A veces la política no solo se ejerce en el plano legislativo u orgánico; sobre todo, es llamativa en el plano simbólico. Toda estructura de poder necesita liturgias que refuercen su legitimidad y su jerarquía. La reciente visita de los reyes a Ceuta y Melilla, acompañada de vítores, estética patriótica y baños de masas, funciona como un recordatorio de cómo la puesta en escena institucional busca invisibilizar las contradicciones profundas de nuestro sistema político.
La monarquía en España arrastra un problema de legitimidad de origen y de desempeño. Como bien señala la memoria histórica, la institución monárquica restaurada no surgió de un proceso constituyente soberano e independiente, sino de un pacto de continuidad ligado al régimen franquista. Los baños de masas y el fervor patriótico en plazas abarrotadas no son una novedad. Personalmente me evocan la misma ingeniería de consenso de masas que durante décadas utilizó la dictadura, donde a la población civil nos convertían en un mero atrezo de bandera y sumisión ante el paso de las autoridades. Sin embargo, el problema central no es solo lo que la liturgia muestra, sino lo que oculta de forma deliberada.
Me centraré en Ceuta. Existe una Ceuta de barrios marginales, de "gente sin banderas", golpeada por la desigualdad estructural, la exclusión socioeconómica y el abandono institucional. Existe una frontera militarizada donde las vulneraciones de derechos hacia las personas migrantes son sistemáticamente ignoradas. Existen miembros de nuestro ejército cuyas frases avergüenzan a cualquiera. Pero la Jefatura del Estado elige dar la espalda a esa realidad. Al obviar la desigualdad y las violencias que ocurren en las periferias de la ciudad autónoma, la Monarquía demuestra que su función pacificadora y unificadora es ciencia ficción: no representa al conjunto de la ciudadanía, sino a una determinada concepción nacional excluyente y conservadora.
A esto se suma un fenómeno cada vez más evidente: la creciente politización e instrumentalización de la figura real. La Constitución atribuye al monarca un papel de arbitrio y neutralidad, pero en la práctica observamos una paulatina deriva hacia un perfil ideologizado que conecta con los discursos más reaccionarios del nacionalismo español. El rey no acude a reconvenir las injusticias ni a fiscalizar la violencia institucional en las calles; acude a validar un relato de adhesión incondicional.
Para los residuos del franquismo que siguieron vivos durante la Transición y lo siguen estando hoy, las banderas flameando en las plazas saben que impiden ver las deficiencias del sistema. Pero la democracia no se mide por la cantidad de fervor patriótico que un jefe de Estado no electo pueda convocar, sino por la garantía de los derechos de los sectores más vulnerables. Mientras la institución monárquica siga prefiriendo la puesta en escena de la adhesión incondicional frente al compromiso con los derechos humanos y la justicia social, seguirá siendo un anacronismo al servicio de las élites y un constante recordatorio de las sombras de nuestro pasado.
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