La vivienda se ha consolidado en España no como la garantía constitucional que promete el artículo 47, sino como un activo financiero volcado en la extracción de rentas. Frente a esta brecha social, la reciente aprobación del Real Decreto-ley 26/2026 y su paquete normativo complementario ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja disputa política: ¿basta con amortiguar los golpes del mercado o es momento de intervenir en su estructura?
Si analizamos las medidas aprobadas, el diagnóstico inicial resulta inequívoco. Hay victorias innegables que responden a años de empuje de la sociedad civil organizada y la izquierda parlamentaria. Blindar la prohibición de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 recupera un suelo mínimo de dignidad pública. Asimismo, cerrar las vías de escape normativo, equiparando el alquiler por habitaciones y de temporada a la Ley de Arrendamientos Urbanos, corta de raíz el fraude mediante el cual muchos grandes tenedores esquivaban los topes de precios. Restringir las compras masivas a precio de saldo por parte de fondos oportunistas y desincentivar la turistificación salvaje introduciendo el IVA a los pisos turísticos los considero pasos en la dirección correcta.
Sin embargo, el entusiasmo debe dar paso al rigor. La arquitectura de estos decretos adolece de los sesgos habituales del reformismo socialdemócrata: prefiere recurrir a la caja pública antes que disputarle el poder al rentismo.
El principal problema de concepto que yo veo, radica en articular la política de vivienda a través de bonificaciones e incentivos fiscales. Cuando el Estado subvenciona el IRPF a los propietarios que deciden no subir los precios, lo que hace en la práctica es transferir recursos de todos los ciudadanos para complementar las rentas del capital inmobiliario. Se amortigua el coste para el inquilino a expensas del presupuesto público, manteniendo intacta la lógica del beneficio rentista en lugar de fijar por decreto precios máximos vinculantes y justos.
De igual forma, implementar mecanismos de crédito como la línea de préstamos a tipo cero para la compra de primera vivienda reproduce una inercia peligrosa: responder a un problema de acceso inyectando liquidez individual en un mercado tensionado. Sin un control riguroso sobre los precios de venta, este tipo de avales públicos corre el riesgo de ser absorbido de inmediato por los vendedores, alimentando la espiral inflacionista y perpetuando la cultura de la hipoteca como la única salida.
Los decretos aprobados ayer funcionan como un escudo de contención indispensable para detener hemorragias urgentes que hoy se sufren (frenar desahucios e impedir fraudes masivos). Pero un escudo no es una estrategia de transformación para erradicar un problema. Mientras las instituciones sigan priorizando la conciliación con el mercado mediante incentivos, en lugar de desarrollar un parque masivo de vivienda pública no enajenable y limitar directamente la especulación, la vivienda seguirá siendo un privilegio financiero gestionado con dinero público, en vez de un derecho que se conquiste para siempre.
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