Desde una óptica de izquierdas transformadora, el escenario que se nos plantea trasciende la mera gestión administrativa, y lo que nos muestra es una radiografía de la tensión entre el capital rentista y el derecho a la existencia.
Lealtad de clase sobre el sentido de Estado.- La negativa del Grupo Popular a siquiera sentarse a negociar revela una vez más, su continuada estrategia de "bloqueo sistémico". Al rechazar una medida que cuenta con el apoyo del 65% de sus propios votantes, el PP demuestra que su brújula política no apunta hacia el bienestar de sus bases sociales (clases medias y trabajadoras que también alquilan), sino hacia la protección de los intereses de los grandes tenedores y fondos de inversión. Es la priorización del beneficio inmobiliario por encima de la estabilidad económica del consumo doméstico.
Geopolítica como excusa vs. Realidad.- Mientras que las derechas suelen utilizar los conflictos internacionales (como la guerra de Irán) para justificar recortes o políticas de austeridad, la izquierda debemos leer este RDL como un ejercicio de soberanía social. Si el Estado no interviene el mercado, en momentos de excepcionalidad bélica provocada por el amigo Trump, la libertad del ciudadano se reduce a la "libertad de ser desahuciado". La inflación de los alquileres funciona aquí como un impuesto privado transferido de las familias a los propietarios; frenarlo es una medida de redistribución de la riqueza.
Un conflicto transversal.- El dato del Ateneo del Dato es demoledor para el relato de los conservadores de nuestro país. La vivienda ha dejado de ser un eje entre "izquierda-derecha" para convertirse en un eje de "arriba-abajo". Cuando un tercio de los votantes del PP se plantea cambiar su voto, estamos ante una ruptura del bloque de identidad partidista frente a la necesidad material. La vivienda es hoy el principal factor de empobrecimiento de la clase trabajadora española, y cualquier partido que ignore el "ahorro de 2.000 euros" que representa para las familias, está operando de espaldas a la calle.
No hago este comentario cómo un deseo de informar, sino como una advertencia electoral. Si la derecha decide tumbar este decreto, no estará castigando al Gobierno, estará castigando directamente los bolsillos de 2,5 millones de personas. La izquierda tiene aquí la oportunidad de mostrar el sentido común que necesita la época que nos ha tocado vivir: no hay democracia real si el poder reside en el mercado.
La clase política debe retratarse y decidir dónde y cómo vive la gente. Y la gente no olvidar luego cuando haya que votar, quien actuó pensando en ella, y quien lo hizo pensando en los grandes fondos y grandes tenedores a quienes tristemente representa la cúpula de la derecha española.
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