La democracia muere cuando las reglas del juego dejan de ser neutrales y se convierten en el arma defensiva de quienes temen perder el poder. En la España actual, esa erosión no llega mediante tanques ni golpes de Estado al uso; llega con togas, puñetas y autos judiciales dictados en momentos sospechosamente coincidentes. Asistimos a la sustitución de la soberanía popular por el derecho penal: la judicialización de la política se ha consolidado como el mecanismo predilecto de la derecha social, mediática y política para maniatar cualquier intento progresista.
Cuando los conservadores no pueden ganar el debate de las ideas ni lograr mayorías parlamentarias estables, vemos como trasladan el centro de gravedad del Congreso de los Diputados hacia Plaza de Castilla o el Tribunal Supremo. El resultado es nefasto para las instituciones, pero devastador para la ciudadanía.
El esquema es predecible y funciona como una cadena de montaje perfectamente engrasada: portada en un periódico para crear sombra de sospecha; acusación popular (Manos Limpias o Hazte Oír); Apertura de diligencias tras apoyo mediático prolongado; desgaste reputacional mediante la pena de telediario; archivo de la causa años después tras varios recursos, cuando el daño es ya irreversible.
La perversión de la acusación popular es central en todo este engranaje. Se pensó para democratizar la justicia, pero hoy se utiliza de forma espuria por pseudo sindicatos o plataformas ultraderechistas para interponer querellas masivas en base a meros recortes de prensa, informaciones no contrastadas o directamente bulos. El objetivo real no es lograr una condena firme, técnicamente saben que la causa terminará en la nada, sino lograr el titular, la citación como "imputado" y la consiguiente muerte civil y política del objetivo.
Para que se entienda que no sufro una paranoia izquierdista, sino ante una manera de funcionamiento estructural, basta repasar la hemeroteca reciente. Empezando por el 'caso Neurona' y las decenas de causas contra Podemos prácticamente la totalidad de ellas terminaron archivadas tras años de estigmatización pública. El objetivo político, sin embargo, se cumplió: erosionar electoralmente a la formación y desmovilizar a su base electoral.
No menos llamativo es el de Victoria Rosell el caso de la magistrada y exdiputada que tuvo que dimitir tras una querella urdida con la connivencia del juez Alba, por el que Rosell fue apartada de la carrera política sobre la base de una auténtica fabricación de pruebas desde el propio aparato judicial. O el de Mónica Oltra imputada siendo vicepresidenta valenciana que provocó su dimisión forzada y supuso un golpe demoledor para el gobierno de progreso en la Comunidad Valenciana. Dos años después, la justicia archivó la causa al no encontrar indicio alguno de delito, pero el mapa político regional ya había cambiado de manos.
No se ha limitado solo a la izquierda del PSOE, sino que ahora lo vemos con el presidente del Gobierno, con querellas presentadas contra su entorno personal, Begoña Gómez, basándose en filtraciones periodísticas y titulares desmentidos, pero han mostrado cómo la acusación popular puede ser utilizada para condicionar directamente la gobernabilidad del Estado y tentar a la parálisis del Ejecutivo. Podría ser más extensa la lista de casos.
Pero más allá de los nombres propios, las víctimas verdaderas de este secuestro judicial de la política son las clases trabajadoras y la mayoría social. Un gobierno amedrentado por la amenaza constante de la querella penal es un gobierno que se lo piensa dos veces antes de topar el precio del alquiler, subir impuestos a la banca o abordar la transición ecológica. Es el efecto desaliento que encoge la ambición de las políticas públicas.
Mientras las tertulias de televisión y los debates parlamentarios se convierten en monográficos sobre fases de instrucción y citaciones en los juzgados, hacen invisibles las urgencias cotidianas, como el colapso de la sanidad pública, la precariedad laboral o el encarecimiento de la vida. Cuando la gente comprueba que las decisiones tomadas en las urnas pueden ser corregidas o bloqueadas por un poder que no ha sido electo, incluso atrincherados en órganos con mandatos caducados como ocurrió durante años en el CGPJ, la consecuencia inevitable es la desafección, el cinismo y el avance de la anti política.
Si con todo lo anterior no nos damos cuenta de que la judicialización de la política es el antídoto de las élites contra la democracia. La izquierda no puede limitarse a denunciar el problema cuando le afecta en primera persona, sino que debe liderar una profunda democratización del Poder Judicial, que debe incluir la restricción del uso abusivo de la acusación popular y blindar la soberanía parlamentaria frente a quienes pretenden gobernar el país desde los tribunales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario