El fenómeno de la polarización destructiva en España debe estudiarse porque ha alcanzado el carácter de síntoma de una crisis de legitimidad del sistema democrático. Y es que, en la España actual , este fenómeno es mucho más específico y visceral: el «antisanchismo». Es un síntoma y, a la vez, una cortina de humo de la extrema derecha y la derecha tradicional. No estamos ante un debate ideológico entre dos modelos de país, ni ante una crítica racional a las políticas públicas, sino ante una fijación irracional que ha articulado como estrategia la derecha política y mediática.
Como nos muestra el clima político reciente, el odio hacia el presidente del Gobierno trasciende las barreras sociológicas tradicionales. Ya no se limita a las élites económicas o a los foros conservadores habituales; la derecha mediática ha conseguido que penetre transversalmente en la sociedad a través de la desinformación de masas y las dinámicas de odio en redes sociales y grupos de mensajería digital. Es revelador comprobar que, en el fondo de esta irritación, con frecuencia, los detractores de Sánchez no articulan un argumento basado en datos, sino que recurren a una espiral de insultos y consignas prefabricadas.
Este odio desmedido a la figura de Pedro Sánchez cumple una función ideológica muy clara: actúa como una cobertura socialmente aceptable para un nacionalismo español excluyente. Odiar directamente la pluralidad o mostrar una animadversión identitaria hacia Cataluña, sus instituciones y su ciudadanía, sitúa a estos actores políticos en las márgenes del supremacismo centralista. Se intenta lograr con ello, encubrir ese supremacismo bajo el disfraz del rechazo a Sánchez, a la Ley de Amnistía o a los acuerdos de gobernabilidad. Todo eso permite a la derecha auto conferirse un halo de «patriotismo constitucional» que es totalmente ficticio.
A esta batalla cultural no es ajena la instrumentalización de las instituciones del Estado. La derecha no duda en utilizar la geopolítica y las zonas de vulnerabilidad, como ahora hace con Ceuta y Melilla, como ariete de desgaste político, ignorando las complejas implicaciones internacionales en un contexto donde el alineamiento de potencias como EE. UU. exige cautela y responsabilidad de Estado al gobierno lo ejerza cualquier partido.
En este escenario, hasta la propia Casa Real se queda atrapada entre el cálculo institucional y la falta de empatía social. Mientras la derecha nos dibuja una imagen bucólica de la Corona, los ciudadanos echamos en falta un compromiso real y visible con las realidades más sangrantes de nuestro territorio, como ahora la situación de los menores migrantes hacinados y desatendidos. Una monarquía que se dice moderna debería estar a la altura de los colectivos y jóvenes solidarios que sí pisan el terreno y enfrentan la injusticia social.
Por último, tampoco en esto podemos obviar la resistencia corporativa de sectores del poder judicial que, acostumbrados a actuar como correctores del poder legislativo, ven con recelo que la soberanía popular expresada en el Parlamento los corrija o redirija sus dinámicas, propias del pasado, a través de medidas de gracia como la Ley de Amnistía.
Frente a la trampa de la crispación y el odio irracional que es alimentada por la derecha, la izquierda debe ofrecer pedagogía democrática, un análisis riguroso de todo y políticas que busquen la profundización en los derechos sociales y la pluralidad plurinacional.
Desmontar el «antisanchismo» no es defender pasivamente a una persona o a un partido, sino defender el espacio de la política racional, la democracia y la transformación social frente al empuje reaccionario.
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