Detrás del discurso agorero sobre la «insostenibilidad» del sistema de pensiones no hay rigor técnico, sino codicia. La propuesta de la extrema derecha de avanzar hacia la privatización no es que estén planteando un ajuste contable: es un atraco planificado al mayor fondo de riqueza pública de las clases trabajadoras para servírselo en bandeja a la banca y a las aseguradoras.
El modelo público de reparto descansa sobre un principio sagrado: la solidaridad intergeneracional. Sustituirlo por cuentas individuales de capitalización supone cambiar un derecho conquistado por una apuesta en la ruleta rusa de la bolsa. Si el mercado cae o la inflación sube, el jubilado se arruina; mientras tanto, el sector financiero se atiborra a comisiones aseguradas, pase lo que pase.
Además, los defensores del «sálvese quien pueda» ocultan la trampa del coste de transición. Si las cotizaciones de los jóvenes van a fondos privados, ¿quién paga a los pensionistas de hoy? El Estado tendría que endeudarse salvajemente o destrozar la sanidad y la educación pública, condenando a la juventud a una doble extracción: pagar la factura del pasado mientras intenta arañar un ahorro privado con sueldos de miseria. Ver a jóvenes apoyando a Vox y no pensando en lo que implica su propuesta en pensiones para ellos, solo invita a pensar en su ceguera ideológica.
Este modelo no es neutral, sino despiadado con la mayoría. Para las rentas bajas y precarias, la privatización significa miseria en la vejez. Sin los mecanismos redistributivos del sistema público, la precariedad laboral se convierte en una condena perpetua. Para las mujeres, acentúa de manera salvaje la brecha de género, penalizando de por vida las interrupciones laborales ligadas a los cuidados.
El objetivo político es tan evidente como perverso: desmantelar la conciencia colectiva e individualizar el riesgo. Convertir al ciudadano en un accionista angustiado para que, si su pensión es indigna, culpe a su mala suerte bursátil y no a un sistema injusto. Las pensiones no son un producto financiero ni un nicho de negocio: son el salario diferido de una vida de trabajo.
No se trata de sostener el sistema recortando derechos, sino de financiarlo auditando al gran capital, subiendo los salarios y persiguiendo el fraude. Vender la vejez al mercado no es modernizar el Estado; es desarmarlo.
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