Hubo un momento, previo a la convocatoria, en el que la duda táctica sobrevoló
a muchos sectores de la izquierda social y sindical. ¿Era este el momento idóneo?
¿Se medían bien los tiempos? Sin embargo, la realidad material ha resultado
inapelable y se ha encargado de barrer cualquier atisbo de vacilación. Cuando la
vida cotidiana de las clases populares se convierte en un asunto de supervivencia,
la neutralidad deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. La
Huelga General del próximo 11 de noviembre no solo es oportuna sino una radical
y absoluta necesidad histórica.
Estamos asistiendo a una ofensiva reaccionaria que apuesta por un modelo de
precarización total. Basta mirar la alternativa que la derecha y la extrema
derecha, hoy defensoras a ultranza de los dogmas que el neoliberalismo más
salvaje, tiene diseñados para el mundo del trabajo, para entender la urgencia de
esta huelga general. No estamos ante meras discrepancias ideológicas, sino ante
un plan sistemático de supresión de derechos.
Comprobar el seguidismo con las políticas de Milei causa terror. Proponen un
horizonte laboral donde se normalizan las 48 horas semanales de trabajo y se
institucionaliza el robo del tiempo a través de horas extras no retribuidas.
Pretenden implantar un periodo de prueba de 12 meses para cualquier contrato
que convierte el empleo en una tómbola de usar y tirar, reducir drásticamente
las indemnizaciones por despido para abaratar el coste de echarnos a la calle, e
incluso rebajar al 50% los días de baja por incapacidad temporal que pasa al
control de las Mutuas, castigando doblemente a quienes enferman.
Por si esas propuestas, ya aplicadas en Argentina, aun fueran poco, incluyen la
imposición de un salario variable que traslada el riesgo empresarial al bolsillo del
trabajador, al tiempo que buscan amordazar la disidencia limitando por ley el
derecho de huelga y condicionando la celebración de asambleas a la explícita
autorización de la empresa. Frente a este modelo de sumisión patronal, la única
respuesta democrática de la clase trabajadora es el bloqueo de la producción.
Es una emergencia material la situación del acceso a vivienda, la precariedad de
los salarios y el inasumible coste de la cesta de la compra. La Huelga del 11-N
responde a esa triple pinza que asfixia a la mayoría social. En primer lugar, la
vivienda se ha convertido en un auténtico artículo de lujo. Comprar una casa es
una quimera inalcanzable para la inmensa mayoría, y un alquiler inasumible que
devora la nómina, golpeando con saña a la juventud, pero atrapando también a
familias enteras de cualquier sector y edad bajo la bota de la especulación
inmobiliaria y los fondos buitre. Los salarios están condenados al estancamiento,
suben a duras penas y demuestran que trabajar ya no garantiza vivir con
dignidad. La escalada desbocada de los precios de alimentos y combustibles
amenaza directamente la subsistencia más elemental. La clase trabajadora no
puede seguir pagando la factura de una crisis que no ha generado.
¿Por qué ahora y no antes? Pues porque es la calle quien ha tomado el relevo en
los centros de trabajo y los problemas estructurales ya estaban ahí, y es evidente
el desborde social. La calle lleva tiempo rugiendo en manifestaciones
multitudinarias de personas exigiendo un freno al drama de la vivienda. Es lógico
que las organizaciones sindicales de clase no miren hacia otro lado. Se ha tratado
desacreditar a los sindicatos acusándolos de inactividad, una falacia interesada,
bastan contemplar cifras como que solo en Castilla-La Mancha, en los últimos
años, se han tramitado más de mil conflictos colectivos, convocado huelgas y
movilizado a más de doscientas mil personas afectadas.
Abordar el 11-N desde la perspectiva castellanomanchega exige poner sobre la
mesa los rostros y los números de nuestra región, donde las debilidades
estructurales agudizan cada zarpazo de la situación. En nuestra comunidad
autónoma, entre 22.000 y 25.000 personas dependen directamente del subsidio
para mayores de 52 años, un pilar fundamental en un territorio con una pirámide
demográfica envejecida y serias dificultades de recolocación laboral sénior. A esto
se suman los miles de hogares que malviven bajo la red de seguridad del Ingreso
Mínimo Vital, y los 388.806 pensionistas de Castilla-La Mancha, tres colectivos a
los que si hoy la inflación desbocada y los recortes decapitan estas rentas
asistenciales y pensiones. Las propuestas que se plantean desde la derecha y la
patronal son una sentencia de muerte social para nuestra Comunidad Autónoma.
A esto se suma un mercado laboral castigado por la periferia económica. Castilla-
La Mancha sufre un modelo productivo excesivamente dependiente del sector
servicios de baja intensidad, la logística precaria y un campo castigado por los, a
menudo, abusivos márgenes de la cadena alimentaria. La aplicación de las
recetas de la derecha tendría un efecto devastador en provincias donde los
convenios colectivos ya arrastran una histórica brecha de precariedad respecto
al centro del Estado.
En conclusión, la huelga general del 11 de noviembre no es un capricho sino un
acto de legítima defensa colectiva. La clase trabajadora castellanomanchega no
puede tolerar que le roben el presente y el futuro en nombre de la rentabilidad
del capital.
Cuando los cimientos de la vida digna (el pan, el techo y el salario) están bajo
mínimos, la única respuesta a la altura de la historia es decir basta. El 11-N, la
Huelga General es empezar a reconstruir la esperanza.
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