La política no se mide por las sonrisas en los carteles electorales, sino por la realidad que los ciudadanos encuentran al abrir la puerta de su centro de salud o de su colegio público. Y en Andalucía, esa realidad es, sencillamente, insostenible. Tras una legislatura marcada por la propaganda, el balance de gestión no deja lugar a dudas: este gobierno ha dimitido de sus responsabilidades sociales para centrarse en un proyecto de desmantelamiento de lo público.
El dato resulta demoledor: las listas de espera ya superan el millón de pacientes, habiéndose multiplicado por tres bajo esta gestión. Mientras la Crisis de los Cribados pone en riesgo la detección precoz de enfermedades graves, la solución del Ejecutivo no es reforzar el sistema, sino el desvío sistemático de fondos hacia la sanidad privada. Es una asfixia programada: se degrada lo común para justificar el negocio de unos pocos.
En educación, el guion se repite. Los recortes en la pública conviven con un favoritismo descarado hacia centros privados vinculados a círculos de confianza. Mientras tanto, el dinero público fluye con alegría hacia sectores estratégicos para el control social: subvenciones masivas a los toros, a la Iglesia y, por supuesto, a una prensa afín encargada de silenciar el descontento.
No es solo una cuestión de ineficacia, sino de prioridades morales. Mientras el gobierno andaluz se ha dedicado a subirse el sueldo y garantizarse preventas, las noticias sobre adjudicaciones y comisiones que favorecen a familiares y amigos son una constante. A esto se suma una actitud de bloqueo sistemático: se rechazan aportaciones estatales vitales solo por puro cálculo electoral y con el único fin de hacer oposición al Gobierno central, tomando a los andaluces como rehenes de su estrategia partidista.
Un gobierno que prefiere alimentar el bolsillo de su entorno y fortalecer los privilegios privados mientras las listas de espera baten récords de infamia, no es un gobierno para la gente.
Por todo ello, la reelección no debería ser una opción. Andalucía merece una gestión que no vea lo público como un botín, sino como el patrimonio de todos. El legado de este nuevo “risitas” es, objetivamente, patético. En cualquier caso la decisión es tuya.
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