Lunes de mañana y la situación de los menores en Ceuta continúa siendo dramática. Esto no es una crisis migratoria puntual, sino el síntoma de un fallo estructural en el modelo de corresponsabilidad autonómica, la infrafinanciación de los servicios públicos y una política fronteriza europea que prioriza la contención sobre el interés del menor.
El modelo anterior basado en la voluntariedad de las Comunidades Autónomas había generado un bloqueo político y aboca a territorios limítrofes como Ceuta o Canarias a una presión asimétrica insostenible. Desde que ese acogimiento es obligatorio, el problema está en que es recurrible, y por lo tanto vuelve a estar supeditada su aplicación urgente a la voluntad política de la CA que no lo impide pero lo dilata. Si se ha establecido ya un criterio de redistribución obligatoria, equitativa y vinculante según población, renta y capacidad asistencial de cada CA, lo que se debe hacer es aplicar un cumplimiento inmediato. La protección de la infancia es una competencia de Estado que no puede quedar a merced del cálculo electoral o la insolidaridad de gobiernos autonómicos conservadores.
La saturación provoca condiciones de hacinamiento, externalizaciones a entidades privadas que precarizan la atención y retrasos en los expedientes de tutela. No vale solo con visitas y promesas. Es urgente una financiación estatal urgente para la creación de centros de acogida de gestión 100% pública y dimensión reducida. Debe garantizarse ratios adecuadas de educadores, trabajadores sociales, psicólogos y mediadores culturales que aseguren la escolarización inmediata, la regularización documental rápida y el acompañamiento al cumplir la mayoría de edad.
Pero lo grave de fondo sigue siendo la externalización de fronteras convierte a la infancia en un instrumento de presión geopolítica por parte del régimen marroquí, mientras la UE delega en la frontera sur su responsabilidad en materia de asilo y refugio. Se deben exigir fondos europeos vinculados a la garantía de derechos y no a la seguridad fronteriza, articulando vías legales y seguras.
En el plano bilateral, la política exterior debe supeditar los acuerdos con Rabat al estricto cumplimiento del Convenio de los Derechos del Niño de la ONU, evitando que el chantaje migratorio debilite los compromisos en derechos humanos.
Pero hay muchos interesados en un solo enfoque. La respuesta pública no pasa por militarizar la frontera ni recortar garantías procesales. Lo urgente ahora es desplegar la capacidad redistributiva del Estado social y asumir la acogida como una obligación legal e irreductible.
No es de recibo que no se hayan habilitado varias oficinas provisionales de filiación con personal desplazado expresamente para solventar ese problema, porque mientras no sepamos ni cuantos menores exactamente son solicitantes de asilo, ni cuantos migrantes hay en las calles de Ceuta. La imagen que dan las filas de menores, esperando alrededor de la Jefatura de Policia de Ceuta, es de fracaso del Estado, y esto me resulta inconcebible. De lo de la UE mejor ni hablamos.
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