Del bolsonarismo a la península ibérica

Las derrotas electorales de las derechas reaccionarias ya no se aceptan en las urnas; se impugnan en los platós, se retuercen en las redes y se combaten en las instituciones. La experiencia reciente en América Latina y Estados Unidos nos ha enseñado que el neofascismo contemporáneo entiende la democracia no como un marco inalterable de convivencia, sino como una herramienta para su contienda permanente. Cuando el resultado de las urnas desafía sus intereses de clase y su hegemonía patrimonial, las reglas del juego pasan a ser consideradas de "fraude" y el gobierno resultante, de "usurpador".

El padre del candidato brasileño de ayer, Jair Bolsonaro, encarnó la variante visceral de esta deriva. Tras perder ante Lula da Silva en 2022, el bolsonarismo no solo recurrió al silencio táctico o al asedio físico que culminó el 8 de enero en Brasilia; su pilar maestro fue el sistema mediático paralelo construido durante años. A través de una densa red de desinformación, cadenas de mensajería privada y medios afines, se inoculó en millones de brasileños la certeza de que la victoria de la izquierda era matemáticamente imposible sin la concurrencia del fraude y del delito. Veremos cómo actúa su hijo ahora tras los resultados de ayer.

Traslademos esa situación al contexto español y simulemos un escenario en el que el bloque de investidura progresista vuelve a revertir las encuestas y a revalidar el gobierno, el patrón estructural resulta idéntico. En el ámbito de la Unión Europea, no veremos muchedumbres asaltando sedes parlamentarias. La verdadera artillería destituyente en España no lleva pasamontañas ni asalta edificios: viste de etiqueta en los prime time de la televisión, redacta portadas y acapara la tertulia diaria.

En este escenario de remontada electoral de la izquierda, la gran maquinaria mediática conservadora y ultraconservadora no actuaría como un mero observador del proceso político, sino como el auténtico estado mayor de la oposición. Antes de que el recuento electoral haya concluido, las terminales mediáticas afines activarán el relato de la anomalía democrática. No necesitarán demostrar un fraude técnico en el escrutinio; les bastará con instalar la idea de un "pucherazo moral". A través del bombardeo diario sobre el uso "partidista" de las instituciones públicas o la denuncia furibunda de los acuerdos con las fuerzas plurinacionales, los medios convertirán la mayoría parlamentaria legal en una "dictadura disimulada" o un "gobierno Frankestein" carente de validez ética. Ya lo hicieron.

La contienda política abandonará los parámetros de la gestión económica o los derechos sociales para librarse en el terreno de la víscera y la identidad. Los editoriales, los titulares sensacionalistas y las tertulias radiofónicas y televisivas actuarán como cámaras de eco para normalizar discursos extremistas. Se generará un clima de asfixia respiratoria en la conversación pública donde cualquier pacto del Ejecutivo se presentará como una alta traición a la Patria, justificando implícitamente cualquier vía de sabotaje institucional. Ya lo hicieron.

Existe una retroalimentación entre el titular escandaloso y la querella judicial. Un titular fabricado a partir de filtraciones interesadas o denuncias de asociaciones afines sirve de base para abrir causas judiciales; a su vez, la apertura de diligencias abre los informativos durante semanas, retroalimentando el juicio paralelo y el desgaste moral del Ejecutivo antes de que exista veredicto alguno. Los medios no informan sobre la contienda judicial: la producen. Ya lo hicieron.

¿Qué debemos aprender? La lección que nos deja el análisis comparado de la extrema derecha de Brasilia a Madrid es contundente. La contestación al poder popular ha privatizado y mediatizado sus mecanismos de presión. Para la izquierda, ganar en las urnas es solo el primer paso; el verdadero desafío radica en resistir la embestida de una hegemonía mediática que buscará erosionar la soberanía popular golpe a golpe, titular a titular. Ya lo hicieron.

Frente al asedio del sistema mediático reaccionario, la única respuesta viable para el progresismo pasa por la audacia legislativa, el reequilibrio del mapa comunicativo y la democratización profunda del derecho a una información veraz. Esto sigue aún necesitamos hacerlo.

Asimetría gestionando el orden público

En la política contemporánea, el Estado moderno se define por el monopolio de la coerción física legítima. Sin embargo, esa legitimidad no constituye un axioma inmutable, sino que depende directamente de la neutralidad, del sometimiento al principio de legalidad y de la estricta observancia del criterio de proporcionalidad. La persistente asimetría que vemos en las actuaciones policiales en el control de manifestaciones, caracterizada por una contención severa y disuasoria frente a la movilización social y antifascista, en contraste con la condescendencia o inacción ante expresiones de la extrema derecha, representa un fenómeno lo suficientemente relevante para merecer un análisis por parte de las instituciones democráticas.

Este doble rasero en cómo se gestionan estas manifestaciones en el espacio público no son reflejo de un desajuste táctico u operativo, más bien al contrario, parecen responder a dinámicas de carácter ideológico e institucional que ponen patas arriba los fundamentos del Estado de derecho.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad no operan en un vacío sociocultural, sino que su actuación evidencia una sociología policial demostrativa de que las unidades encargadas del mantenimiento del orden público tienden a desarrollar un marcado perfil conservador, y esa marcada identidad incide de manera directa en como los agentes evalúan el entorno. Tal vez eso explico que veamos como una movilización social y antifascista, tienden conceptualizarla como un "desafío al orden establecido", lo que los lleva a creer que el uso de la fuerza coercitiva está justificado como una medida de prevención o neutralización de supuestas amenazas sistémicas. Por el contrario, ante una movilización de la extrema derecha, es vista como una "defensa de la identidad nacional", lo que debe generarles una menor percepción de riesgo, y eso da lugar a una contención pasiva, incluso en escenarios donde se vulneran normas administrativas o se producen discursos de odio.

La discrecionalidad operativa que el ordenamiento jurídico otorga a los mandos intermedios y de intervención sobre el terreno se convierte en una reproducción de sesgos ideológicos, transformando la actuación de la fuerza pública en algo asimétrico.

Pero no sería justo atribuir la desproporción exclusivamente al criterio individual. La actuación policial es el último eslabón de una cadena institucional cuya cúspide ostenta la responsabilidad directiva e indelegable. El Ministerio del Interior es el que fija la doctrina de seguridad y el deber constitucional de velar por la corrección del funcionamiento del aparato estatal. Abstenerse en la apertura de expedientes disciplinarios, permitir la opacidad en las investigaciones internas o ver lógica la justificación retórica sistemática de la actuación policial generan un régimen de impunidad efectiva. Con frecuencia, priorizan una lógica de "paz institucional" mediante la complacencia con el estamento policial, evitando el coste político de encarar reformas estructurales a expensas de la vulneración de derechos fundamentales.

Las Delegaciones del Gobierno, en su calidad de autoridad competente para la ponderación entre la seguridad ciudadana y el derecho de reunión, ejercen un papel determinante. La autorización de trazados de riesgo para colectivos ultras o el establecimiento de dispositivos desproporcionadamente restrictivos para manifestaciones de izquierdas reflejan una quiebra en la neutralidad administrativa, supeditando el ejercicio de derechos fundamentales a criterios de conveniencia política o sesgo de riesgo.

Esta aplicación selectiva de la coacción estatal genera consecuencias graves. Los ciudadanos perciben una quiebre de la neutralidad al contemplar instrumentalización ideológica del aparato coercitivo, se está despojando a la policía de su rol de garante de las libertades ciudadanas, con lo que su función se reduce a la de un actor político faccioso.

La represión sobre la disidencia política produce un efecto en la ciudadanía de temor a la violencia física institucional o a sanciones administrativas arbitrarias, lo que desincentiva la participación en la esfera pública y erosiona el ejercicio efectivo del derecho a la protesta. Y algo que personalmente me parece muy grave, como es que esa permisividad ante la extrema derecha está contribuyendo a que se institucionalicen marcos discursivos antidemocráticos en el debate público, concediendo a estos sectores una impunidad para actuar a su libre albedrío en el espacio público.

El Estado de derecho no se demuestra en la mayoro menor capacidad punitiva del aparato de seguridad, sino en la garantía efectiva de que el ejercicio de las libertades públicas está preservado frente a cualquier forma de arbitrariedad institucional. Esta tolerancia con la desproporción de las actuaciones policiales según la filiación ideológica del manifestante, no es una defensa de la legalidad, sino la demostración de cómo se ha consolidado un ejercicio asimétrico del ejercicio de las Fuerzas de Seguridad estatal ,incompatibles con los estándares y las normas de una democracia plural.

Gracias por las felicitaciones

 Gracias a todas y todos los que me habéis hecho llegar vuestras felicitaciones por este setenta y un cumpleaños.

En agradecimiento os dejo la letra de la canción escrita por Roger Waters (Pink Floyd) titulada “Tiempo”. Es una de las composiciones más emblemáticas de la banda británica, y corresponde a su álbum The Dark Side of the Moon, publicado en 1973. La podéis escuchar en el enlace que os dejo al final de la letra: 

Buscando cualquier distracción para pasar un día aburrido.

Malgastando las horas de forma despreocupada. 

Dando vueltas en un terreno en tu ciudad natal. 

Esperando a que alguien o algo te muestre el camino. 

Cansado de estar tumbado al sol. 

Quedándome en casa para ver la lluvia.

 Eres joven y la vida es larga 

Y hoy hay tiempo de sobra para perder. 

Pero un día descubres 

Que diez años se han quedado atrás de ti. 

Nadie te dijo cuando correr. 

Te perdiste el pistoletazo de salida 

Y corres y corres para alcanzar el sol 

Pero se está hundiendo 

Corriendo para venir detrás de ti otra vez 

El sol es el mismo de una manera relativa 

Pero eres mayor 

Te falta el aire 

Y estás un día más cerca de la muerte 

Cada año se hace más corto 

Nunca parece haber tiempo 

Planes que fracasan 

O media página de líneas garabateadas (ah, ah) 

Aguantando en silenciosa desesperación 

Es el modo inglés 

Se acabó el tiempo, se acabó la canción 

Pensé que tendría algo más que decir.

A casa, a casa otra vez  

Me gusta estar aquí cuando puedo 

Y cuando vuelvo a casa, frío y cansado 

Es bueno calentar mis huesos junto al fuego. 

Muy lejos, al otro lado del campo 

El tañido de la campana de hierro 

Llama a los fieles a ponerse de rodillas 

Para escuchar los hechizos suavemente pronunciados 

Feijóo y la ruta hacia la involución

Las recientes declaraciones de Feijóo, ayer y hoy, no son simples deslices dialécticos ni ocurrencias aisladas de campaña. Son la radiografía perfecta de un proyecto ideológico que asume, sin complejos, el programa de la derecha extrema. Bajo una pretendida moderación institucional, el candidato del PP dibuja un horizonte de claro retroceso en derechos sociales y laborales, evidenciando una estrategia política tan peligrosa como calculada.

El primer gran eje de esta involución afecta directamente a los derechos de las mujeres y a la autonomía individual. Reabrir el debate sobre el derecho al aborto, cuestionando la capacidad de decisión de las jóvenes de 16 y 17 años al exigir tutelas parentales, supone una intromisión inaceptable en los cuerpos de las menores. 

A esto se suma el anuncio más palmario de su deriva: la eliminación explícita del Ministerio de Igualdad y su disolución en otras carteras. No estamos ante una mera reestructuración burocrática, sino ante un mensaje político de profunda carga simbólica. Es la pérdida de peso institucional de las políticas de género y de la lucha contra la violencia machista, rebajadas a ser una molestia menor que (según la cínica visión del líder popular) apenas ocupa unas horas de trabajo.

Un segundo pilar es el plano socioeconómico. El proyecto de Feijóo se alinea sin fisuras con los intereses de la patronal. Condicionar futuras subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al visto bueno de la CEOE es despojar al Estado de su función correctora de las desigualdades del mercado laboral, subordinando el poder adquisitivo de la clase trabajadora a la voracidad empresarial. 

Este argumentario falaz se complementa con falsedades sobre la «viabilidad» de las pensiones públicas o con la promesa de reformar restrictivamente la ley de eutanasia, anteponiendo la burocracia médica a la dignidad y la libertad de la persona en el tramo final de su vida. 

Y en este "cocidito" madrileño en el que se ha convertido su programa electoral, todo lo anterior lo aliña con la anunciada derogación de la Ley de Memoria Democrática, un síntoma evidente de la resistencia de la derecha española a homologarse con los estándares democráticos avanzados en Europa.

Detrás de este catálogo de recortes de derechos que ya dábamos por consolidados, se esconde una táctica claramente definida. Por un lado, Feijóo asume con total naturalidad la integración de Vox en el Consejo de Ministros si la aritmética parlamentaria lo exige, diluyendo cualquier cordón sanitario y blanqueando a la ultraderecha. Por otro, practica una calculada ambigüedad en los temas más sensibles para intentar no espantar al electorado de centro, mientras satisface a los más reaccionarios de su flanco derecho.

El plan de la derecha ya no se oculta. Los eufemismos de antaño han dado paso a lo que es realmente la ideología del PP, nada de partido de centro, sino un partido sumiso a Vox por interés electoralista. Los ejemplos los tenemos ya en donde gobiernan. en coalición. 

La pregunta que queda por responder es si esta asunción, ya sin absolutamente ninguna crítica del ideario ultra, logrará movilizar a su base más conservadora o si, por el contrario, alertará a una mayoría social de que el 29 N lo que se vota no es como anuncian "echar a Sánchez" sino eliminar todas las conquistas democráticas de años que cualquier ciudadano español debería calificar de irrenunciables.

Muy seguros deben estar de la fidelidad de que su electorado entre los trabajadores está absolutamente anestesiado, como para no darse cuenta de que sus pensiones, sus salarios y la totalidad de derechos de la mujer van a ser demolidos. 

Ya no se debe hablar de fachapobres. Ahora los han convertido en sus fachabobos.

El 'ladrillismo mágico' de Feijoo

Hay promesas electorales que no están diseñadas para ser cumplidas, sino para adormecer conciencias. La reciente propuesta de Feijóo de levantar un millón de viviendas en una sola legislatura no pertenece al ámbito de la política pública seria; pertenece al género de la ciencia ficción  o la especulación. Que no te engañen, esta es la resurrección del viejo fetiche del "ladrillismo mágico", una fórmula neoliberal que intenta responder a una crisis estructural del derecho a la vivienda volviendo a las mismas recetas de sobreproducción y desregulación que ya colapsaron nuestro país en 2008.

Sin embargo, esta propaganda política, choca con las matemáticas y la macroeconomía que son las que son no las que se quieren. Basta confrontar el titular del PP con la realidad industrial de la España actual para comprobar que su promesa no es solo inviable, sino técnicamente imposible.

El plan Feijoo ignora la física elemental de la producción. En España se terminan actualmente entre 80.000 y 90.000 viviendas al año. Triplicar ese ritmo hasta alcanzar las 250.000 anuales exigiría un despliegue de mano de obra que sencillamente no existe. Según la propia Confederación Nacional de la Construcción, el sector arrastra un déficit estructural de más de 700.000 trabajadores. Tras el estallido de la burbuja, la plantilla  de la construcción envejeció drásticamente y las condiciones del sector no son precisamente atractivos para las nuevas generaciones. ¿De dónde saldrán los cientos de miles de obreros necesarios para levantar ese millón de casas? Estamos ante una nueva  contradicción grotesca: sin una política activa de inmigración regularizada y derechos laborales dignos, no hay brazos para poner un solo ladrillo.

Luego se ve como el plan colisiona contra los costes de producción. Tras las crisis de suministros e inflación energética de los últimos años, el precio del cemento, el acero y la cerámica se mantiene en máximos. Una demanda masivo de estos materiales conlleva provocar un shock al intentar construir 250.000 pisos por año lo que conllevaría  una escalada brutal en los costes de los materiales. La consecuencia no sería una vivienda más barata, sino más encarecida y que el presupuesto público no podría subvencionar y el ciudadano de a pie no podría pagar.

Otro gran engaño es la "trampa del suelo". La teoría conservadora insiste en que el problema es puramente burocrático y que bastaría con desregular, debilitar los controles ambientales y declarar el silencio administrativo positivo para que las grúas aparezcan mágicamente. La realidad técnica es que transformar suelo rústico en urbanizado exige un tiempo medio de desarrollo de entre 7 y 12 años para dotarlo de accesos, agua, luz y saneamiento. Las infraestructuras no se crean mediante decretos electorales. Además, gran parte del suelo finalista disponible no está en Madrid, Barcelona, Málaga o Baleares que es donde hay más gente desesperada por un techo, sino en periferias donde no existe tal presión residencial.

Y, por último, ¿quién financiará este megaproyecto? Los expertos lo estiman en más de 150.000 millones de euros de coste. Para el PP, la respuesta siempre es el mercado privado. Pero los promotores y los fondos de inversión no operan bajo criterios de necesidad social, sino de margen de rentabilidad. Lanzar un millón de pisos al mercado hundiría los precios , lo que estaría muy bien, pero como reduciría los márgenes de beneficio ¿Alguien piensa que el propio sector privado no paralizaría la edificación para proteger sus beneficios? Y la otra propuesta paralela de la derecha es la de regalar avales públicos del 100% e incentivos fiscales a los arrendadores, tendremos que el dinero público de nuestros impuestos terminará, una vez más, inflando las rentas de los grandes tenedores y los fondos buitre.

El diagnóstico es muy claro y evidente: el problema de la vivienda en España no es un problema de oferta cuantitativa, sino de distribución, especulación y acceso. Prometer construir un millón de pisos sin tocar a los grandes tenedores, sin regular los precios del alquiler y sin blindar de forma permanente un parque público de vivienda (como hacen las democracias europeas más avanzadas) es volver de nuevo a la casilla de salida.

La propuesta de Feijóo es el enésimo espejismo de una derecha que sigue concibiendo la vivienda como un activo financiero para enriquecer al mercado, en lugar de como un derecho constitucional para garantizar la dignidad de la clase trabajadora. No necesitamos más cemento para alimentar a los especuladores; necesitamos voluntad política para subordinar el mercado al bien común.

Page y el arte de nadar con flotador.

Desde que Ferraz y La Moncloa apretaron el botón del adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre, el reloj político español se ha acelerado de forma vertiginosa. Sin embargo, si uno repasa las hemerotecas regionales de estas últimas semanas en Castilla-La Mancha, da la sensación de que García-Page habita en una coordenada temporal completamente distinta. En lugar de cerrar filas ante la contienda que se avecina contra el avance de las derechas, decisiva para el que es su partido, el presidente autonómico ha vuelto a desplegar su manual de supervivencia: atrincherarse en el perfil institucional y marcar distancia con la campaña y la dirección nacional del PSOE.

En los últimos días hemos asistido a una letanía bien ensayada. Frases como "estoy a las órdenes de Castilla-La Mancha", llamados a "superar el cortoplacismo" o reflexiones ambiguas al afirmar que "las elecciones son como los melones" buscan proyectar la imagen de un gobernante moderado, centrado en la gestión y ajeno al «ruido de Madrid». A primera vista, y desde una óptica puramente electoralista, la maniobra parece irreprochable. Page defiende la hegemonía y la «mayoría absoluta» que ha consolidado en la región mediante el aislamiento de la marca autonómica respecto al desgaste federal.

Sin embargo, si analizamos esta actitud desde un compromiso ético de izquierdas, el diagnóstico resulta mucho más preocupante.

En primer lugar, la estrategia de hiperliderazgo autonómico a costa de la cohesión partidaria supone un ejercicio de insolidaridad política con el conjunto del bloque progresista. Mientras las fuerzas de izquierda y los sectores sociales libran una batalla decisiva para evitar un gobierno del bloque reaccionario en España, el distanciamiento explícito de Page debilita el mensaje. Al negarse a asumir como propia la agenda de avances sociales del Gobierno de coalición (en pensiones, salario mínimo, derechos laborales o políticas redistributivas), a lo que contribuye es a desmovilizar a la base militante y trabajadora de nuestra propia región.

En segundo lugar, la apelación recurrente de Page al "consenso", la "moderación" y a no votar "a la contra" disfraza de pragmatismo una renuncia ideológica profunda. La política no es un espacio aséptico de gestión tecnocrática; es el terreno en el que se confrontan modelos de sociedad. Cuando el discurso autonómico desplaza las tensiones redistributivas (como el problema de la vivienda, los servicios públicos castigados o la precariedad laboral) para sustituirlas por apelaciones de conciliación con sectores empresariales, el proyecto socialdemócrata se desdibuja hasta ser indistinguible del de centroderecha.

Finalmente, resulta evidente que la prioridad de Fuensalida no es servir de dique de contención ideológico contra la extrema derecha, sino asegurar la preservación del poder regional a cualquier precio. Al reservarse el derecho a no renunciar a sus "postulados" frente al partido, Page demuestra que concibe el capital político castellanomanchego como un bien particular y no como una pieza clave al servicio de una causa colectiva.

El 29 de noviembre no solo se mide el peso de las siglas en Madrid; se decide si el espacio de progreso es capaz de proyectar una alternativa sólida y valiente frente al empuje reaccionario. Seguir utilizando Castilla-La Mancha para una autodefensa personal ante la política nacional no solo erosiona la unidad de la izquierda, sino que deja desarmada a la propia ciudadanía ante las verdaderas batallas de este tiempo que nos ha tocado vivir.

¿Por qué la formación morada ha elegido la guerra total?

Existe una vieja máxima en la izquierda política que parece repetirse implacable como una maldición bíblica: el adversario se combate, pero al compañero que propone otra vía se le aborrece. Aun así, después de no alcanzar una confluencia en la izquierda, pensé que cada uno de esos dos bloques se dedicaría a centrar su discurso en sus propuestas programáticas, y se olvidaría del otro para centrarse en el enemigo común. 

Está claro que me equivocaba, porque quien observe hoy en las redes sociales el ecosistema de la izquierda transformadora en España asistirá a un espectáculo tan enconado como revelador. En el universo de las redes afines a Podemos, la virulencia no se dirige prioritariamente hacia la derecha o la extrema derecha, sino hacia los intentos de articulación de un Frente Amplio. No hay esa actitud en perfiles afines al Frente, salvo individualidades ¿Por qué tanta ira volcada contra los propios afines?

Comprender esta agresividad como un mero arrebato de soberbia o desesperación es errar el diagnóstico. Lo que presenciamos en las redes de los simpatizantes y militantes morados es una estrategia consciente de repliegue defensivo, movida por incentivos de supervivencia orgánica y la lógica de la polarización identitaria.Y explico porque lo veo así.

En primer lugar, opera un conflicto ineludible por la hegemonía.Podemos no nació para ser una pieza más en el tablero político; nació para ser la fuerza rectora de la impugnación del régimen. Para la militancia que resiste en el núcleo morado, la construcción de plataformas de confluencia o Frentes Amplios no representa una evolución lógica o incluyente, sino una operación de asimilación destinada a limar el perfil ideológico de la izquierda y someterla al marco de la gobernabilidad responsable con el PSOE. En la psicología del activismo de trinchera, la "izquierda de gestión" no es un aliado pragmático, sino el actor que viene a desmantelar la memoria histórica del cambio.

En segundo lugar, hay un factor mediático e incentivos organizativos. El ecosistema comunicativo construido alrededor del espacio morado necesita tensionar continuamente a su audiencia. En la economía de la atención digital, la cohesión interna no se logra con llamamientos al consenso, sino con la delimitación clara del enemigo interno. Señalar la "traición" o el "blanqueamiento" de quienes buscan pactos amplios funciona como el combustible idóneo para movilizar a la base más politizada, sostener proyectos mediáticos propios y evitar que la militancia les flaquee.

La pregunta clave para mí, sin embargo, no es solo por qué lo hacen, sino qué van a lograr con esta contienda. Y es aquí donde creo que su estrategia tropieza con la aritmética y la sociología. A corto plazo, la estrategia de este cerco digital a Frente Amplio les dará sus frutos. Podemos logra blindar su núcleo duro, preservar su marca de las inercia institucional y asegurar que sus portavoces sigan teniendo una voz nítida y diferenciada. Es evidente que prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león; un reducto ideológicamente puro antes que un vagón secundario en un artefacto electoral ajeno, como alguno de sus militantes define a Frente Amplio. 

Creo que los costes a largo plazo son devastadores para el conjunto del espacio progresista. Su primer efecto es el agotamiento social. La mayoría de los votantes progresistas no vive la política desde la pureza orgánico-teórica, sino desde la utilidad cotidiana. La espiral incesante de ataques y reproches cruzados en redes sociales no produce transferencias masivas de votos entre partidos, sino una profunda desilusión que se traduce en abstención.

El segundo efecto negativo es el castigo implacable del sistema electoral. La Ley D'Hondt en las circunscripciones provinciales no perdona la soberbia de la fragmentación. Ir divididos destruye la representación institucional del espacio a la izquierda de la socialdemocracia tradicional, dilapidando miles de votos que terminan en la papelera del reparto de escaños.

En definitiva, las redes de Podemos están librando una batalla cultural por el relato de quién encarna la "verdadera izquierda" y sobre quien es responsable de que la confluencia no se haya producido, ellos nunca lo son. Respetable. Pero al hacerlo, aunque lograrán mantener intacto un bastión identitario y un ecosistema de resistencia, sin embargo, no pueden negar que el precio de esa pureza corre el riesgo de ser la irrelevancia táctica y la desmovilización de la única masa social capaz de hacer posibles las transformaciones reales. 

Se puede ganar la hegemonía del relato en las redes e incluso en la opinión publica, sí, pero a costa de perder el país. Lleven razón unos u otros, el enemigo ni es Frente Amplio ni es Podemos, sino una derecha al que este debate contribuye a su llegada porque donde mejor pesca es en río revuelto.