El uso de los recursos colectivos es la huella dactilar de la ética de un Gobierno. En la gestión de lo público no hay decisiones neutras: cada euro presupuestado, cada contrato firmado y cada bien inmueble adquirido responden a una visión del mundo y a una jerarquía de prioridades.
La reciente compra de un ático de casi 500 metros cuadrados en el céntrico y exclusivo barrio de Chamberí por parte de la empresa pública Planifica Madrid, con el pretexto de dar cobijo temporal a la Presidencia de la Comunidad mientras se reforma la Real Casa de Correos, condensa en una sola operación inmobiliaria las mayores costuras de un modelo de poder desajustado con la realidad social.
Analizada la operación desde el Derecho Administrativo sobran interrogantes sobre el respeto a la legalidad patrimonial. La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas no es solo un trámite formal, sino el muro de contención contra el libre albedrío. Exige que la gestión de los bienes públicos responda a principios estrictos de necesidad, eficiencia, economía e idoneidad.
Pregúntate ¿Responde la compra en propiedad de una residencia de altísimo valor de mercado a la necesidad provisional de ubicar unos despachos? La respuesta técnica es rotundamente negativa. El ordenamiento jurídico contempla figuras de sobra más eficaces para contingencias temporales, desde el arrendamiento hasta la adscripción de dependencias ya existentes del patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Acudir a una empresa pública para materializar esta adquisición es instrumentalizar el ente público mercantilizado para eludir la rigidez de los presupuestos generales, esquivar los controles previos más exigentes y evitar el debate parlamentario. A ello debemos sumarle la incógnita sobre la idoneidad urbanística de transformar, un espacio residencial de lujo en una sede de representación institucional. La administración debe ser la primera en cumplir las reglas de juego que impone al resto de ciudadanos.
Sin embargo, el problema trasciende el Derecho y este episodio es la demostración de una forma de gobernar que ha confundido lo de todos con lo propio. En una región donde la accesibilidad a la vivienda se ha convertido en una emergencia social para miles de familias y jóvenes, y donde la sanidad pública y la educación demandan inversión estructural, la compra de un inmueble de estas características lanza un mensaje de profunda insensibilidad democrática.
Cuando las Administraciones dejan de actuar como un motor de equidad y redistribución, y pasan a comportarse como un gestor patrimonial al servicio del confort de sus élites directivas, la confianza en las instituciones se quiebra. No estamos ante un simple desacuerdo sobre prioridades de gasto; estamos ante la legitimación del privilegio. La retórica de la austeridad y la contención del gasto que se exige a los servicios públicos fundamentales se va por las alcantarillas en cuanto se trata de garantizar espacios de alto estatus para el ejercicio del poder.
La salud democrática de una sociedad no se mide solo por la ausencia de corrupción delictiva, que también, sino por el rigor ético en el manejo de lo que nos pertenece a todos. Convertir una necesidad administrativa coyuntural en la adquisición de un bien suntuario es un error jurídico y una provocación política.
A ver cuando los ciudadanos de Madrid empiezan a darse cuenta de que no necesitan gobernantes que habiten las alturas de Chamberí, sino instituciones que pongan los pies en la tierra de las necesidades reales de la mayoría.
Y una muestra de lo bien hecho que estaba todo es esta noticia "El Gobierno de Ayuso anuncia que vende el ático de lujo en Chamberí un día después de que se conociera su compra". Ahora nos dirá que lo vende para pagar los daños del incendio y la creeran.
Quién de esto no dice nada es Emiliano, debe ser porque Ayuso no es independentista.
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