La gestión de las crisis migratorias y de las emergencias humanitarias en nuestro país no solo está sacando a la luz la falta de capacidad operativa de determinados ejecutivos locales y autonómicos, sino también una preocupante derivación ideológica. Lo que estamos presenciando en la gestión institucional refleja una constante: decisiones centradas en el cálculo político individual antes que en los derechos humanos y el bienestar colectivo.
El gobierno de Ceuta había negado desde el principio que se instalarán campos donde se podía ayudar a los inmigrantes, hacen lo mismo que en la DANA, no les importa nada ni nadie nada más que ellos y los suyos, están sembrado odio contra en distinto y esto va a tener consecuencias muy graves que nos puede llevar a un retroceso como en la dictadura.
Esta actitud negligente y el rechazo a habilitar soluciones asistenciales inmediatas se traducen en un boicot institucional flagrante a la colaboración entre administraciones: “La semana pasada hubo una reunión al más alto nivel entre las dos administraciones en la que se pactó que se dedicarían 16.000 metros cuadrados del Puerto a instalar un emplazamiento que saque de las calles de la ciudad a miles de migrantes. Se llegaron a contratar parte de esos trabajos y, cuando llegó la hora, el presidente de la Autoridad Portuaria (que depende de la ciudad autónoma) denegó el permiso”, relata otra fuente del Ejecutivo que forma parte de los equipos ministeriales al frente del dispositivo. Y no es así solo en el caso del Puerto. No se puede quejar de la falta de diligencia para atender y dar solución a lo de los inmigrantes y a su vez poner todo tipo de pegas sobre la ubicación de los lugares para atenderlos.
Esta parálisis calculada responde a un modelo de gobernanza territorial insolidario e irresponsable que antepone el enfrentamiento partidista a la resolución efectiva de los problemas. Podemos alucinar con los presidentes/tas autonómicas, auténticos reyes de taifas a los que cuando les toca gestionar un conflicto prefieren que lo haga el gobierno y además exigiendo, insultando y poniéndose estupendos como ahora el señor de Ceuta.
Garantizar la atención humanitaria, el cumplimiento de la ley y el respeto a la dignidad de las personas no es opcional. Obstruir la creación de espacios de acogida mientras se culpa al gobierno central perpetúa la precariedad en las calles y fomenta discursos de odio que erosionan la convivencia democrática. Frente al autoritarismo y la insolidaridad, la respuesta debe ser más cooperación, más recursos públicos y una defensa firme de los derechos de todas las personas. La solución de externalizar fronteras puede valerles a quienes no tienen fronteras, pero no a toda la UE.
La postura del Gobierno de Ceuta no solo evidencia una alarmante falta de altura de Estado, sino una deslealtad institucional flagrante que roza la negligencia deliberada. Prometer acuerdos en reuniones de alto nivel para habilitar espacios de acogida y dar marcha atrás en el último minuto —usando a la Autoridad Portuaria como ariete de bloqueo— demuestra que su prioridad no es resolver la emergencia humanitaria en sus calles, sino alimentar un cálculo político destructivo. La constante volatilidad en sus decisiones, sumada al boicot sistemático a la cooperación entre administraciones, expone una gestión insolidaria que prefiere la confrontación, las trabas administrativas y el conflicto antes que asumir las competencias que le corresponden.
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