo a las víctimas, mientras se blanquea a quienes hoy reivindican sin pudor el franquismo sociológico que las mató.

En 2026, recordar Atocha no es un ejercicio de arqueología ni de sentimentalismo, sino una intervención en la política presente.  En un país donde la extrema derecha crece amparada por una derecha tradicional que juega a la equidistancia, Atocha plantea una pregunta clara ¿de verdad queremos tratar como “una opinión respetable” aquello que en 1977 se expresó con plomo contra sindicalistas y abogados?

El aniversario llega además en un contexto en el que la memoria democrática se ha convertido en un campo de batalla, porque la Ley 20/2022 reconoce el deber público de conocer la trayectoria de la democracia y los sacrificios que la hicieron posible, mientras que sus detractores claman contra una supuesta “reapertura de heridas”.  Atocha demuestra lo contrario, porque la herida nunca se cerró del todo ya que nunca se limpiaron bien la sangre y las responsabilidades, al contrario, se tapó con el esparadrapo del olvido, y ahora supura cada vez que se legitima a quienes se sienten herederos del franquismo.

El recuerdo de Atocha no pide solo flores y discursos solemnes; exige una toma de posición.  Significa defender sin titubeos a quienes hoy ocupan el lugar social de aquellos abogados: sindicalistas, juristas laboralistas, activistas de derechos humanos y movimientos que, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo recientemente reconocidas en estos actos, sostienen memoria, verdad y justicia frente a las dictaduras.

También implica llamar a las cosas por su nombre. No fue “un exceso del clima de la época”, fue un crimen político de la ultraderecha en un Estado que heredaba estructuras franquistas y eligió mirar hacia otro lado.  Cada 24 de enero, al pasar por El Abrazo o al recordar aquel asesinato, deberíamos preguntarnos si estamos a la altura de quienes cayeron en aquel despacho: si seguimos entendiendo la democracia como un marco neutro donde todo cabe, incluso quienes añoran la dictadura, o como un compromiso activo con los que se jugaron la vida para que hoy podamos opinar sin que nos esperen tres pistolas al otro lado de la puerta. Su aniversario, en pleno auge de una extrema derecha desacomplejada, se convierte en una prueba sobre el tipo de país que estamos dispuestos a seguir siendo.


La crónica de Ayuso y el tren que no llegaba a ninguna parte


España se ha encontrado hoy, una vez más, con Ayuso al volante del debate público, o mejor dicho, en el vagón preferente del descontento. La presidenta madrileña ha querido recordar al país que subirse a un tren en 2026 es una actividad de riesgo comparable a escalar el K2 sin cuerda, y todo por culpa de un Gobierno que “cambia de criterio cada dos por tres”. Claro, porque todos sabemos que las catenarias solo funcionan con identidad política estable.

Ayuso, siempre tan sensible al sufrimiento ajeno, ha utilizado el accidente de Adamuz para recordarnos lo verdaderamente importante: la imagen de España en Fitur. Que haya 45 muertos está mal, por supuesto, pero la reputación turística es lo primero. ¿Qué pensarán los visitantes extranjeros si nos ven llorar sin un folleto institucional en la mano?

En su análisis técnico, la presidenta también ha detectado un fallo gravísimo en las infraestructuras del país: el exceso de feminismo toponímico. “Yo llego a una estación con nombre de mujer”, se queja. Es comprensible: cómo va a llegar uno puntual si el tren se detiene en Concha Espina en lugar de un lugar más viril, como Chamartín o José María Aznar.

Ayuso, que echa de menos “los trenes de siempre”, sueña probablemente con el ferrocarril de vapor castizo, ese que olía a carbón y sacrificio, donde el AVE todavía no había corrompido la esencia del viaje con su puntualidad globalista. “Hay mucha floritura, pero no hay verdad”, dice. Y tiene razón: ¿para qué queremos trenes eléctricos si podemos tener locomotoras emocionales? Mejor los trenes de siempre: aquellos de 1980, cuando se tardaba seis horas de Madrid a Albacete y la alta velocidad era una actitud vital, no una tecnología. España estaba peor, y por eso era más auténtica.

Después denuncia que el Gobierno “impone la ley del silencio”. Un concepto muy cinematográfico, digno de Coppola, en el que los maquinistas responden con monosílabos y los técnicos de Renfe juran lealtad al Don Pedro Sánchez. Habrá que reconocer el mérito: pocas mentes pueden mezclar tragedia ferroviaria, Agenda 2030, independentismo y fe religiosa en tan pocas frases.

La cúspide emocional llega con su anuncio de una misa en La Almudena. Porque si hay una tragedia nacional, nada como un funeral en Madrid —que para eso es el centro geométrico del dolor patrio. Las víctimas serán andaluzas, pero el incienso será castizo. “No podemos dividir el dolor por regiones”, dice mientras reparte homilías desde la capital de España.

Y como colofón, un golpe de inspiración pastoral: el problema de España no son las vías, sino “la falta de médicos, de natalidad y de apoyo a las familias”. Uno sospecha que, de poder decidirlo, Ayuso ordenaría resolverlo todo con una misa más grande… y quizás un AVE directo desde Dios hasta Sol.

AHORA VAS Y LO CASCAS


Según puede deducirse de las datos en las redes, no tiene discusión la verdad irrefutable de que Pedro Sánchez cortó con una sierra metálica los raíles de la vía del Ave, derrumbó el muro de Gelida, arrojó una roca en otra vía y ha colocado una grúa en Cartagena para que el choque un tren. A esto hay que sumarle que los recursos para mantenimiento se los dan a él las empresas responsables y a eso se debe que no exista un mantenimiento real. 

Ante tal tsunami de datos super contrastados me permito el siguiente comentario para el que me he molestado en recabarlos:

Qué pasó con Rajoy (2011‑2018):

 1 La inversión ferroviaria se recorta aproximadamente un 60% respecto a los niveles previos a la crisis, hasta quedar en torno a 2.300‑2.400 millones de euros anuales, por debajo incluso del año 2000.

 2 Distintos análisis hablan de un recorte del 56‑59% en inversión ferroviaria, con especial castigo a red convencional, cercanías y líneas como Extremadura; en 2017 la inversión en red convencional habría caído en torno al 80% respecto a años de expansión.

 3 Además del tijeretazo presupuestario, se ejecuta menos de la mitad de lo previsto en muchas partidas, de forma que se paralizan o retrasan inversiones por más de 10.000 millones en la década, concentradas en los años de los ministros de Fomento de Rajoy.

Qué pasa con Sánchez (2018‑2025)

A. Con Sánchez la inversión ferroviaria total vuelve a crecer: de unos 2.300 millones en 2018 se pasa a más de 3.500 millones anuales y se sitúa en máximos de la última década, con planes que hablan de 24.100 millones de euros programados 2022‑2026.

B. Algunos análisis resumen así: media anual en el final de Rajoy (2015‑2018) alrededor de 300 millones de euros en ciertas rúbricas clave, frente a más de 2.000 millones anuales en el primer gobierno de Sánchez y cerca de 5.000 millones anuales en el segundo, sumando inversión nueva y renovación.

C. Se impulsan programas específicos de modernización (p. ej. renovación integral Madrid‑Sevilla, plan de 309 nuevos trenes, refuerzo de redes de cercanías y media distancia) y se superan los 5.000 millones de inversión en infraestructura ferroviaria solo en 2025, según datos recientes de mantenimiento e inversión de la red.

Pero cómo eso la derecha lo sabe, en las redes su caballo de batalla es el mantenimiento. Pues muy bien, hagamos un Comparativo de mantenimiento:

 •Si se mira una década completa, el gasto en mantenimiento de la red ferroviaria habría aumentado en torno a un 52% en diez años, situándose en 1.120 millones de euros hasta noviembre de 2025; en alta velocidad, el gasto por kilómetro pasa de unos 85.000 euros en 2016 a unos 110.000 euros en 2025.

 •Sin embargo, dentro del periodo de Sánchez se aprecia una caída reciente: entre 2021 y 2024 el gasto en mantenimiento de infraestructura baja alrededor de un 13%, y el de material rodante cerca de un 18%, pese al aumento de viajeros de alta velocidad.

 •Algunas fuentes críticas señalan que, aunque el volumen global de inversión con Sánchez es muy superior al de los últimos años de Rajoy, la inversión en mantenimiento por kilómetro de vía y por usuario sigue siendo baja en comparación con otros países europeos y se ha reducido en los últimos ejercicios, con debates sobre si se prioriza expansión (nuevas líneas, liberalización) sobre conservación. Todo lo cual resulta opinable contrastando los datos.

Otra cuestión muy diferente es la lectura política que se puede hacer del conjunto de todos esos datos:

 •En la etapa Rajoy, la política dominante es de austeridad: se recorta fuertemente la inversión, se sacrifica la red convencional y se ejecuta solo una parte de lo presupuestado, lo que genera un déficit de mantenimiento y modernización acumulado que hoy se está cobrando factura.

 •En la etapa Sánchez, se gira hacia un esfuerzo inversor muy superior, con cifras récord y más foco en renovación y modernización, pero con problemas: ejecución desigual, recortes recientes en mantenimiento estricto y una red más extensa y exigida, lo que mantiene la sensación de insuficiencia estructural.

 •Desde un punto de vista comparativo, puede sintetizarse que Rajoy “apagó la luz” de la inversión ferroviaria durante años de austeridad, y Sánchez ha “vuelto a encenderla” en términos globales, pero todavía con un mantenimiento que no siempre acompaña al ritmo de uso y expansión de la red. 

A modo de resumen, pero con los datos en la mesa, entre los gobiernos de Rajoy y Sánchez hay un cambio claro: en la etapa de Rajoy se produce un recorte muy intenso de la inversión ferroviaria (incluido mantenimiento) y en la de Sánchez hay un fuerte rebote de la inversión global, aunque con luces y sombras en la parte estricta de mantenimiento y en la ejecución real hasta hoy de lo presupuestado.

Pero ya sé que da igual, cuando el PP ve normal lo de Mazón y hasta lo premia, se han olvidado de lo acontecido cuando ellos gestionaban y nadie montó la que ellos montan ahora: 

 • 2 julio 2011, próximo a Santiago (Ourense): descarrilamiento de un tren de mercancías con heridos leves y daños materiales

 • 24 julio 2013, Angrois (Santiago de Compostela, A Coruña): descarrilamiento de un tren Alvia Madrid‑Ferrol en la curva de A Grandeira, con 79‑80 fallecidos y más de 140 heridos; es el accidente ferroviario más grave en España desde 1944.

 • 2014 varias colisiones y descarrilamientos sin víctimas mortales o con heridos leves.

 • 9 septiembre 2016, O Porriño (Pontevedra): descarrilamiento de un tren de la compañía Comboios de Portugal que cubría la línea Vigo‑Oporto; provoca 4 muertos y varias decenas de heridos.

 • 20 noviembre 2018, Vacarisses (Barcelona): descarrilamiento de un tren de cercanías en la línea R4 Manresa‑Sant Vicenç de Calders por un corrimiento de tierras; una persona fallecida y varios heridos leves.

 • Entre 2015 y 2018 además se registran otros sucesos cómo choques con vehículos en pasos a nivel, arrollamientos, descarrilamientos sin muertos que la CIAF y las estadísticas oficiales contabilizan como accidentes o incidentes ferroviarios, pero que no siempre aparecen detallados uno a uno en crónicas de “grandes accidentes”.


Salud mental en Albacete: de los ochenta a hoy

“Hoy, la provincia dispone de un entramado de unidades de salud mental, recursos de media estancia y dispositivos comunitarios que habría sido impensables sin un cambio de mirada”

La reforma de los servicios de salud mental en la provincia de Albacete fue la historia de un cambio de mirada: de un sistema que se limitaba a custodiar cuerpos en un manicomio moderno, a acompañar vidas en la comunidad. Esa transición, que comenzó como una apuesta valiente de un pequeño grupo de profesionales y responsables políticos, explica en buena medida el mapa de recursos y la cultura asistencial de la que Albacete dispone hoy.


Durante años, el Hospital Psiquiátrico Provincial Virgen de la Purificación, en 'Las Tiesas', fue el símbolo de la respuesta institucional a la locura en Albacete. Concebido a finales de los 60 e inaugurado en 1974 como “manicomio moderno” de más de 300 camas, encarnaba la lógica de la larga estancia, la separación física y la tutela perpetua. La provincia hacía lo que hacía el resto del país: invertir en el gran hospital psiquiátrico como eje de la asistencia, con escasa presencia de la salud mental en el territorio y mínima coordinación con primaria o con los servicios sociales. La arquitectura moderna no evitaba que el modelo fuera, en esencia, custodial: ingresar, aislar, cronificar.

La década de los 80 fue el momento en que esa lógica empezó a resquebrajarse. En 1983 se constituye la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica y en 1985 se publica su Informe, que propone integrar la salud mental en la red sanitaria general, crear dispositivos comunitarios y reconvertir los grandes hospitales psiquiátricos.

En Albacete, como en otras provincias, ese marco estatal se encuentra con una generación de profesionales influidos por la psiquiatría comunitaria y la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría – Profesionales de Salud Mental, una sociedad científica y profesional multidisciplinar dedicada a la salud mental), que empiezan a cuestionar abiertamente el modelo manicomial. No se trata solo de mover camas, sino de cambiar el lugar desde el que se mira al paciente: de sujeto peligroso y crónico a ciudadano con derechos, con un proyecto de vida que exige otra organización de los servicios.

Junto a Bleda García, Gracia Clavero y otros, publicamos un artículo de 1987 bajo el título La reforma de los servicios de salud mental en la provincia de Albacete, donde fijamos por escrito ese momento de ruptura. El relato que emerge de esa experiencia es muy nítido: la reforma no era un gesto, sino un proceso ordenado de desinstitucionalización, construcción de red y redistribución de poder profesional.

En la práctica, en nuestra provincia se hicieron tres movimientos decisivos:

- Desinstitucionalización progresiva: El hospital psiquiátrico va perdiendo centralidad y por ello se reduce el número de camas de larga estancia y se ponen en marcha alternativas residenciales y dispositivos de rehabilitación psicosocial, en lugar de seguir llenando pabellones. El hospital deja de ser el lugar “natural” del enfermo mental crónico y se reorienta hacia estancias más breves y funciones de apoyo especializado, con la comunidad como horizonte y no como excepción.

- Una Red comunitaria de salud mental: se desplazan las consultas externas del hospital psiquiátrico a un Centro de Atención a la Salud situado junto al Hospital General Universitario y se crean Unidades de Salud Mental vinculadas a áreas sanitaria. Es ahí donde equipos multiprofesionales (psiquiatría, psicología clínica, enfermería de salud mental, trabajo social) asumen la asistencia ambulatoria y tejen la coordinación con atención primaria y servicios sociales.

- Reorganización territorial y por niveles: la lógica provincial única del manicomio se sustituye por una distribución por áreas de salud, acercando los dispositivos a la población y definiendo distintos niveles: primaria, centros de salud mental, recursos intermedios (hospital de día, comunidades terapéuticas, pisos supervisados) y hospitalización breve en hospitales generales. Esa arquitectura en niveles expresa una idea política: la vida cotidiana debe ocurrir fuera del hospital, y el hospital solo es un recurso entre otros.

La reforma fue un proyecto colectivo. Nada de esto habría sido posible sin un tejido de alianzas. La reforma en Albacete se inscribe en la corriente de psiquiatría comunitaria española, abanderada por la AEN, que defiende una atención basada en la comunidad, la prevención y la inclusión social. Pero, a escala provincial, la lectura fue aún más concreta: se articuló un equipo técnico que tomó el Informe de la Comisión Ministerial y lo tradujo a decisiones de planta, de guardia y de agenda.

Al mismo tiempo, las familias y las asociaciones empezaron a organizarse, reclamando recursos intermedios, hogares en comunidad, programas de rehabilitación, en un contexto donde el “cierre del manicomio” podía vivirse tanto como una amenaza como una oportunidad. La reforma, en ese sentido, fue menos un decreto que un proceso de negociación permanente entre profesionales, pacientes, familias y administración.

Del manicomio pasamos a la red actual: una herencia ambivalente. A medio plazo, los efectos son evidentes. Desde los años 90 se refuerza una red de recursos de rehabilitación y apoyo comunitario (residencias, centros de rehabilitación psicosocial, viviendas tuteladas), a menudo impulsados por asociaciones de familiares y después integrados en dispositivos regionales. Los planes de salud mental de Castilla‑La Mancha señalan explícitamente que el modelo comunitario vigente nace de la reforma y de la desinstitucionalización iniciadas en los 80.

En 2006, se produjo el cierre práctico de 'Las Tiesas' y su sustitución por el Centro de Atención a la Salud Mental de Albacete, con Unidad de Media Estancia, Hospital de Día y programas de tratamiento asertivo comunitario, lo que simboliza que el territorio ha ocupado el lugar del manicomio. Hoy, la provincia dispone de un entramado de unidades de salud mental, recursos de media estancia y dispositivos comunitarios que habría sido impensables sin aquella ruptura.

Pero esa herencia es ambivalente. Por un lado, la red comunitaria ha demostrado que es posible vivir fuera del hospital sin que la única alternativa sea la reclusión familiar. Por otro, la presión asistencial crónica, la precariedad de algunos recursos y la persistencia de inercias manicomiales en determinadas prácticas recuerdan que no basta con cambiar los muros si no se transforma también la cultura y las condiciones materiales de trabajo.

Mirar la reforma de Albacete desde el presente obliga a evitar dos tentaciones: la nostalgia acrítica y la complacencia institucional. La nostalgia, porque idealizar los ochenta como un tiempo heroico puede invisibilizar los límites de aquel impulso y despolitizar los conflictos que lo hicieron posible. Y la complacencia, porque presentar el modelo actual como “reforma culminada” corre el riesgo de convertir en paisaje lo que sigue siendo un campo de disputa.

La red que hoy conocemos, con residencias comunitarias, plazas sociosanitarias, viviendas supervisadas, hospital de día, programas comunitarios, etc, es hija de aquella reforma, pero opera bajo condiciones muy diferentes: medicalización creciente, cronicidad social, presión sobre la atención primaria, fragmentación entre lo sanitario y lo social. En este contexto, el discurso de la comunidad puede convertirse en coartada si no va acompañado de recursos suficientes, estabilidad de los equipos y políticas decididas de inclusión social.

La lección más valiosa de la reforma en Albacete quizá sea otra: los dispositivos no se inventaron en abstracto, se diseñaron mirando a los pacientes concretos que llenaban el hospital provincial y los pueblos de la provincia. Recuperar ese gesto de partir de la vida real y no del organigrama, es probablemente la forma más honesta de honrar aquel trabajo del equipo que acometimos aquella reforma.

Hoy, hablar de salud mental en Albacete sin recordar que hubo un tiempo en que la locura se medía en metros de pabellón y no en proyectos de vida es perder de vista el hilo histórico que sostiene lo que se hace cada día en consulta, en planta y en la comunidad. La reforma no es solo un capítulo cerrado, sino una pregunta abierta sobre qué quiere decir, aquí y ahora, cuidar la mente y la vida de las personas en un territorio que ya aprendió una vez a salir del manicomio.

UNA LENGUA VENENOSA


Lo que están haciendo Cayetana Álvarez de Toledo y quienes la jalean no es pedir explicaciones: es utilizar una tragedia nacional como munición partidista, antes incluso de que se conozca el resultado de la investigación técnica. Se está hablando de “cortijo de mordidas, amaños y corrupción” y de “enchufar prostitutas en ADIF” en mensajes que se lanzan cuando todavía hay decenas de muertos y heridos, y las causas del siniestro siguen bajo investigación.

Esa estrategia no busca esclarecer nada; busca fijar en la mente de la gente que el accidente es “culpa del Gobierno” aunque los peritos todavía no hayan hablado, exactamente igual que otros actores políticos están haciendo con el lema de que “la corrupción mata”. Deberían de acordarse del recorte de inversiones en ferrocarriles que se produjo en la época Rajoy respecto a la época Zapatero, que igual si tuvo relación con las mordidas de su partido en esos años, algunas aún por juzgar.

Cuando se sugiere ya una “trama” ligada al Ministerio de Transportes sin esperar ni a los informes de ADIF ni a la comisión de investigación ferroviaria, lo que se está haciendo es sustituir los hechos por el relato, la ingeniería por el eslogan barato y populista. Vincular de forma frívola corrupción y prostitución con el trabajo de miles de profesionales del sistema ferroviario es una falta de respeto tanto a las víctimas como a quienes llevan días trabajando a destajo en la vía, en los hospitales y en los centros de emergencias.

El contexto lo deja claro: dentro del propio PP hay presión para “dinamitar la tregua” y “afilar los cuchillos” a costa del accidente, porque se percibe una oportunidad para desgastar al Gobierno, no una obligación de aclarar lo ocurrido con rigor. Quien de verdad tuviera interés en la seguridad ferroviaria exigiría primero datos, auditorías, cronologías de mantenimiento y régimen de responsabilidades técnicas; no introduciría de forma calculada palabras como “prostitutas” para que el debate se convierta en una batalla de barro y no en una discusión serena sobre inversiones, protocolos y controles.

Hay muchas formas legítimas de fiscalizar políticamente un accidente tan grave: pedir comisiones, reclamar transparencia, comparar estándares de seguridad. Lo que no es legítimo es usar el duelo como campaña permanente, mezclando corrupción, sexo y muerte para ver quién recoge más clics y más votos. En un país que ya ha vivido el 11M y el accidente de Angrois, volver a esa lógica de “aprovechar la tragedia” solo garantiza más ruido, más odio y menos verdad; y eso sí es una irresponsabilidad política grave, gobierne quien gobierne.

Y aún no hemos escuchado a Ayuso.

NO HAY TREGUA


Las relaciones entre el PP y el Gobierno han pasado en pocas horas de una “tregua” incómoda a una fase de reactivación del conflicto, con el accidente de Adamuz convertido en nuevo campo de batalla político y mediático. La desconfianza estructural sigue intacta y los incentivos internos en el PP empujan a romper cualquier dinámica de contención más allá de lo estrictamente imprescindible.

La breve tregua tras el accidente de tren en Adamuz, que había llevado a mensajes de tono institucional entre Moncloa y Génova, se ha roto en menos de 24 horas. El PP acusa ya abiertamente al Gobierno de “manipular” el relato de la comunicación entre Sánchez y Feijóo, negando que hubiera una llamada directa y rebajando el contacto a mensajes entre jefes de gabinete. Desde el entorno de Feijóo se reivindica un comportamiento “ejemplar” del PP en la crisis, mientras se insinúa que el Ejecutivo intenta cargarles con la responsabilidad de un clima político que, en realidad, consideran generado por la propia Moncloa y sus “satélites” mediáticos.

La dirección de Génova está sometida a una presión creciente de barones autonómicos y del ala dura del partido para utilizar el accidente como ariete político directo contra Sánchez y el Ministerio de Transportes. Figuras como Cayetana Álvarez de Toledo y la portavoz parlamentaria Ester Muñoz han roto ya cualquier tono de contención, vinculando el siniestro con la gestión socialista de las infraestructuras y rescatando el marco de “cortijo de corrupción” y “polarización”. Esa presión interna limita el margen de Feijóo para sostener una relación mínimamente cooperativa con el Gobierno, porque cualquier gesto de moderación se lee en su propio espacio como cesión o debilidad frente a Sánchez.

Ante eso Moncloa intenta mantener la narrativa de que sí hubo contacto institucional correcto (vía gabinetes) y presentar al PP como actor que ha decidido rearmar el conflicto pese a la gravedad del accidente. El Gobierno trata de encuadrar la actitud popular en una lógica de “aprovechamiento partidista” de una tragedia, vinculándola con otros episodios (11-M, DANA) donde la derecha utilizó emergencias para desgastar al Ejecutivo. A la vez, el Ejecutivo cuida de no aparecer en una confrontación frontal mientras la información técnica sobre responsabilidades en Adamuz aún está en construcción, intentando preservar un tono institucional que contraste con la escalada verbal del PP.

Por su parte Vox ha decidido no sumarse a ninguna tregua y ha pedido ya la comparecencia de Óscar Puente en Congreso y Senado, empujando el marco hacia la exigencia de responsabilidades políticas inmediatas. Esa ofensiva de la extrema derecha actúa como acicate para sectores del PP que temen quedar descolocados si mantienen una posición demasiado contenida; de ahí el rápido giro del mensaje de Génova.

Y luego está el ecosistema mediático conservador que consolida una lectura que acusa a “satélites de Moncloa” de cargar contra el PP pese al tono inicial de Feijóo, reforzando la percepción entre los populares de que el Gobierno busca arrinconarles incluso en un contexto de duelo nacional.

Ese es el escenario inmediato de las relaciones PP–Gobierno. La relación vuelve al patrón de bloqueo: cooperación estrictamente técnica donde sea inevitable (comisiones, gestión del accidente) y confrontación dura en el plano discursivo, con Adamuz como nuevo símbolo del relato sobre incapacidad y manipulación. Las posibilidades de acuerdos de medio plazo en temas estructurales (financiación autonómica, grandes reformas institucionales) se reducen aún más, porque cada episodio de crisis se capitaliza como una oportunidad para marcar distancias y consolidar bloques.

El PP se mueve entre dos vectores: mostrar “responsabilidad” ante la opinión pública general y, al mismo tiempo, no dejar a Vox el monopolio de la indignación, lo que en la práctica empuja a una escalada periódica de choques con el Gobierno. Esperar algo positivo cómo que se priorice el interés de los ciudadanos, cada vez es más impensable.

Accidente de tren en Adamuz.


Poco ha durado la tregua gobierno-PP. Molestó Feijóo porque el gobierno no le dore el peine de llamarlo jefe de la oposición, ese cargo simbólico que ni es cargo ni simboliza nada, hizo ayer ya que fuentes de la dirección del PP enviaran un mensaje a varios periodistas en el que literalmente afirmaban: “No somos el partido del 'pásalo'. Ni el que llama asesino a un político cuando su gestión genera inseguridad o fallecimientos, pero no consentimos engaños de los que engañan siempre”. 

Seguramente eso de “un político que causa inseguridad o fallecimientos” debe ser que se han olvidado de que Carlos Mazón existe, o no se entiende.

Y luego están los bulos. Hemos visto como de nuevo han vuelto a resucitar el viejo bulo de que España paga los trenes a Marruecos y otros países del Tercer Mundo mientras escatima con los de España. 

Saben perfectamente que se trata de créditos condicionados a que se compren trenes a empresas españolas, una forma de subvencionar a la industria local sin provocar la intervención de Bruselas. Y hasta el mismísimo líder don Feijóo ya utilizó ese bulo en el Congreso hace casi un año, pero como ha pasado un año se le ha debido olvidar que eso es falso.

En resumen que el gobierno se prepare que le viene leña al mono hasta que hable inglés.

CARROÑEROS


Quienes utilizan una tragedia como Adamuz para sembrar odio y deslegitimar al Gobierno, sin una sola prueba concluyente sobre las causas del accidente, no están haciendo oposición: están atacando las bases mismas de la convivencia democrática. Convertir el dolor de decenas de muertos en munición propagandística es una forma de degradación política que roza lo inhumano.

Es manipular en caliente. Mientras los equipos de emergencias aún buscaban cuerpos entre los vagones destrozados en Adamuz, con más de cuarenta muertos y decenas de heridos, ya había dirigentes de Vox insinuando que “nada funciona bajo la corrupción y la mentira” y que “no pueden confiar en la acción de este Gobierno”. No esperaron a un informe técnico, a una primera hipótesis oficial, ni siquiera a que las familias hubieran podido identificar a sus muertos; esperaron solo a tener un foco y un micrófono. Ese uso inmediato del accidente para hablar de “colapso del Estado” y “gobierno mafioso” no es control institucional, es puro aprovechamiento del cadáver ajeno para obtener rédito electoral.

Seguimos con la mentira como método, porque no hay, a día de hoy, un solo dictamen pericial que avale las acusaciones de que el accidente se deba a una supuesta descomposición moral del Gobierno, y, sin embargo, se repiten consignas como “nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo” vinculándolas directamente al descarrilamiento. Esa estrategia no busca la verdad de lo ocurrido, busca instalar en el imaginario colectivo que, ocurra lo que ocurra, la culpa siempre es de un Ejecutivo que consideran “ilegítimo”, aunque las señales, la vía, el material rodante o la operación estén aún bajo investigación. Es una fábrica de sospechas permanente: se lanza la acusación hoy, sin pruebas, y mañana, aunque la investigación la desmienta, la mancha ya ha calado en parte de la población.

Estamos ante un ataque a la legitimidad democrática, cuando se utiliza un siniestro ferroviario para repetir que el Gobierno es “mafioso” y que “el crimen” está en La Moncloa, no se está discutiendo una política pública concreta, se está insinuando que las instituciones son ilegítimas y que el poder democrático es, por definición, enemigo del pueblo. Esa lógica es la de la antidemocracia, donde se sustituye el control parlamentario por la descalificación total, la crítica informada por la injuria sistemática, la exigencia de responsabilidades por el “todo está podrido” que abre la puerta a aventuras autoritarias. Y mientras tanto, se presiona a los técnicos, a los investigadores y a los jueces para que sus conclusiones encajen en un relato prefabricado de colapso y conspiración.

Detrás de todo esto solo hay un proyecto: romper la convivencia. Se acusa al Gobierno de dividir a los españoles mientras se construye, día tras día, una narrativa en la que media sociedad es presentada como cómplice de un supuesto “régimen criminal” simplemente por haber votado diferente. Se siembra desconfianza en los servicios públicos, se desprecia el duelo de las familias, se acusa de silencio cobarde a quienes optan por suspender sus actos políticos por respeto a las víctimas, mientras se presume de “seguir trabajando” y se aprovecha cada cámara para echar gasolina al incendio. Eso no es defender a España; es dinamitar la posibilidad misma de una conversación compartida, de un mínimo suelo común de hechos, instituciones y respeto que permita seguir viviendo juntos pese a las diferencias.

Frente a quienes han decidido convertir cada tragedia en un arma arrojadiza, la defensa de la convivencia pasa por algo tan elemental como negarse a aceptar acusaciones sin pruebas, por muy altavoz mediático que las repita. Investigar hasta el final, exigir responsabilidades si las hay, reforzar las infraestructuras y mejorar los protocolos es lo propio de una democracia adulta; utilizar a los muertos para fabricar odio contra un Gobierno al que se tacha de “ilegítimo” es propio de quienes han renunciado a la política y solo saben moverse en el terreno del resentimiento y la mentira. Propio de auténticos  hijos a los que les puede gustar la fruta, pero no aman a su país.

Dolor por Adamuz

Hoy no es día para hablar de otra cosa, salvo del terrible accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y que nos ha llenado de consternación y profundo dolor a toda España. En estos momentos difíciles, solo se puede expresar el más sincero pésame a las familias de las personas fallecidas y enviar todo nuestro apoyo y afecto a quienes resultaron heridos, deseando su pronta y completa recuperación.

Una vez más nuestro país se ha visto golpeado por la tragedia, y es momento de que todos mostremos nuestro compromiso con la solidaridad y la humanidad que es lo que debe guiarnos ante momentos tan duros. Pero cómo siempre toca lamentar que, mientras muchas personas trabajan incansablemente para atender a las víctimas y acompañar a sus familias, otros hayan optado por buscar rédito partidista del suceso. A alguno no le han enseñado que ante las  tragedias sobra el enfrentamiento, y lo que se necesita es la unidad y la empatía. 

Es el momento de acompañar, de ayudar y de respetar el dolor ajeno.

CONSEJO


Alberto, creo que debes pararte un momento y pensar. Asumir  como estás haciendo el discurso del Santi y los suyos  afirmando que “sobra gente en España”, para cualquier persona que lea un poquito, solo es un intento torpe por tu parte de intentar seducir al votante de Vox (que no lo vas a conseguir), pero lo haces  a costa de deshumanizar a migrantes y otros colectivos. 

Pregúntate ¿Quién decide quién “sobra”? Tu discurso rebosa de  implicaciones autoritarias cuando  hablas señalando, invitando a perseguir y hasta justificando la violencia contra quienes consideráis prescindibles. A ver si te enteras, que en el PP ya habéis ido cediendo tanto terreno a Vox en políticas discriminatorias, que hemos llegado al punto de que tú, Alberto, corres el riesgo de convertirte en un simple imitador de Santi.

Igual al decirte que pienses, te estoy pidiendo mucho.

HACIA DONDE AVANZA TRUMP


La GESTAPO  y la ICE son dos instituciones comparten patrones de violencia estatal, deshumanización y uso del miedo como herramienta de control, aunque no son equivalentes porque la Gestapo fue un instrumento central de un régimen genocida totalitario, mientras que ICE actúa dentro de un marco formalmente legal y democrático que, sin embargo, que por lo que estamos viendo cada vez está siendo más gravemente erosionado.

La Gestapo fue la policía política clave de un Estado totalitario que organizó deportaciones masivas y el exterminio de judíos y otros grupos, sin ningún tipo de control judicial ni político real. Hoy la ICE es una agencia de control migratorio dentro de un sistema que mantiene tribunales, prensa libre y mecanismos de rendición de cuentas, aunque con crecientes zonas opacas (por ejemplo, su reclasificación como “agencia de seguridad/sensible” que dificulta la supervisión pública).

Ambas utilizan la detención y la amenaza de separación familiar como arma de presión: la Gestapo separaba sistemáticamente a familias judías al deportarlas a campos de concentración y exterminio, mientras que ICE ha reinstaurado y usado la separación de familias como táctica para forzar salidas “voluntarias” y acelerar deportaciones. En ambos casos, el miedo a las redadas y a ser arrancado del entorno cotidiano (casa, trabajo, escuela) genera un clima de terror que disuade a las víctimas de reclamar derechos o resistir, incluso cuando formalmente tendrían vías legales para hacerlo.

La Gestapo practicaba arrestos sin orden judicial (“custodia protectora”), detención indefinida, torturas durante los interrogatorios y deportaciones masivas a campos, todo ello fuera de cualquier garantía procesal. ICE, sin llegar a esos niveles de brutalidad sistemática, ha generalizado la detención prolongada, el traslado constante de personas entre centros sin aviso a familias ni abogados, y el uso de amenazas de cárcel o separación de hijos para forzar la aceptación de la deportación, prácticas que vulneran de facto el derecho de defensa.

La Gestapo operaba sobre la base de una clasificación racial y política de “indeseables” (judíos, opositores, otros grupos) cuya existencia se concebía como una amenaza al “pueblo alemán”, legitimando así su eliminación o expulsión. La ICE se inscribe en un discurso político que presenta a los migrantes irregulares como “criminales” y “invasores”, lo que facilita normalizar su detención masiva, la ruptura de familias y la deportación sin empatía social ni escrutinio suficiente.

La Gestapo se apoyaba en denuncias de vecinos, clima de vigilancia y acciones ejemplarizantes para sembrar terror más allá de las víctimas directas; no necesitó ser omnipresente para ser percibida como omnipotente. La ICE combina tecnología de vigilancia avanzada (bases de datos, rastreo digital) con redadas muy visibles y mediáticas, que funcionan tanto como dispositivos de control sobre los migrantes como mensajes de disciplina al conjunto de la sociedad.

¿Cuánto tardaran en importar ese modelo a países cómo el nuestro?

QUE NO TE ENGAÑEN, PORQUE HOY ABASCAL Y FEIJOO NOS HAN TOMADO POR TONTOS


Dicen que vengan migrantes, pero no los que vienen a delinquir. Deberían leerse los datos antes de hablar. 

España mantiene una tasa global de criminalidad relativamente baja en comparación con otros países europeos y no se observa una relación mecánica entre aumento de inmigración y aumento global de delitos. Los datos por nacionalidad recogen “ciudadanía extranjera”, que incluye residentes regulares y ciudadanos UE; no permiten distinguir por situación administrativa ni explican por sí solos las causas (edad, pobreza, segregación, perfil de detenciones, etc.). MANIPULAN ESOS DATOS PARA ENGAÑARTE, PORQUE MUCHOS DE LOS DELITOS GRAVES LOS COMETEN EUROPEOS.

Y otra MENTIRA es la de que LAS AYUDAS Y PAGAS SE LAS DAN A LOS EXTRANJEROS Y NO A LOS ESPAÑOLES.

En España las personas en situación administrativa irregular no tienen acceso a “pagas especiales” ni a las prestaciones económicas ordinarias del Estado (IMV, pensiones, desempleo…), por la sencilla razón de que al ser irregulares ADMINISTRATIVAMENTE NO EXISTEN EN ESPAÑA. Así de simple. Pero sí a determinados derechos básicos como sanidad, educación de menores y servicios sociales de emergencia.

Para que te enteres y lo digas a quien afirma que sí. 

1. No pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital ni otras prestaciones de la Seguridad Social si no tienen residencia legal y tiempo mínimo de residencia acreditado.

2. No tienen derecho a prestaciones contributivas (paro, jubilación, incapacidad) ni a ayudas estatales de vivienda, que exigen residencia legal.

3. No existe ninguna “ley” estatal que otorgue una paga fija (900 €, 1200 €, etc.) solo por ser inmigrante sin papeles; los bulos sobre “Ley Esperanza” y similares han sido desmentidos en cualquier página de verificación y lo puedes comprobar

Si pueden percibir lo que denominamos Derechos básicos garantizados

1. Sanidad pública: las personas extranjeras sin residencia legal tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en condiciones similares a las personas españolas, si cumplen los requisitos del artículo 3 ter del RDL 7/2018 (tiempo mínimo de estancia, no estar cubiertas por otro sistema, etc.).

2. Educación obligatoria: los menores de edad pueden escolarizarse en la enseñanza básica gratuitamente, con independencia de la situación administrativa de sus progenitores.

3. Servicios sociales básicos: la Ley de Extranjería reconoce el derecho de cualquier extranjero, esté o no en situación regular, a los servicios y prestaciones sociales básicas (alojamiento de urgencia, alimentación, atención social primaria) cuando esté en situación de necesidad; son ayudas que también se dan a TODAS LAS PERSONAS en la misma situación.

Algunos confunden las ayudas con los denominados Programas públicos específicos que son:

1. Programa estatal de Atención Humanitaria: gestionado por el Ministerio de Inclusión y entidades sociales para personas recién llegadas o en situación de extrema vulnerabilidad; cubre alojamiento temporal, manutención básica, orientación social y apoyo jurídico, normalmente ligado a llegadas en patera u otras situaciones de emergencia.

2. Asilo y refugio: quien solicita protección internacional (asilo) deja de ser “irregular” a efectos de expulsión mientras se tramita su solicitud, y puede acceder a un sistema propio de acogida y ayudas (vivienda, manutención, apoyo psicológico), distinto del régimen de inmigración irregular.

Y aclárense con cual es el Papel de comunidades autónomas y de las ONG

1. Algunas comunidades autónomas permiten acceder a rentas mínimas o ayudas de emergencia con requisitos más flexibles (por ejemplo, empadronamiento y residencia de hecho), pero no existe una norma estatal uniforme; el acceso real depende mucho del territorio.

2. Numerosas ONG, asociaciones y entidades religiosas ofrecen comida, ropa, asesoría jurídica, clases de idioma, apoyo para empleo y, en ocasiones, plazas de alojamiento temporal, sin exigir situación regular.

ELLOS MIENTEN PERO EL TONTO ERES TÚ QUE LOS CREES

DOBLE VARA DE MEDIR


Cuando el acusado era del PSOE o de otro partido de izquierda el PP ha llevado el tema al Congreso, promoviendo mociones para condenar los casos de acoso en el entorno de Moncloa hablando de “tolerancia cero” y exigiendo depuración inmediata de responsabilidades políticas, pese a que muchos procedimientos están aún en fase de investigación. Vox ha utilizado un lenguaje aún más agresivo, acusando al PSOE de “silenciar” víctimas, de “perder” denuncias y de “despreciar a las mujeres”, presentando los casos como prueba de una supuesta corrupción moral estructural del partido.

Cuando el acusado es Julio Iglesias , se trata igualmente de acusaciones todavía en fase de investigación, con Fiscalía otorgando condición de testigos protegidas a las denunciantes, algo que indica que la justicia se toma el asunto muy en serio pero que no hay condena. Sin embargo, desde el entorno del PP se subraya públicamente la “sorpresa” ante las acusaciones y, sobre todo, la presunción de inocencia del cantante, enfatizando la necesidad de esperar a que la justicia se pronuncie sin convertir el caso en arma política.

En la derecha hay una doble vara de medir que en los casos que afectan al PSOE, PP y Vox han hecho una lectura expansiva: de denuncias aún no juzgadas se salta a una culpabilidad política colectiva, exigiendo dimisiones inmediatas y presentando al partido entero como responsable.  En el caso de Julio Iglesias, en cambio, se reivindica la cautela, se insiste en no “condenar mediáticamente” y en respetar los tiempos judiciales, lo cual contrasta con la rapidez con la que se da por buena la versión acusatoria cuando el señalado tiene carné socialista.

Esa asimetría no habla tanto de una preocupación genuina por el acoso como de un uso instrumental del discurso feminista: se agita la bandera de la protección a las mujeres cuando permite golpear al adversario, y se repliega inmediatamente a la presunción de inocencia cuando el acusado es una figura afín o simbólicamente valiosa. Al final, el mensaje que llega a la ciudadanía es que la credibilidad de las víctimas y la gravedad del acoso parecen depender más del color político del denunciado que de los hechos investigados, lo que erosiona tanto la lucha contra la violencia machista como la confianza en el debate público.

TRUMP Y MACHADO; TRUMP Y PP/VOX


Lo verdaderamente llamativo no es que Machado le entregue la medalla del Nobel a Trump envuelta en la palabra “libertad”, sino que Trump, mientras tanto, se deshaga en elogios con Delcy Rodríguez y la eleva a opción “realista” para Venezuela, relegando la visita de la Nobel a un trámite casi vergonzante. Ese contraste dibuja a Machado como una figura dispuesta a humillarse simbólicamente ante un poder que ni siquiera la considera central, y deja al Nobel de la Paz como un premio cada vez más ligero, que viaja de mano en mano al margen de cualquier coherencia con la realidad venezolana. Todo huele a bochorno colectivo.

El Nobel de la Paz se ha convertido en una farsa, la Fundación Nobel ha hecho “un papelón” y el premio pierde prestigio con decisiones como esta.

Noruega debería recapacitar sobre a quién se otorga el premio y que lo dé a personas que realmente lo merezcan y lo aprecien.

Machado ahora aparece como sumisa, sin dignidad y convertida en un “felpudo” de Trump. Los premios no se regalan ni se traspasan y con su gesto mancha simbólicamente el propio galardón. Trump es el “matón de patio”, desbordante de ego y en su mundo de poderosos. La escena es más que  de vergüenza ajena, la realidad ha superado a la ficción. Vivimos en un mundo al revés donde escenas que antes habrían sido pura parodia ahora son hechos reales.

Sin embargo, para el PP las actuaciones y declaraciones de Donald Trump sobre Venezuela le sitúan en una posición incómoda. Mientras el presidente estadounidense elogia a Delcy Rodríguez y afirma progresos con el Gobierno venezolano, el PP mantiene su discurso tradicional contra el chavismo y continúa con su versión acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de sostener a Maduro. Evitan mencionar a Trump en el Congreso (estrategia de Feijóo), aunque esa omisión les resulta cada vez más insostenible. Parecen no enterarse de que ninguna solución en Venezuela puede imponerse desde el exterior y que la situación actual es consecuencia directa de la intervención estadounidense. 

No puede entenderse que PP y Vox apoyen a Trump pese a sus gestos favorables hacia figuras chavistas. Claro que no solo es difícil entenderlos en esto, salvo desde el fanatismo.

QUE NO TE ENGAÑEN, CON FRANCO NO VIVIAMOS MEJOR


El franquismo no fue un periodo de convivencia ni de progreso, sino un régimen que levantó su estabilidad sobre el miedo, la sangre y la humillación sistemática de cientos de miles de personas. Hablar de paz sin hablar de los campos de concentración es, como mínimo, una forma muy cómoda de mirar hacia otro lado.

Se puede llamar “paz” a un país que mantiene cerca de 300 campos de concentración repartidos por todo el territorio, por los que pasan entre 700.000 y un millón de personas. Esa cifra no describe convivencia, describe un gigantesco sistema de reclusión diseñado para depurar políticamente y aplastar al vencido. Mientras algunos recuerdan orden y trabajo, otros recuerdan estadios de fútbol, colegios o conventos convertidos en jaulas humanas, normalizando la violencia en el corazón mismo de la vida cotidiana.

No hay progreso donde hay internamiento preventivo: miles de personas encerradas sin juicio, sin condena, sin otra “culpa” que su filiación política, sindical o la denuncia de un vecino. Las condiciones descritas por la propia historiografía como “vida infrahumana” (hacinamiento extremo, hambre, falta de higiene, enfermedades) no son daños colaterales, son el sistema funcionando tal y como fue pensado. En la rutina diaria de esos recintos, la tortura, las palizas, las humillaciones públicas y los castigos arbitrarios eran tan habituales como el toque de diana. 

Una parte de los internados no salió nunca: fueron ejecutados mediante consejos de guerra sumarísimos o directamente “paseados”, asesinados sin siquiera la coartada de un juicio. En campos como Santander, Ferrol, Albatera o San Marcos (León) hay cifras verificadas de centenares o miles de muertos por fusilamientos, hambre o enfermedad. Los campos funcionaban como un embudo: decidir quién podía ser liberado, quién sería explotado como mano de obra esclava y quién debía ser eliminado físicamente. Llamar a eso “convivencia” es una cruel ironía para quienes nunca tuvieron la oportunidad de convivir con nadie más que con su verdugo.

Se dice que en el franquismo “se hicieron muchas obras”; lo que se omite es quién las pagó de verdad. Miles de prisioneros fueron utilizados como mano de obra forzosa en batallones de trabajadores para obras militares, infraestructuras civiles y proyectos al servicio de empresas y élites del régimen. Ese trabajo esclavo se presentaba como “pago” de los supuestos daños causados por los vencidos, convirtiendo el castigo en recurso económico y la miseria del preso en beneficio del vencedor. Con hambre, malos tratos y jornadas extenuantes, esas obras se levantaron en condiciones cercanas al exterminio por desgaste. Llamar “desarrollo” a lo construido así es blanquear la explotación.

Los campos no solo encarcelaban cuerpos: intentaban reprogramar conciencias. Eran espacios de adoctrinamiento del nacionalcatolicismo, con rituales religiosos obligatorios y vigilancia ideológica permanente. En lugares como San Pedro de Cardeña se realizaron “estudios” psiquiátrico‑raciales de Antonio Vallejo‑Nájera para intentar “demostrar” la inferioridad o degeneración de los “rojos”, pseudociencia eugenésica al servicio del odio. La propaganda convertía a los presos en espectáculo de escarnio público, presentándolos como criminales, degenerados y “antiespañoles” para justificar la represión ante la sociedad.

Los campos de concentración identificados por comunidades autónomas serían estos: Andalucía: 52 campos; Comunidad Valenciana: 41 campos; Castilla‑La Mancha: 38 campos; Castilla y León: 24 campos; Aragón: 18 campos; Extremadura: 17 campos; Comunidad de Madrid: 16 campos; Cataluña: 14 campos; Asturias: 12 campos; Galicia: 11 campos; Región de Murcia: 11 campos; Cantabria: 10 campos; País Vasco: 9 campos; Illes Balears: 7 campos; Canarias: 5 campos; Navarra: 4 campos; La Rioja: 2 campos; Ceuta y Protectorado del norte de África: 5 campos.

Las nuevas teorías que pintan el franquismo como etapa de orden y convivencia se sostienen sobre un silencio clamoroso: el de quienes murieron de hambre, de tiros o de agotamiento en los campos, y el de quienes sobrevivieron marcados de por vida. No es “otra opinión”, es una elección moral: o se reconoce que aquel orden descansaba sobre alambradas, delaciones y miedo, o se está aceptando que la injusticia puede presentarse como estabilidad si pasa el tiempo suficiente. Si algo demuestran los datos sobre la red de campos de concentración, es que el franquismo no fue una anomalía benigna, sino un régimen que hizo del terror, la explotación y la deshumanización una política de Estado. 

Defenderlo como periodo de progreso es, en el mejor de los casos, desmemoria; en el peor, complicidad con la lógica que convirtió a una parte del país en ganado humano al servicio de la otra.

¡QUE TE VOTE PILAR PRIMO DE RIVERA, SANTI!


Llamar “mujer objeto” a Pilar Alegría no es un exabrupto aislado, sino una pieza más en la maquinaria del discurso de un líder que hace del desprecio una herramienta política central. No es un resbalón: hay convicción, parte de una cultura política que entiende a las mujeres como munición retórica desechable y a la humillación como espectáculo rentable.

En Utebo, Abascal no se limitó a criticar la política del Gobierno, sino que convirtió a la candidata socialista en Aragón en “una señora como mujer objeto de candidata”, reduciendo su trayectoria a un adorno útil para atacar el feminismo del PSOE. No discute ideas, degrada a personas; no confronta proyectos, cosifica a una mujer con nombre y apellidos, exhibiendo un machismo que sus propias palabras ya no consiguen disimular.

Abascal insiste en el término incluso después de la reacción social y política, reafirmándolo en actos posteriores y justificando que el PSOE “utiliza a las mujeres como mujeres objeto”. Esa perseverancia no es firmeza, sino misoginia: cuando se le señala el machismo, no rectifica, se atrinchera, convencido de que la agresión es identidad y la ofensa, bandera.

Pilar Alegría ha hablado de “degradación y deshumanización de la vida política”, señalando que estas agresiones que hoy la alcanzan a ella las padecen a diario muchas otras mujeres, con consecuencias mucho más graves. Cuando el líder de un partido parlamentario normaliza que una rival sea descrita como “objeto”, se envía un mensaje nítido: el debate público puede permitirse prescindir del respeto mínimo y legitimar el menosprecio como forma de militancia.

El discurso de Abascal mezcla la supuesta defensa de “las españolas” con alusiones a violaciones, migración y culturas “que no respetan a la mujer”, mientras él mismo insulta a una mujer concreta en un mitin. Esa paradoja desnuda una masculinidad política que se presenta como escudo protector mientras dispara primero contra las mujeres que no se someten a su guion, empezando por las que se atreven a competir con él en las urnas.

Llama la atención que, tal y como ha subrayado la propia Alegría, ni siquiera una parte del público de Vox acompañara con entusiasmo esa salida de tono: “las caras son un poema”, dijo, sugiriendo que algunos votantes son más sensatos que su líder. Pero el bochorno no se reparte por igual: el insulto lleva firma, y lo que revela de Santiago Abascal no es solo una opinión sobre una adversaria, sino un retrato demoledor de su proyecto de país, en el que muchas mujeres vuelven a ser, literalmente, objetos políticos de usar y tirar.

miércoles, 14 de enero de 2026

LAS MEDIDAS PARA FACILITAR EL DERECHO A UNA VIVIENDA


En este país hemos llegado al punto en que alquilar un piso es más difícil que conseguir una entrada para una final de futbol Barcelona -Real Madrid o una butaca en el Liceo una noche de estreno: hace falta dinero, contactos y nunca está de más, una cierta resistencia al ridículo.  La diferencia es que, mientras en un partido o en el Liceo uno elige donde sentarse, en el mercado de la vivienda muchos se sientan porque no les queda más remedio que inclinarse. Veamos el panorama completo.

El arte de premiar al casero

El Gobierno, siempre atento a las penurias del prójimo, ha descubierto que la mejor manera de frenar los alquileres desbocados es premiar a quienes se benefician de ellos.  La idea, descrita con tono grave y adjetivos rotundos “medidas urgentes y contundentes ante la emergencia habitacional”, consiste en regalar una elevada bonificación en el IRPF a los propietarios que, en un arranque de generosidad fiscalmente incentivada, renueven el contrato sin subir el alquiler.

Perdonen la expresión, pero es un truco digno de trilero: el casero mantiene una renta ya hinchada por años de subidas, se ahorra hasta 1.500 euros de impuestos, y el inquilino recibe la condecoración simbólica de no ser desahuciado por el mercado… todavía.  El Estado, por su parte, se proclama árbitro neutral de la contienda, como si no fuera él quien sostiene el silbato y reparte las tarjetas, mientras insiste en que “ganan todos”, una frase que en política suele significar que alguien ha hecho números y no quiere enseñarlos.

El aderezo técnico del decreto (limitar los contratos de temporada “fraudulentos”, poner coto al alquiler por habitaciones y desplegar la Ley de Vivienda en zonas tensionadas) suena a cirugía fina con bisturí de reglamento.  Pero la operación se hace sin anestesia sobre el mismo cuerpo social de siempre: las familias que pagan alquileres que devoran la mitad de su salario y a las que se invita a aplaudir porque la hemorragia, por el momento, no irá a más.

Los rentistas y el derecho a la vivienda

Frente a este alarde de imaginación tributaria, Sumar ha cometido la descortesía de decir lo obvio: que esto es un “regalo de dinero público a los rentistas” y un “premio a los caseros”.  No es una metáfora incendiaria, sino una descripción fría de la realidad: en promedio, los propietarios tienen una renta un 80% superior a la de los inquilinos, de modo que el Gobierno ha decidido lanzar un salvavidas a quienes ya saben nadar y dejar a los demás haciendo el perrito en la piscina del mercado.

La posición de Sumar parte de una idea extravagante para los usos políticos contemporáneos: que la vivienda es un derecho constitucional y no un producto financiero con vistas al mar.  En consecuencia, propone algo tan poco épico como prorrogar tres años los contratos que vencen en 2026, con congelación de precios, prohibir la compra “especulativa” de vivienda y gravar a quienes coleccionan pisos como otros coleccionan sellos, pero con más rentabilidad y menos romanticismo.

El crimen de Sumar no es el radicalismo, sino la mala educación de preguntar quién paga la fiesta.  Porque las bonificaciones fiscales no caen del cielo: salen de una caja común que se nutre, entre otros, de los mismos inquilinos a los que luego se les explica que no se puede “intervenir demasiado” el mercado, no vaya a ser que el mercado se enfade y suba aún más los precios.

Podemos, el apocalipsis y la literalidad

En otra esquina del cuadrilátero, Podemos mira el panorama y lo define como “apocalíptico” o “absolutamente límite”, lo cual, visto el precio medio del metro cuadrado en ciertas ciudades, puede sonar incluso moderado.  Su receta consiste en bajar por ley los alquileres, prohibir la compra de vivienda que no sea para vivir en ella y blindar el ladrillo como bien de uso, no de inversión.

Su problema no es tanto de diagnóstico como de digestión: dice en voz alta lo que muchos piensan, pero lo hace en un tono que hace que la clase política, aficionada a la dramatización sólo cuando no compromete a nadie, se sienta violentamente interpelada.  Mientras tanto, el casero medio asiste tranquilo al debate: ni las bonificaciones del Gobierno ni las propuestas más duras han llegado aún a la puerta del bloque donde cobra puntualmente cada mes.

El PP y el ladrillo patriótico

El PP, por su parte, ha optado por la vieja solución nacional: construir.  Su propuesta es vincular la financiación autonómica a la producción de vivienda, prometer un “Plan Integral” para cubrir un déficit de alrededor de un millón de viviendas, movilizar suelo público, acelerar licencias y, por el camino, aprobar una ley antiocupación y una “hucha hogar joven” que suena a cuento infantil con aval bancario.

El mensaje es claro: hay que “dar seguridad a los propietarios, no a quienes delinquen”, como si el principal delito en materia de vivienda fuese la okupación y no el alquiler a precios imposibles.  Y todo ello aderezado con la crítica habitual a las políticas del Gobierno, acusadas de “desincentivar la oferta”, una expresión que suele significar que se ha intentado, tímidamente, poner algún límite a la barra libre del mercado.

Por qué el camino de Sumar es el sensato

En medio de esta feria de promesas, Sumar aparece como el invitado aguafiestas que insiste en preguntar cuánto cuesta el confeti.  No propone abolir el mercado ni expropiar el barrio de Salamanca, sino algo más modesto y, precisamente por eso, subversivo: que el centro de la política de vivienda sean las familias que viven de alquiler, no las que viven del alquiler.

Prorrogar contratos y congelar precios en un momento en que los alquileres ya están en máximos es un gesto de contención mínima, no un asalto a la propiedad privada.  Gravar a quienes acumulan inmuebles no es una excentricidad bolchevique, sino una manera de reconocer que el problema no es el pequeño propietario que complementa la pensión, sino la conversión masiva de la vivienda en un producto financiero cuya lógica es la misma que la de cualquier fondo de inversión: comprar barato, aguantar el tiempo necesario y vender o alquilar caro.

Prohibir la compra “especulativa” de vivienda no implica enviar inspectores a registrar el contenido ideológico de los contratos de compraventa, sino asumir que un derecho básico no puede depender exclusivamente del apetito de rentabilidad de quienes ven el ladrillo como una acción bursátil con paredes.  Y reforzar la intervención pública directa, en lugar de fiarlo todo a incentivos fiscales, es admitir que el Estado no es un asesor financiero de los propietarios, sino (en teoría) el garante de derechos que el mercado ni conoce ni reconoce.

La historia de la vivienda española sería probablemente una novela: un casero con pretensiones, un ministro con flema, un fondo buitre con nombre de opereta y una comunidad de vecinos tratando de entender por qué el ascensor sube, pero ellos no.  El problema es que, fuera de la ficción, los personajes comen, pagan alquiler y envejecen.  Y ahí, por puro sentido común, conviene ponerse del lado de quienes quieren que la vivienda sea un hogar antes que un instrumento financiero: en este reparto, Sumar no hace el papel más vistoso, pero sí el más decente.

SOY UN TRUAN SOY UN SEÑOR


En una democracia digna, cuando dos trabajadoras denuncian abusos sexuales y tratos vejatorios por parte de un empleador poderoso, lo mínimo que cabe esperar de una presidenta autonómica y de un alcalde es prudencia, respeto y compromiso con la verdad, no un cierre de filas inmediato con el famoso de turno y un ataque a las víctimas. Las instituciones no están para proteger la reputación de los ídolos, sino la dignidad de las mujeres que se atreven a denunciar.

Que la señora Ayuso diga que ‘las mujeres violadas y atacadas están en Irán’ mientras desprecia las denuncias de dos trabajadoras en el Caribe, revela exactamente su modelo de feminismo: el que sirve para dar lecciones fuera y callar cuando las presuntas víctimas señalan a un poderoso cercano. Eso no es defensa de las mujeres, eso es propaganda. A lo que no puede contribuir Madrid es al desprecio de las mujeres, al descrédito de la justicia y al mensaje devastador a cualquier trabajadora que esté pensando si denunciar o no.

El señor Almeida habla de ‘hipocresía de la izquierda’ mientras se niega siquiera a debatir la retirada de honores municipales a un hombre sobre el que la Fiscalía ha abierto diligencias por presuntos delitos de trata y agresión sexual. Lo que es hipócrita es envolverse en la bandera del feminismo solo cuando sirve para atacar a otros, pero volverse ciego cuando se trata de un famoso influyente. Los privilegios de algunos valen más que el miedo de muchas.

Estas mujeres no tienen detrás grandes discográficas ni gobiernos autonómicos, solo su palabra, su miedo y una denuncia ante la Fiscalía. El mínimo decoro democrático exige escuchar, investigar a fondo y garantizar que no habrá represalias, ni mediáticas ni laborales, contra ellas. Cuando una presidenta y un alcalde se apresuran a poner la alfombra roja al denunciado y la diana sobre las denunciantes, no están garantizando la presunción de inocencia: están atacando la presunción de credibilidad de cualquier mujer que se atreva a decir ‘a mí también me pasó’.

El feminismo que defendemos no elige bando en función del caché del acusado ni del color político de las víctimas. Exigimos una cosa muy sencilla: que la Comunidad y el Ayuntamiento se sitúen del lado de los derechos humanos, no del lado de los aplausos en los conciertos, y que mientras haya investigaciones abiertas, los honores públicos a Julio Iglesias queden en suspenso.


MORENO BONILLA Y SU PLAN PARA HACER LA MAMOGRAFÍA, ECOGRAFÍA Y BIOPSIA "EN EL MISMO DÍA" EN CASO DE SOSPECHA DE CANCER.


La idea de concentrar mamografía, ecografía y biopsia en un solo acto para lesiones BI-RADS 4–5 es científicamente correcta en cuanto al enfoque (triple valoración rápida) y puede ser muy beneficiosa para las pacientes, pero su viabilidad y calidad dependen críticamente de recursos, organización y garantía de estándares técnicos; mal implementada, corre el riesgo de ser más un anuncio político que una mejora real de la atención.

El diagnóstico de cáncer de mama se basa clásicamente en el “triple test”: exploración clínica, mamografía/imagen y confirmación cito-histológica. Para los casos de posible de malignidad BI-RADS 4–5, las guías recomiendan imagen (mamografía y, según caso, ecografía/RM) y biopsia para confirmar, optimizando tiempos de diagnóstico y acceso precoz al tratamiento. La concentración de pruebas en un circuito rápido en un mismo día ya se aplica en unidades de mama de alto nivel (por ejemplo, circuitos de diagnóstico rápido como los de Vall d’Hebron), con impacto claro en reducción de ansiedad y demora diagnóstica.

El SAS ha ordenado extender este “acto único” a todas las unidades de mama, dando de plazo hasta finales de febrero para adaptar agendas, con excepciones previstas (anticoagulación, necesidad de biopsia estereotáxica, decisión de la paciente, etc.). Hasta aquí bien, pero esto exige: Radiología con capacidad de mamografía diagnóstica + ecografía de alta calidad y equipos para biopsias guiadas (incluida estereotáxica y, donde proceda, biopsia al vacío); Agenda de radiología y de anatomía patológica lo bastante flexible cómo para asumir un flujo constante de biopsias sin disparar los tiempos de informe histológico.  En centros que ya funcionaban con circuitos rápidos la medida es básicamente formalizar lo que existía, pero en hospitales comarcales y zonas infrafinanciadas puede suponer sobrecarga y colapso de agendas si no se acompaña de incremento real de plantilla y equipamiento. Por lo que conozco, no es este el caso de los hospitales comarcales y de las zonas de ruralidad de Andalucía.

Hay algo que, según la información transmitida, no está claro. No todas las lesiones BI-RADS 4–5 son biopsiables “al momento”: Lesiones que solo se ven en mamografía y requieren biopsia estereotáxica en sala específica o mesa prona, que suele centralizarse en determinados hospitales; Pacientes con tratamiento de anticoagulación o antiagregación que precisan ajuste y coordinación con AP o Hematología. Y otra cuestión es que este planteamiento de obligar a cumplir el acto único “sí o sí” puede generar desde biopsias apresuradas en condiciones subóptimas, mayor tasa de muestras no diagnósticas o errores preanalíticos; un efecto boomerang: reducción del tiempo hasta la biopsia pero aumento del tiempo total hasta el informe definitivo si Anatomía Patológica no está reforzada.  Y por último que la calidad del diagnóstico no se mide solo en días, sino en: correcta indicación de la biopsia adecuada, correlación radio-patológica y planificación quirúrgica/terapéutica correcta, especialmente en tumores pequeños, microcalcificaciones extensas o lesiones multifocales.

Pero planteémonos que estamos ante un genio de la prevención y admitamos que el sistema de Andalucía está bien diseñado, y en ese caso, el acto único puede:  reducir de forma notable la incertidumbre emocional y el número de desplazamientos, especialmente en zonas rurales o con malas comunicaciones; Puede acelerar la entrada en circuito terapéutico, lo que, incluso si no siempre cambia el pronóstico individual, mejora la experiencia de enfermedad y la coordinación multidisciplinar.

Pero si no es así y está mal diseñado, puede transformar: Una crisis de cribado (fallos de comunicación, retrasos, falta de trazabilidad) en una respuesta centrada casi exclusivamente en la “puesta en escena” del diagnóstico, sin abordar de raíz: sistemas de información, trazado de resultados, auditoría de BI-RADS y notificación a las pacientes. Todo apunta a que ante la proximidad electoral podemos estar en este escenario.

Intentando hacer una valoración global habría que señalar: desde el punto de vista científico, la medida de agrupar mamografía, ecografía y biopsia en una sola jornada para BI-RADS 4–5 encaja con el estándar actual de circuitos rápidos y multidisciplinares en cáncer de mama, y es razonable como objetivo asistencial; como estrategia de sistema, solo será verdaderamente útil si se acompaña de:

  1 Aumento de las plantillas de radiólogos, cirujanos de mama y patólogos suficientes y estables.  

   2 Acceso homogéneo a técnicas de biopsia avanzadas en toda la red del SAS (o circuitos claros de derivación).  

  3 Auditoría externa de tiempos y de calidad diagnóstica (subclasificación de BI-RADS, correlación radio-patológica, intervalos hasta tratamiento), especialmente tras una crisis grave de cribado como la vivida en Andalucía.

Que no os engañen a las mujeres andaluzas, sin estos elementos, el “acto único” corre el riesgo de funcionar como anestesia política tras el escándalo de los cribados, más que como una verdadera reforma estructural del diagnóstico del cáncer de mama. Y deberían haber garantizado los tres puntos anteriores antes de anunciar a bombo y platillo el “acto único”, porque sin esos tres aspectos previamente establecidos, esto es más de lo mismo: parole, parole, parole…

El bloqueo a Cuba: un crimen en silencio

Pocas causas reúnen tanta hipocresía global como la que sufre Cuba. Mientras en los foros internacionales se habla de derechos humanos y coo...