El análisis de la coyuntura política española actual exige un ejercicio de lucidez que evite caer en el reduccionismo o en la simple ingenuidad. Frente al actual escenario político-judicial, es obligatorio aplicar una máxima: que los árboles de las causas particulares no nos impidan ver el bosque del diseño estructural.
Asistimos a un panorama donde las actuaciones judiciales parecen seguir un patrón sistemático establecido, un engranaje donde las piezas van cayendo de forma milimétrica. Ayer fue el acoso a la militancia de base, luego los entornos familiares, hoy es la imputación de Zapatero, y mañana el objetivo será Sánchez, Rufián o cualquiera que ose alterar el statu quo. Estamos ante una ofensiva de corte institucional, un sutil "golpe de Estado" operado desde determinados sectores de la judicatura y las cloacas policiales que, emulando la tristemente célebre consigna derechista del “¡Palante!”, busca subvertir los resultados de las urnas por la vía del desgaste asimétrico.
Con independencia a que puedan existir motivos para la investigación, este despliegue extiende una alfombra de dudas legítimas sobre la neutralidad de los tiempos del aparato judicial. No es casualidad que los mismos sectores mediáticos y tribunales que hoy muestran una celeridad quirúrgica para imputar, bloquear cuentas y airear indicios contra figuras del espectro progresista, mantengan adormecidos o directamente desactiven con paciencia y malas artes los casos más flagrantes de la derecha nacional. Mientras el juicio de la trama Kitchen sufre oportunas desconexiones o el novio de la presidenta madrileña ve cómo sus causas se dilatan sin prisa alguna, la maquinaria se vuelca en sobredimensionar la facturación de una pyme de marketing de las hijas de Zapatero o en calificar de "estructura criminal" lo que en la derecha tradicional siempre se ha catalogado y protegido bajo el eufemismo de "lobby licito".
Difícil en esta trama asimétrica resulta calificar, el hecho de que el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid puede jactarse de poseer información privilegiada bajo secreto de sumario mientras el ex fiscal general del Estado es perseguido penalmente por desmentir un bulo de la derecha. Existe, a todas luces, una quiebra en la credibilidad de la justicia española: el "Partido Judicial", ese poder que no se presenta a las elecciones pero que actúa como una tasca de tercera desde instituciones secuestradas como el Senado, ha decidido jugar abiertamente a la política.
"Primero vinieron por los comunistas, y yo no dije nada porque no era comunista..." El famoso poema del pastor Martin Niemöller resuena hoy con una fuerza devastadora en las filas de la socialdemocracia española. El gran pecado original del PSOE ha sido su tremenda tibieza ideológica, su ingenuidad juvenil o, peor aún, su dejadez egoísta. Durante siete años, el aparato del PSOE miró hacia otro lado, cuando no participó activamente, en las campañas de deshumanización judicial y mediática contra Podemos o contra las fuerzas independentistas. El partido dinástico y sistémico creyó que sus siglas y su sumisión a los pactos de la Transición lo hacían inmune al lodo.
Validaron el relato de las cloacas sobre la financiación de Venezuela cuando afectaba a su izquierda; aplaudieron los vetos del PP a jueces progresistas e íntegros como Garzón o de Prada; y pactaron la renovación de órganos judiciales aceptando las reglas de juego de la derecha. Hoy, que la pinza judicial-mediática se cierra sobre ellos, descubren con zozobra que para el fascismo sociológico no hay matices: ahora el PSOE es el enemigo que batir. De aquellos polvos, estos lodos, y el PSOE está tomando hoy una cucharadita de su propia inacción; descubren tarde que la guerra sucia no respeta códigos de caballerosidad.
Frente a esta crisis de régimen, la izquierda española se fragmenta en dos respuestas psicológicas y operativas bien diferenciadas dentro de la esfera pública: mientras unos plantea como diagnostico que nos llega la pérdida de derechos sociales si gobierna la coalición PP-Vox y que existe un temor a un retroceso "hacia la Edad Media ideológica"; otros solo ven la desmitificación de Zapatero y Sánchez como "faros" éticos, y muestran su lógico rechazo a los negocios y asesorías internacionales tras dejar la Moncloa.
También se diverge en las propuestas para hacer frente a lo que está ocurriendo. Unos abogan por salir a las calles en defensa de la democracia o por crear plataformas ciudadanas, sindicatos de izquierda o recurrir al crowdfunding para denunciar judicialmente al PP; mientras otros proponen un llamado a votar ideas y no a líderes. Esa diferencia en diagnóstico y acciones los lleva a distintas conclusiones: los primeros afirman "Estamos perdiendo la guerra frente a un enemigo más fuerte y malvado; España se convertirá en una dictadura disfrazada". Mientras otros concluyen "No olvidamos el artículo 135 ni las contrarreformas económicas. Quien se acuesta con el capitalismo de influencia, amanece manchado".
Y por si éramos pocos, parió la abuela, porque no podemos aislar esta ofensiva judicial de los hilos invisibles de la geopolítica. La irrupción de informes de agencias estadounidenses desclasificados convenientemente tras los cambios de administración en Washington, sumado a los gestos públicos del embajador norteamericano recibiendo al líder de Vox, Santiago Abascal, evidencian que el pulgar de los poderes fácticos globales se ha inclinado hacia abajo. No es una casualidad; es una operación de manual.
Ante este panorama, la respuesta de la izquierda alternativa al PSOE no puede ser ni el repliegue melancólico ni la violencia callejera que algunos, desde la frustración de la edad o el odio ultra, amenazan con resucitar. Nuestra única fuerza real y democrática radica en el voto consciente y la reflexión profunda. No se trata de blindar a líderes que, al fin y al cabo, resultan ser piezas intercambiables de ese tablero de por sí corrupto. Lo que verdaderamente importa (el trabajo digno, la sanidad pública, el acceso a la vivienda y la educación) es lo que está en juego de cara a las próximas elecciones de 2027. La única acción posible es defender las ideas.
Si la izquierda no es capaz de articular una plataforma ciudadana sólida, cohesionada y desprovista de mitomanías personales para frenar este golpe de Estado blando, el retroceso en derechos sociales no tendrá precedentes. Incluso el crecimiento económico actual se privatizará para que ese 3% realmente se gobierne desde los Consejos de Administración, mientras que la clase trabajadora tendrá que dar las gracias si tiene un techo donde dormir y comida que llevarse a la boca.
La balsa de piedra de Saramago está a la deriva, y solo la organización popular podrá evitar que naufrague de nuevo en las orillas de los vencedores de 1936.
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