Pandemia, volcán, DANA, incendios ¿Qué más necesitamos ver? Durante décadas, la política local e institucional ha pervertido lo que significa el concepto de contrato social. Pagamos impuestos bajo la premisa de garantizar la vida, la estabilidad y la tranquilidad común, pero la realidad nos demuestra que el dinero público se ha dilapidado en un ciclo interminable de cortoplacismo electoralista y en complicidad con la especulación inmobiliaria.
El diagnóstico resulta devastador y no hay que usar prismáticos para hacerlo porque se ve a simple vista y a distancia. Año tras año vertimos millones de euros, por ejemplo, en reponer arena costera que el mar se vuelve a llevar; pero vemos como se construyen nuevos chiringuitos, lo mismo que los ayuntamientos siguen concediendo licencias para construir en cauces secos, zonas inundables y masas forestales. No te engañes, es la lógica del beneficio inmediato, tanto para corporaciones locales como para las promotoras, algo que al parecer debe primar sobre la física y la ecología. Que no nos vendan que reconstruir en el mismo sitio de riesgo es un síntoma de resiliencia, porque no lo es, la verdad es que se trata de un trasvase injustificado de dinero colectivo hacia el sector de la construcción.
Nos quejamos de los incendios, pero nos olvidamos de que una porción crítica de nuestra superficie forestal (70%) se encuentra en manos privadas y en estado de absoluto abandono. Cuando esos montes arden, se quema lo de un propietario, pero la factura social y ambiental la pagamos entre todos. La propiedad privada no puede ser un cheque en blanco para que los dueños actúen de manera negligente, porque cuando un bien privado pone en riesgo el interés general y la seguridad ecológica, la intervención pública y la expropiación socialmente justa no son tabúes, sino herramientas básicas de autodefensa de una comunidad.
Piénsalo, y veras que estamos asistiendo al absurdo de un Estado (central, autonomías y ayuntamientos, todos son Estado), que actúan como auténticos trileros capaces de despedir docentes en verano para contratar bomberos, para luego hacer la jugada inversa en septiembre. Parecen no querer darse cuenta que esta temporalidad crónica, además de triturar la calidad de los servicios públicos, también precariza a quienes nos cuidan, y eso sucede mientras las administraciones desvían ingentes partidas públicas hacia la gestión privada en sanidad y servicios sociales.
La derecha ha monopolizado históricamente el concepto de "seguridad" reduciéndolo al aparato punitivo y policial. Pero la verdadera seguridad, la material e integral, no es solo esa. Es no enfermar esperando una lista de espera de seis meses, es no perder la casa por una riada anunciada y saber que tus mayores están atendidos por un sistema de cuidados digno y público. Seguridad es tener una plantilla sólida de bomberos, sanitarios, docentes, barrenderos y personal de limpieza con contratos estables todo el año. Seguridad es planificar el territorio con rigor científico y no a golpe de recalificación presupuestaria y mensajes de populismo electoralista.
No podemos seguir permitiendo que el esfuerzo fiscal de la inmensa mayoría de los ciudadanos financie el parcheo constante de desastres evitables y el lucro privado. ¿No te parece que ya es momento de plantar cara? Los impuestos deben ser la herramienta de transformación que garantice un futuro seguro, habitable y verdaderamente democrático para la mayoría, y no el instrumento para el beneficio de unos pocos, que, además, son generalmente los de siempre.
Es hora de que las clases trabajadoras y medias, que somos quienes sostenemos las arcas públicas, exijamos una enmienda a la totalidad de este modelo.
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