La política española asiste a la consolidación de un fenómeno tan inquietante como peligroso para la convivencia democrática: la siembra sistemática de dudas sobre el sistema electoral. Asistimos a una estrategia calculada de deslegitimación institucional bajo la sombra de la llamada Ley de Nietos (mecanismo amparado por la Ley de Memoria Democrática) y la insistente estigmatización del voto por correo.
Cuando el lider de la oposición agita el fantasma de «2,4 millones de nuevos votantes fabricados» por el Gobierno en el exterior, no estamos solo ante una discrepancia contable ni ante un lapsus en el debate parlamentario. Estamos ante una manipulación consciente de las magnitudes del censo. Esos 2,4 millones representan la totalidad del CERA (el censo histórico acumulado durante décadas de la emigración española), no el grupo de personas que han adquirido la nacionalidad mediante la legislación reciente, y que realmente, afectados por las disputas judiciales en torno a la instrucción de la ley, no superan los 163.000 ciudadanos.
Más allá de los datos, el fondo de la cuestión es muy grave: una parte sustancial de esos 163.000 nuevos españoles no solo obtuvo su condición conforme al marco legal y administrativo más riguroso, sino que ya ejercieron legalmente su derecho al voto en las elecciones generales de 2023 y en los comicios autonómicos posteriores. Pretender revisar o poner bajo la lupa la legitimidad de votos ya depositados y contabilizados vulnera de forma directa el principio básico de seguridad jurídica y amenaza con eliminar derechos políticos consolidados a miles de españoles.
Resulta especialmente paradójico que esta cruzada provenga de las filas del Partido Popular. Quienes hoy denuncian «ingeniería censal» promovieron en el pasado, concretamente desde Galicia) la facilitación del sufragio de los emigrantes. La contradicción es evidente: cuando el voto exterior se percibía como un feudo sociológico conservador, su ampliación constituía un «acto de justicia histórica»; cuando la adquisición de la nacionalidad se vincula a la memoria del exilio y a la reparación democrática, pasa a etiquetarse como «pucherazo».
Esta táctica, sumada a la recurrente puesta en duda de la transparencia de Correos y de la Junta Electoral Central, busca construir un relato de “prevención”. Es anticiparnos antes del 29N la narrativa de la «elección robada»: si el resultado electoral favorece a la mayoría progresista, la victoria queda manchada por la sospecha; si favorece a la derecha, el sistema recuperará milagrosamente su pulcro funcionamiento.
El sistema electoral español es uno de los más garantistas y seguros del entorno europeo. Garantizar la salud democrática de nuestro país exige no ceder ni un milímetro ante el marco de las sospechas infundadas. Frente al ruido y las cifras abultadas, a las fuerzas progresistas nos corresponde una doble tarea: hacer pedagogía firme en defensa de nuestras instituciones y defender la memoria y la plena ciudadanía de quienes jamás debieron perder su vínculo con España.
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