Portales como Vozpópuli y otros medios, apuntan a que el Departamento de Justicia de EE.UU. estaría acelerando preparativos para un posible proceso penal contra Zapatero, relacionándole con redes de corrupción y narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles, y alegando presuntos pagos y operaciones financieras con dinero de PDVSA.
Voces políticas y periodísticas en España y EE.UU. hablan de que la administración Trump podría recurrir a sanciones, revocación de visado y, en última instancia, a una orden internacional de arresto si Zapatero no coopera, aunque eso todavía no se ha materializado en un caso público cerrado.
No hay una prueba pública y concluyente de que Trump encienda una investigación exclusivamente a través de Delcy Rodríguez; lo que sí hay son informaciones que sitúan a Zapatero en el radar judicial de EE.UU. y que subrayan que la Casa Blanca podría obrar con independencia del chavismo tradicional, aunque las presiones directas e indirectas sobre actores como Delcy Rodríguez formen parte de la estrategia política y mediática.
Pocos dudamos de la existencia en España de una asimetría judicial. La rapidez e intensidad con la que se investiga o imputa a figuras de la izquierda con la supuesta impunidad o lentitud con la que se tratan los casos de corrupción vinculados a la derecha (PP, a Aznar o a Rajoy).
Este caso de Zapatero tiene como precedente la reciente situación del Fiscal General del Estado. El camino para condenar o imputar sin pruebas concluyentes ya se abrió con ese proceso, lo que genera temor a que cualquier cargo de izquierdas pueda ser investigado.
Merece un reproche el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su pasividad. No tomó medidas contundentes en el pasado, como la reforma del poder judicial o la derogación total de la "Ley Mordaza", lo que ha terminado por "envalentonar" a los sectores judiciales y policiales más conservadores.
El asunto es grave y no debe despacharse como un mero trámite rutinario. Es lícito y necesario exigir transparencia para aclarar el destino de los fondos públicos, independientemente de las siglas políticas.
Pero la hipérbole del PP y sus secuaces, dando por condenado al expresidente sin conocer aún el auto completo y sin existir condena es impropio de un partido de Estado y propio de barra de bar.
Por último, que el PP haya anunciado con antelación esta investigación a Zapatero, debería ser motivo suficiente para que el poder judicial investigara quien o quienes son los que filtran al PP las resoluciones judiciales antes de que se produzcan, por ya son varios los casos en los que ese adelanto de la información se ha producido.
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