El ministro de Transportes ha solicitado comparecer este jueves a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda. Además, mañana volverá a ofrecer una rueda de prensa “para seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario”.
Existen momentos en la vida pública en los que el cálculo táctico y la lógica mediática deben rendirse ante la gravedad de los hechos. Si la política progresista pretende seguir exigiendo el esfuerzo fiscal de la ciudadanía para sostener nuestras infraestructuras e instituciones, debe ser implacable en el nivel de exigencia hacia quienes las dirigen.
La tragedia de Urda ha conmocionado las entrañas del país, dejando una cicatriz colectiva que no se borrará con excusas ni con circunloquios técnicos. Tras la primera y obligada fase de urgencia, donde la función del Ministerio de Transportes consistía en volcar todos los recursos disponibles para socorrer a las víctimas y coordinar a los equipos de emergencia, se abre paso la ineludible hora de la política con mayúsculas: la hora de las responsabilidades.
Desde una visión comprometida con la defensa de las instituciones públicas, sostener que la responsabilidad política acaba en la atribución de fallos humanos a los eslabones del sistema o a errores técnicos fortuitos acaba convirtiéndose en un error, y mayor en este ambiente de polarización en que vivimos. Un Estado fuerte no está para utilizarse como escudo protector de sus altos cargos, como siempre ha hecho y hace la derecha, sino para garantizar la seguridad, el bienestar y la dignidad de la mayoría social. Por ello, cuando el Estado falla en un pilar tan fundamental como para nuestro país es la alta velocidad, la cúspide del departamento afectado debe ser la primera en encarnar la rendición de cuentas.
La dimisión voluntaria y meditada del ministro de Transportes, una vez garantizada la gestión inmediata de la emergencia y puestas a disposición judicial todas las evidencias, no representa una claudicación. Al contrario: es el acto de mayor dignidad institucional disponible, porque no somos iguales a la derecha, aunque sea algo a lo que, por desgracia, no estamos acostumbrados. En la tradición democrática, la responsabilidad ministerial no requiere de una imputación penal ni de una negligencia directa personal; requiere la valentía de reconocer que bajo la propia tutela ha ocurrido una catástrofe inaceptable e inasumible.
Dimitir en estas circunstancias cumple una triple función ética y estratégica. En primer lugar, coloca el respeto a las víctimas y a sus familias por encima de cualquier carrera política. En segundo lugar, quita presión a la crisis, retirando el foco de la disputa partidista diaria y permitiendo que las comisiones técnicas y la justicia trabajen con la ecuanimidad necesaria. Y, en tercer lugar, y quizá lo más decisivo para el futuro del proyecto colectivo, la renuncia protege al propio concepto de lo público.
Lejos de ser una admisión de culpa personal o un reconocimiento de dolo, dar un paso al lado y presentar la dimisión debe entenderse como la máxima expresión de la responsabilidad política. En una democracia madura, un ministro no renuncia porque sea el autor material de la catástrofe, sino porque asume el deber ineludible de que la institución a su cargo responda ante la ciudadanía, separando el dolor de las familias y la búsqueda de la verdad de cualquier sombra de aferrarse al poder.
Permitir que la sospecha de aferramiento al cargo o el cruce de acusaciones, empañen la labor de los miles de profesionales que día a día hacen funcionar el país, es un lujo que la democracia no se puede permitir. La lealtad al servicio público no se demuestra resistiendo en el puesto a toda costa, sino sabiendo cuándo la propia retirada es el único camino para devolver la confianza a los ciudadanos en un proyecto.
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