La noticia ha caído como un misil en el tablero político, dejando a las filas de la izquierda en un estado de estupefacción difícil de disimular. El auto judicial que señala al expresidente Zapatero por presunta corrupción abre un escenario tan inédito como perturbador. Ante la gravedad de las acusaciones, la primera reacción colectiva oscila entre el desconcierto y la cautela; apelar a la presunción de inocencia no es ya un formalismo legal, sino un clavo ardiendo al que agarrarse mientras se espera desesperadamente que el expresidente pueda defenderse públicamente y desmontar lo que muchos se resisten a creer.
Sin embargo, para entender el calado de este movimiento es imposible aislarlo del contexto en el que se produce. No estamos ante un hecho aislado, sino ante lo que parece el enésimo capítulo de una ofensiva judicial impregnada de una evidente ideología reaccionaria, una deriva que juristas de la talla del magistrado Martín Pallín llevan tiempo denunciando con lucidez meridiana. Es el síntoma de una justicia que, con demasiada frecuencia, parece inclinar su balanza según el carné político del investigado.
El doble rasero es tan flagrante que resulta una obscenidad. Asistimos a una velocidad de crucero y a un despliegue de filtraciones masivas cuando se trata de hostigar a figuras de la izquierda o a los entornos de la Moncloa (desde Podemos y Mónica Oltra hasta los casos más recientes). En contraste, esa misma maquinaria judicial parece adormecerse, perder el rastro o decretar el archivo exprés cuando los papeles apuntan a las siglas "M. Rajoy", a los contratos del aznarismo, o a los desmanes de la derecha madrileña.
Para colmo de sospechas, el origen de la información que activa este tsunami contra Zapatero no es doméstico: proviene directamente de la Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). No es ningún secreto el profundo malestar que la política internacional de Pedro Sánchez, especialmente su firme postura ante la barbarie en Gaza, genera en ciertos sectores de la administración norteamericana y en el trumpismo emergente. Utilizar informes kilométricos cocinados al otro lado del Atlántico para dinamitar la estabilidad política española es una jugada maestra que la oposición doméstica no ha tardado en aprovechar.
El Partido Popular y Vox, incapaces de construir una alternativa constructiva o de articular mayorías parlamentarias reales, han encontrado en esta "brutalidad judicial" su mejor bombona de oxígeno. No les importa el rigor ni la verdad material; les basta la espectacularidad del fango para intentar desgastar al Gobierno por asfixia.
Se retrasa la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio. Nos encontramos, por tanto, en un compás de espera dramático. Mientras los datos se aclaran, queda una certeza incómoda: cuando la judicatura se convierte en el principal actor de la oposición y las garantías democráticas se supeditan a una agenda política, lo que se tambalea no es solo un Gobierno o un partido, sino la credibilidad misma del sistema. Cabe esperar, por el bien de todos, que la verdad penal termine imponiéndose a la cacería política.
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