La Moncloa parece no ser solo la residencia del presidente del Gobierno; para algunos, parece haberse convertido en la mejor oficina de captación de clientes de su vida. La imputación de Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, aún no demostrada, no es un hecho aislado ni una simple tormenta judicial. Es la enésima bofetada de realidad que destapa una verdad incómoda: en España, haber dirigido los destinos de la nación es el salvoconducto perfecto para hacerse millonario en el sector privado vendiendo influencias a precio de oro.
El ciudadano de a pie asiste estupefacto a un agravio comparativo flagrante. El estatuto actual de los expresidentes que no es otra cosa que un blindaje legal redactado en los años 80 y 90 a la medida del bipartidismo, garantiza un retiro de auténtico lujo con dinero público. Casi 80.000 euros de sueldo vitalicio, secretarios con sueldos del máximo nivel administrativo puestos a dedo, oficinas pagadas, coches oficiales, chóferes, escoltas y viajes gratis en transportes del Estado. Nos dicen que es para "preservar la dignidad del cargo". Sin embargo, resulta obsceno que los mismos que reciben este generoso escudo pagado por los contribuyentes no tengan el menor reparo ético en compatibilizarlo con el lobbismo más descarado.
Cuando se rasca en las cifras del sector privado, la "dignidad del cargo" se traduce en un negocio astronómico. La opulencia de los consejos de administración y los contratos de asesoría dibuja un mapa de enriquecimiento que sonroja a cualquiera.
Empecemos por Felipe González no se queda atrás en el arte de rentabilizar el pasado. Cobró 126.000 euros anuales brutos durante años como consejero de Gas Natural Fenosa hasta que la presión pública le obligó a dejarlo en 2015. Lejos de retirarse a su paga del Estado, volvió a la carga fichando como consejero en Boluda Towage, la filial de remolcadores del multimillonario Vicente Boluda. González ostenta además el récord de ser el primer expresidente en acumular más de 2 millones de euros únicamente procedentes de la asignación vitalicia del Estado que él mismo legisló en 1992.
José María Aznar quien ha convertido su salida de la política en una multinacional de la influencia. Como consejero independiente de News Corp (el gigantesco conglomerado mediático del magnate Rupert Murdoch), ha acumulado más de 4 millones de euros desde su fichaje en 2006, registrando picos anuales que superan los 341.000 dólares. A esto se le suma un sueldo estimado en 200.000 euros anuales como asesor de Endesa, esa eléctrica privatizada, casualmente, bajo su propio mandato (algo no investigable), además de sus lucrativos vínculos con firmas como la tabaquera Philip Morris o el mega-bufete Latham & Watkins.
M. Rajoy volvió a su puesto como registrador de la propiedad a su plaza en Santa Pola (Alicante), pero después de pasó a la mejor de Madrid, y quizás de España, ganando lo que no está en los papeles.
No sé cómo lo veréis los lectores, pero me parece que es una desfachatez democrática cobrar una pensión vitalicia del Estado mientras se utiliza el prestigio y los secretos de ese mismo Estado para engordar cuentas corrientes privadas.
O se le mete mano a este despropósito legislativo o lo que surgirá con los siguientes expresidentes será similar a lo relatado. Se necesita más que una propuesta política, una exigencia de higiene básica. La iniciativa la ha tomado Sumar donde pensamos que no se puede tolerar ni un minuto más que un expresidente comercie con la agenda de contactos que construyó mientras le pagábamos el sueldo. Si deciden convertirse en comisionistas o conseguidores de las multinacionales, que tengan la decencia de renunciar, desde el primer minuto, a cada euro, coche y secretario que les pagamos los ciudadanos.
En 2004 se creó la vía del Consejo de Estado: un retiro institucional digno, con un sueldo de 100.000 euros anuales, pero estrictamente incompatible con el sector privado. Que figuras como Aznar o González le dieran la espalda a este órgano consultivo para priorizar los cheques de las energéticas y los magnates extranjeros retrata a la perfección dónde reside su lealtad al Estado.
El verdadero termómetro de este despropósito está en el profundo hastío de los ciudadanos. Mientras el trabajador medio pelea por subidas salariales miserables, asiste con impotencia a un estatuto que blinda privilegios obscenos, como colocar a dedo a personal con el máximo nivel funcionarial. Incluso la aparente ejemplaridad del regreso de Mariano Rajoy queda bajo sospecha al haber obtenido un traslado exprés a la plaza más lucrativa de Madrid. Al final, la calle lo tiene claro: hay una oligarquía económica dispuesta a pagar lo que sea por comprar la agenda de un expresidente para seguir engordando sus cuentas.
Por supuesto, que el debate no es ajeno a la guerra de trincheras. Existen serias advertencias sobre el peligro de que la derecha instrumentalice judicialmente el caso de Zapatero para desestabilizar a la izquierda. Sin embargo, más allá de los recelos sobre el uso partidista de los tribunales o las viejas rencillas internas del socialismo, la conclusión de los ciudadanos no cambia: sea legal o no, esta falta de límites es éticamente insostenible. La reforma ya no es una opción de partido, sino la única vía para evitar que el prestigio del Estado siga en venta.
La alta política no puede seguir siendo una inversión a plazo fijo para forrarse en diferido. Regular y prohibir las actividades de lobby de nuestros exlíderes no es revanchismo; es defender la dignidad de las instituciones frente a quienes confunden el honor de haber servido a su país con una vulgar agencia de intermediación lucrativa. Ya basta de financiar los despachos de los mercaderes de la Moncloa.
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