Las recientes declaraciones de Feijóo, ayer y hoy, no son simples deslices dialécticos ni ocurrencias aisladas de campaña. Son la radiografía perfecta de un proyecto ideológico que asume, sin complejos, el programa de la derecha extrema. Bajo una pretendida moderación institucional, el candidato del PP dibuja un horizonte de claro retroceso en derechos sociales y laborales, evidenciando una estrategia política tan peligrosa como calculada.
El primer gran eje de esta involución afecta directamente a los derechos de las mujeres y a la autonomía individual. Reabrir el debate sobre el derecho al aborto, cuestionando la capacidad de decisión de las jóvenes de 16 y 17 años al exigir tutelas parentales, supone una intromisión inaceptable en los cuerpos de las menores.
A esto se suma el anuncio más palmario de su deriva: la eliminación explícita del Ministerio de Igualdad y su disolución en otras carteras. No estamos ante una mera reestructuración burocrática, sino ante un mensaje político de profunda carga simbólica. Es la pérdida de peso institucional de las políticas de género y de la lucha contra la violencia machista, rebajadas a ser una molestia menor que (según la cínica visión del líder popular) apenas ocupa unas horas de trabajo.
Un segundo pilar es el plano socioeconómico. El proyecto de Feijóo se alinea sin fisuras con los intereses de la patronal. Condicionar futuras subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al visto bueno de la CEOE es despojar al Estado de su función correctora de las desigualdades del mercado laboral, subordinando el poder adquisitivo de la clase trabajadora a la voracidad empresarial.
Este argumentario falaz se complementa con falsedades sobre la «viabilidad» de las pensiones públicas o con la promesa de reformar restrictivamente la ley de eutanasia, anteponiendo la burocracia médica a la dignidad y la libertad de la persona en el tramo final de su vida.
Y en este "cocidito" madrileño en el que se ha convertido su programa electoral, todo lo anterior lo aliña con la anunciada derogación de la Ley de Memoria Democrática, un síntoma evidente de la resistencia de la derecha española a homologarse con los estándares democráticos avanzados en Europa.
Detrás de este catálogo de recortes de derechos que ya dábamos por consolidados, se esconde una táctica claramente definida. Por un lado, Feijóo asume con total naturalidad la integración de Vox en el Consejo de Ministros si la aritmética parlamentaria lo exige, diluyendo cualquier cordón sanitario y blanqueando a la ultraderecha. Por otro, practica una calculada ambigüedad en los temas más sensibles para intentar no espantar al electorado de centro, mientras satisface a los más reaccionarios de su flanco derecho.
El plan de la derecha ya no se oculta. Los eufemismos de antaño han dado paso a lo que es realmente la ideología del PP, nada de partido de centro, sino un partido sumiso a Vox por interés electoralista. Los ejemplos los tenemos ya en donde gobiernan. en coalición.
La pregunta que queda por responder es si esta asunción, ya sin absolutamente ninguna crítica del ideario ultra, logrará movilizar a su base más conservadora o si, por el contrario, alertará a una mayoría social de que el 29 N lo que se vota no es como anuncian "echar a Sánchez" sino eliminar todas las conquistas democráticas de años que cualquier ciudadano español debería calificar de irrenunciables.
Muy seguros deben estar de la fidelidad de que su electorado entre los trabajadores está absolutamente anestesiado, como para no darse cuenta de que sus pensiones, sus salarios y la totalidad de derechos de la mujer van a ser demolidos.
Ya no se debe hablar de fachapobres. Ahora los han convertido en sus fachabobos.
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