Pocas cuestiones suscitan tantas pasiones con tan poco rigor en el debate público, como la inmigración. Entre las conversaciones de calle, las tertulias y los algoritmos de las redes sociales se ha construido una imagen del fenómeno migratorio que poco o nada tiene que ver con la realidad de las estadísticas oficiales. Existe una brecha profunda entre la percepción social y los datos objetivos, que no solo deforma la convivencia, sino que amenaza nuestra cohesión social.
Cuando se consulta a la ciudadanía sobre el peso demográfico de la inmigración en España, los estudios de percepción, como el informe Perils of Perception de Ipsos o los barómetros del CIS, nos revelan que la población calcula que entre el 25% y el 31% de los habitantes del país son inmigrantes. Sin embargo, los datos reales son de una población de nacionalidad extranjera en un 13,4% (alrededor de 6,5 millones de personas) y en un 19,6% a los nacidos en el extranjero, incluyendo a quienes ya se han nacionalizado. Que en la mente se duplique la cifra real no es un error de estimación sino la semilla del temor al cambio demográfico y del discurso del "desbordamiento".
Esta distopía se traslada directamente al mercado de trabajo. Se afirma que la población migrante constituye una carga económica o que presenta una baja integración laboral, pero nada más lejos de la realidad. La EPA señala que la tasa de actividad de las personas con nacionalidad extranjera se sitúa en torno al 69,4%, superando en 13 puntos la de la población de nacionalidad española que es del 56,4%. Se trata de una población más joven y en edad de trabajar. Hoy, los trabajadores extranjeros superan los 3,1 millones de afiliados a la Seguridad Social (el 14% del total de cotizantes), cifra que asciende al 23% de la población ocupada si contabilizamos a los nacidos en el extranjero. Lejos de restar, sostienen directamente el sistema público de pensiones y cubren sectores clave de la producción nacional.
Pero donde la brecha resulta más preocupante es en el terreno de las ayudas públicas, el terreno predilecto para los bulos y la desinformación. Entre el 80% y el 88% de los beneficiarios de ayudas públicas son ciudadanos españoles. En las prestaciones de desempleo, los extranjeros representan apenas el 11,9%; en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el 17,5%; y en las rentas mínimas autonómicas, el 28,9%. Aunque la representación en estas últimas sea ligeramente superior a su peso demográfico, la inmensa mayoría de la red de protección social española está destinada, con rotundidad, a la población nacional.
¿Por qué existe, entonces, una diferencia tan marcada entre la cifra oficial y la percepción ciudadana? La respuesta está en el sistema informativo. Titulares sensacionalistas, manipulación política interesada y contenidos virales no verificados en redes han sustituido al dato real. La desinformación opera sesgada. Un hecho aislado se eleva a categoría general, y la aportación diaria de millones de trabajadores pasa desapercibida.
Urge mejorar la calidad de la información. No se trata de idealizar la inmigración ni de negar las tensiones en gestión e integración en el proceso migratorio. Se trata de dar datos basados en la verdad. Tomar decisiones basándose en mitos va contra nuestros intereses económicos y erosiona la paz social. Exigir rigor a los medios de comunicación, transparencia y divulgación a las instituciones públicas, y responsabilidad a la clase política no es cuestión de ideología sino una necesidad democrática. Solo cuando la información objetiva supere a la percepción infundada podremos abordar el fenómeno migratorio con la madurez, la justicia y el pragmatismo que algo tan importante requiere.
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