Hay promesas electorales que no están diseñadas para ser cumplidas, sino para adormecer conciencias. La reciente propuesta de Feijóo de levantar un millón de viviendas en una sola legislatura no pertenece al ámbito de la política pública seria; pertenece al género de la ciencia ficción o la especulación. Que no te engañen, esta es la resurrección del viejo fetiche del "ladrillismo mágico", una fórmula neoliberal que intenta responder a una crisis estructural del derecho a la vivienda volviendo a las mismas recetas de sobreproducción y desregulación que ya colapsaron nuestro país en 2008.
Sin embargo, esta propaganda política, choca con las matemáticas y la macroeconomía que son las que son no las que se quieren. Basta confrontar el titular del PP con la realidad industrial de la España actual para comprobar que su promesa no es solo inviable, sino técnicamente imposible.
El plan Feijoo ignora la física elemental de la producción. En España se terminan actualmente entre 80.000 y 90.000 viviendas al año. Triplicar ese ritmo hasta alcanzar las 250.000 anuales exigiría un despliegue de mano de obra que sencillamente no existe. Según la propia Confederación Nacional de la Construcción, el sector arrastra un déficit estructural de más de 700.000 trabajadores. Tras el estallido de la burbuja, la plantilla de la construcción envejeció drásticamente y las condiciones del sector no son precisamente atractivos para las nuevas generaciones. ¿De dónde saldrán los cientos de miles de obreros necesarios para levantar ese millón de casas? Estamos ante una nueva contradicción grotesca: sin una política activa de inmigración regularizada y derechos laborales dignos, no hay brazos para poner un solo ladrillo.
Luego se ve como el plan colisiona contra los costes de producción. Tras las crisis de suministros e inflación energética de los últimos años, el precio del cemento, el acero y la cerámica se mantiene en máximos. Una demanda masivo de estos materiales conlleva provocar un shock al intentar construir 250.000 pisos por año lo que conllevaría una escalada brutal en los costes de los materiales. La consecuencia no sería una vivienda más barata, sino más encarecida y que el presupuesto público no podría subvencionar y el ciudadano de a pie no podría pagar.
Otro gran engaño es la "trampa del suelo". La teoría conservadora insiste en que el problema es puramente burocrático y que bastaría con desregular, debilitar los controles ambientales y declarar el silencio administrativo positivo para que las grúas aparezcan mágicamente. La realidad técnica es que transformar suelo rústico en urbanizado exige un tiempo medio de desarrollo de entre 7 y 12 años para dotarlo de accesos, agua, luz y saneamiento. Las infraestructuras no se crean mediante decretos electorales. Además, gran parte del suelo finalista disponible no está en Madrid, Barcelona, Málaga o Baleares que es donde hay más gente desesperada por un techo, sino en periferias donde no existe tal presión residencial.
Y, por último, ¿quién financiará este megaproyecto? Los expertos lo estiman en más de 150.000 millones de euros de coste. Para el PP, la respuesta siempre es el mercado privado. Pero los promotores y los fondos de inversión no operan bajo criterios de necesidad social, sino de margen de rentabilidad. Lanzar un millón de pisos al mercado hundiría los precios , lo que estaría muy bien, pero como reduciría los márgenes de beneficio ¿Alguien piensa que el propio sector privado no paralizaría la edificación para proteger sus beneficios? Y la otra propuesta paralela de la derecha es la de regalar avales públicos del 100% e incentivos fiscales a los arrendadores, tendremos que el dinero público de nuestros impuestos terminará, una vez más, inflando las rentas de los grandes tenedores y los fondos buitre.
El diagnóstico es muy claro y evidente: el problema de la vivienda en España no es un problema de oferta cuantitativa, sino de distribución, especulación y acceso. Prometer construir un millón de pisos sin tocar a los grandes tenedores, sin regular los precios del alquiler y sin blindar de forma permanente un parque público de vivienda (como hacen las democracias europeas más avanzadas) es volver de nuevo a la casilla de salida.
La propuesta de Feijóo es el enésimo espejismo de una derecha que sigue concibiendo la vivienda como un activo financiero para enriquecer al mercado, en lugar de como un derecho constitucional para garantizar la dignidad de la clase trabajadora. No necesitamos más cemento para alimentar a los especuladores; necesitamos voluntad política para subordinar el mercado al bien común.
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