¿Se podría haber hecho más en materia de vivienda por parte del Gobierno? Seguro que sí. Pero eso no hace que sea cierta la afirmación de la derecha de “no se ha hecho nada en vivienda en los últimos ocho años”.
2019 (Reforma del alquiler): Ampliación de la duración mínima de los contratos a 5 años (particulares) y 7 años (empresas), limitando las garantías requeridas.
2020 (Pandemia): Suspensión de desahucios a hogares vulnerables, prórrogas de contratos, moratorias y ayudas al alquiler (medidas prorrogadas en años posteriores).
2021 (Plan de Vivienda): Anuncio del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible con el objetivo de 100.000 viviendas e inicio de la negociación de la Ley de Vivienda.
2022 (Proyecto de Ley y tope al alquiler): Entrada del proyecto normativo (zonas tensionadas, parque público, vivienda protegida) y limitación temporal de la actualización anual del alquiler al 2%.
2023 (Aprobación de la Ley de Vivienda): Primera ley estatal específica de vivienda que introduce la figura de las "zonas de mercado residencial tensionado".
2024 (Financiación y ayudas): Concesión de 2.500 millones de euros en avales ICO (hasta el 20% de la hipoteca) para la compra de primera vivienda por jóvenes y familias con menores, y asignación de 200 millones de euros para el Bono Alquiler Joven (hasta 250 €/mes por dos años).
2025-2026 (Regulación y Plan Estatal): Regulación de alquileres de temporada y turísticos mediante una Ventanilla Única Digital, así como la presentación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros para construcción pública, rehabilitación y ayudas.
El avance de todas estas iniciativas se ha enfrentado con una constante oposición y bloqueo parlamentario e institucional por parte de la derecha (PP, VOX y, en ciertas votaciones, Junts):
Votaciones en contra: Rechazo sistemático en el Congreso a las reformas, decretos de protección a inquilinos y prórrogas presentadas desde 2019 hasta 2026.
Bloqueo autonómico y recursos: Dado que las competencias en materia de vivienda residen en las Comunidades Autónomas, las gobernadas por la oposición recurrieron la Ley de Vivienda de 2023 ante el Tribunal Constitucional (alegando invasión de competencias) y se negaron a aplicar herramientas clave, como la declaración de zonas tensionadas.
Esta claro que no es suficiente. Pero no es cierto lo que afirman de que no ha hecho nada.
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