En la política contemporánea, el Estado moderno se define por el monopolio de la coerción física legítima. Sin embargo, esa legitimidad no constituye un axioma inmutable, sino que depende directamente de la neutralidad, del sometimiento al principio de legalidad y de la estricta observancia del criterio de proporcionalidad. La persistente asimetría que vemos en las actuaciones policiales en el control de manifestaciones, caracterizada por una contención severa y disuasoria frente a la movilización social y antifascista, en contraste con la condescendencia o inacción ante expresiones de la extrema derecha, representa un fenómeno lo suficientemente relevante para merecer un análisis por parte de las instituciones democráticas.
Este doble rasero en cómo se gestionan estas manifestaciones en el espacio público no son reflejo de un desajuste táctico u operativo, más bien al contrario, parecen responder a dinámicas de carácter ideológico e institucional que ponen patas arriba los fundamentos del Estado de derecho.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad no operan en un vacío sociocultural, sino que su actuación evidencia una sociología policial demostrativa de que las unidades encargadas del mantenimiento del orden público tienden a desarrollar un marcado perfil conservador, y esa marcada identidad incide de manera directa en como los agentes evalúan el entorno. Tal vez eso explico que veamos como una movilización social y antifascista, tienden conceptualizarla como un "desafío al orden establecido", lo que los lleva a creer que el uso de la fuerza coercitiva está justificado como una medida de prevención o neutralización de supuestas amenazas sistémicas. Por el contrario, ante una movilización de la extrema derecha, es vista como una "defensa de la identidad nacional", lo que debe generarles una menor percepción de riesgo, y eso da lugar a una contención pasiva, incluso en escenarios donde se vulneran normas administrativas o se producen discursos de odio.
La discrecionalidad operativa que el ordenamiento jurídico otorga a los mandos intermedios y de intervención sobre el terreno se convierte en una reproducción de sesgos ideológicos, transformando la actuación de la fuerza pública en algo asimétrico.
Pero no sería justo atribuir la desproporción exclusivamente al criterio individual. La actuación policial es el último eslabón de una cadena institucional cuya cúspide ostenta la responsabilidad directiva e indelegable. El Ministerio del Interior es el que fija la doctrina de seguridad y el deber constitucional de velar por la corrección del funcionamiento del aparato estatal. Abstenerse en la apertura de expedientes disciplinarios, permitir la opacidad en las investigaciones internas o ver lógica la justificación retórica sistemática de la actuación policial generan un régimen de impunidad efectiva. Con frecuencia, priorizan una lógica de "paz institucional" mediante la complacencia con el estamento policial, evitando el coste político de encarar reformas estructurales a expensas de la vulneración de derechos fundamentales.
Las Delegaciones del Gobierno, en su calidad de autoridad competente para la ponderación entre la seguridad ciudadana y el derecho de reunión, ejercen un papel determinante. La autorización de trazados de riesgo para colectivos ultras o el establecimiento de dispositivos desproporcionadamente restrictivos para manifestaciones de izquierdas reflejan una quiebra en la neutralidad administrativa, supeditando el ejercicio de derechos fundamentales a criterios de conveniencia política o sesgo de riesgo.
Esta aplicación selectiva de la coacción estatal genera consecuencias graves. Los ciudadanos perciben una quiebre de la neutralidad al contemplar instrumentalización ideológica del aparato coercitivo, se está despojando a la policía de su rol de garante de las libertades ciudadanas, con lo que su función se reduce a la de un actor político faccioso.
La represión sobre la disidencia política produce un efecto en la ciudadanía de temor a la violencia física institucional o a sanciones administrativas arbitrarias, lo que desincentiva la participación en la esfera pública y erosiona el ejercicio efectivo del derecho a la protesta. Y algo que personalmente me parece muy grave, como es que esa permisividad ante la extrema derecha está contribuyendo a que se institucionalicen marcos discursivos antidemocráticos en el debate público, concediendo a estos sectores una impunidad para actuar a su libre albedrío en el espacio público.
El Estado de derecho no se demuestra en la mayoro menor capacidad punitiva del aparato de seguridad, sino en la garantía efectiva de que el ejercicio de las libertades públicas está preservado frente a cualquier forma de arbitrariedad institucional. Esta tolerancia con la desproporción de las actuaciones policiales según la filiación ideológica del manifestante, no es una defensa de la legalidad, sino la demostración de cómo se ha consolidado un ejercicio asimétrico del ejercicio de las Fuerzas de Seguridad estatal ,incompatibles con los estándares y las normas de una democracia plural.
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