Vivir en el seno de un país desarrollado nos otorga estándares de bienestar, pero a menudo nos sumerge en una peligrosa ilusión: la creencia de que el riesgo cero es un derecho adquirido y que el error o la tragedia son siempre imputables a la malicia deliberada del adversario político. Sin embargo, una mirada sensata nos obliga a despojarnos de las anteojeras partidistas para reencontrarnos con la fragilidad de nuestra condición humana.
A lo largo de nuestra historia reciente, el dolor ha golpeado en diferentes catástrofes y accidentes dolorosos, desde el Yak 42 o el descarrilamiento en Santiago de Compostela, el metro de Valencia o los estragos de una DANA. La vulnerabilidad habita en las costuras de cualquier sociedad avanzada. Pretender que la fatalidad no existe, o instrumentalizar el dolor ajeno para demoler al rival político no solo envilece el debate público, sino que desatiende lo realmente esencial: el cuidado de la vida humana.
Necesitamos una política adulta guiada por la altura de miras, que es la que los ciudadanos merecemos. Un ejercicio de madurez colectiva en el que la oposición y el Gobierno fueran capaces de remar en una misma dirección ante la desgracia, y donde la autocrítica no se perciba como una debilidad, sino como una virtud democrática. Resultaría tranquilizador escuchar a líderes como Feijóo reconocer las insuficiencias presupuestarias en el mantenimiento de infraestructuras durante sus propios mandatos, al igual que cabría exigir al Ejecutivo actual un análisis sincero sobre la priorización del crecimiento en kilómetros frente a la inversión preventiva en seguridad y mantenimiento. La política debería ser el arte de prevenir el sufrimiento y gestionar con sensatez los recursos limitados, no un ring permanente de acusaciones infundadas.
La democracia exige también un riguroso respeto por los cauces de la justicia y la verdad institucional. Quien acuse, que aporte pruebas ante los tribunales; de lo contrario, la difamación sin sustento erosiona los cimientos de la convivencia. Del mismo modo, ante cualquier accidente o crisis, los organismos de investigación y la justicia deben actuar con total transparencia para que las explicaciones pertinentes salgan a la luz. La confianza en nuestras instituciones solo se puede sustentar en la certeza de que no existen ocultamientos ni maniobras oscuras, sino un compromiso firme con la verdad y la rendición de cuentas.
Nos urge replantearnos qué país queremos ser y cómo podemos lograrlo. No podemos permitirnos seguir atrapados en una polarización estéril ni un minuto más. Es momento de recuperar la cordura, priorizar el bien común por encima del cálculo electoral y edificar una democracia donde la ética del cuidado y la verdad restituyan la confianza ciudadana.
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