Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que la palabra dada en política aún conservaba un rastro de honorabilidad. Sin embargo, el reciente acuerdo de Gobierno en Extremadura entre el Partido Popular y Vox (un documento de 61 puntos que supura ideología de trinchera) ha certificado el acta de defunción del centro político tal como lo conocíamos. Lo que estamos presenciando bajo la presidencia de María Guardiola no es una coalición de gestión, sino una claudicación moral en toda regla: el PP ha decidido que el Palacio de las Cigüeñas bien vale una capitulación ante la ultraderecha.
El giro es tan drástico que hasta marea. Aquella Guardiola que prometía no gobernar con quienes "deshumanizan a los inmigrantes" es hoy la misma que firma un compromiso para negarse a aceptar la redistribución de menores no acompañados. Estamos ante una ausencia de principios que produce terror. No es solo un cambio de opinión, sino la demolición de un perfil moderado para abrazar tesis que, hasta hace poco, el propio PP tildaba de radicales.
El acuerdo no se queda en la superficie. Al adoptar conceptos como la "prioridad nacional", el PP se desliza peligrosamente hacia un terreno donde los derechos dejan de ser universales para convertirse en privilegios basados en el origen. Estamos asistiendo a la "ayusización" de la política extremeña, pero llevada al extremo en una competición por ver quién es más contundente, incluso si eso implica bordear la legalidad, cómo aquí en mi opinión se consuma y sabios tiene la ley.
Las voces críticas, desde el sociólogo coinciden en el diagnóstico: el PP ha "vendido su alma". Al aceptar la retórica de Vox sobre el control del padrón y el rechazo frontal a la acogida, los populares han dejado de ser un dique de contención para convertirse en la correa de transmisión de la agenda ultra., normalizando la ideología de la extrema derecha, ya no les preocupa evitar que entren en las instituciones, sino que asumen aplicar sus políticas con una bendición institucional.
Quizás lo más cínico de este giro es que gran parte de lo firmado es, en la práctica, papel mojado. Muchas de las medidas sobre inmigración invaden competencias estatales o chocan con tratados internacionales. Sin embargo, el PP las firma. Lo hace para saciar el hambre de visibilidad de sus socios y para proyectar una imagen de "mano dura" que contente a su ala más conservadora. Es el triunfo de los gestos sobre lo que conocemos cómo responsabilidad de Estado.
Incluso dentro de las filas populares, el pacto ha levantado ampollas. Cuando figuras como Isabel Díaz Ayuso tienen que salir a matizar que "no se puede dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos", queda claro que el acuerdo de Extremadura ha ido tan lejos que ha fracturado la propia coherencia de su partido.
Llegar al poder a cualquier precio tiene un coste que no aparece en los presupuestos autonómicos, pero se llama pérdida de la integridad. Al abandonar el centro y comprar el discurso de la exclusión, el PP de Extremadura ha ganado una presidencia, pero ha perdido la capacidad de presentarse como una alternativa moderada y sensata.
Cuando una derecha democrática se mimetiza con la extrema derecha para gobernar, el ciudadano termina por no distinguir el original de la copia. Y en ese borrado de fronteras, es la democracia la que sale perdiendo. El centro ya ha quedado vacío, y el PP, en su huida hacia el poder, parece haber olvidado que aquí no hay camino de vuelta.
Antes el PP era el partido del “todo por la pasta”, ahora son el de “Todo por el poder”, sabedores de que la pasta no anda lejos del poder.
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