La guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán no es solo una tragedia humanitaria ni un nuevo episodio de inestabilidad en Oriente Próximo, sino, sobre todo, un gigantesco shock económico que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿para quién se hace la política de seguridad en el siglo XXI? ¿Para los ciudadanos o para una minoría que se enriquece con cada escalada?
Para intentar dar una respuesta hay que colocarse frente al mapa. El estrecho de Ormuz, hoy convertido en epicentro del conflicto, es mucho más que una franja de mar en el Golfo Pérsico, puesto que por ahí transita en torno al 20% del petróleo mundial y una parte clave del comercio de gas y productos químicos indispensables para la industria y la agricultura de todo el planeta. Cerrar, restringir o simplemente amenazar ese paso, estamos viendo que equivale a poner la pistola en la sien de la economía mundial.
En cuestión de días, el barril de crudo ha saltado muy por encima de los tres dígitos y los mercados ya están descontando escenarios que van desde la recesión global hasta una nueva ola de inflación. Cada dólar en que se incrementa el precio del barril se traduce en carburantes más caros, en recibos de calefacción más difíciles de pagar, en alimentos que suben de precio porque los fertilizantes y su transporte se encarecen. Para el ciudadano medio europeo, latinoamericano o asiático, la guerra en Irán se ha convertido en un impuesto a pagar sin rechistar sobre la vida cotidiana.
Y, sin embargo, la respuesta dominante de las potencias no está siendo apostar por la desescalada en el conflicto, sino por todo lo contrario: refuerzo del escudo nuclear, despliegue de portaaviones y fragatas, envío de tropas para “garantizar la libertad de navegación”, militarización del Mediterráneo oriental y del propio estrecho de Ormuz. Todo ello nos lo presentan como un sacrificio inevitable para defender nuestra seguridad y estabilizar los precios. Si uno mira los datos con calma, el argumento se desmorona por sí solo.
Un negocio redondo para unos pocos
Cada escalón más en la tensión militar se traduce en más volatilidad y en nuevos repuntes de los precios de la energía. Los seguros marítimos se han disparado, las navieras no van a perder un euro y repercuten el coste en sus tarifas, los gobiernos anuncian compras extraordinarias de armamento y de gas “alternativo” a precios más altos. El resultado es el de siempre en estos casos, un círculo vicioso: la guerra que supuestamente se hace para abaratar la energía es, en realidad, el principal motor del encarecimiento de la energía. ¿Por qué, entonces, insistir en esa vía? Porque la guerra, además de un desastre social, es un modelo de negocio.
Los sectores que ganan con el conflicto están muy bien identificados: Las grandes petroleras y los grandes compradores y vendedores de activos financieros para ganar dinero con las subidas y bajadas de precio de las materias primas, que ven cómo sus márgenes crecen con cada subida del precio del crudo y del gas; las empresas de armamento y tecnología militar, para las que cada misil lanzado, cada escudo antimisiles desplegado y cada barco enviado a la zona es un contrato más pagado con dinero público; los fondos de inversión que aprovechan la volatilidad para especular con futuros de energía y con acciones de sectores “refugio” como son defensa y combustibles fósiles.
Mientras las bolsas globales sufren, las acciones de gigantes de la defensa y de algunas petroleras se comportan como auténticos ganadores de la guerra. Y mientras los gobiernos advierten a sus ciudadanos del “esfuerzo que todos debemos hacer”, esos mismos gobiernos sellan contratos de miles de millones que consolidan la posición de estos oligopolios durante décadas.
Pero siempre que un lado gana, hay un lado perdedor, y aquí la lista también está igual de clara: los hogares que ven cómo su salario no les llega a fin de mes, las pymes que no pueden soportar el incremento de costes energéticos, los estados que desvían recursos de la sanidad, la educación o la transición ecológica para sostener el gasto militar. Es una transferencia de renta desde la mayoría social hacia una minoría perfectamente localizada.
La irracionalidad económica de la escalada
Desde una óptica estrictamente económica y sin adjetivos políticos, la escalada es una estrategia difícilmente justificable. El cierre total o parcial de Ormuz, aunque sea durante unas pocas semanas, tiene un impacto en todo el sistema económico: encarece la energía, aumenta la inflación, obliga a los bancos centrales a endurecer sus condiciones financieras y es un estrangulamiento para las inversiones productivas. El riesgo de todo esto induzca a una recesión no es una hipótesis teórica, sino un escenario que ya están manejando los principales organismos internacionales.
Algunos ya argumentan que no hacer nada también tiene un coste, o que dejar a Irán “controlar” el estrecho es una cesión inaceptable, lo que puede ser una opinión compartida. Pero ese razonamiento parte del falso dilema entre la humillación y la guerra total. Hay un espacio amplio para la política y la diplomacia que hoy se está despreciando deliberadamente. La receta militar no resuelve el problema de fondo, muy al contrario, lo agrava. La destrucción de infraestructuras, los ataques cruzados a petroleros, el riesgo de extensión a otros escenarios (del Mediterráneo oriental al mar Rojo, y no está tan lejano nuestro Levante) introduce nuevas fuentes de inestabilidad. A corto plazo, va a generar beneficios extraordinarios para quienes venden armas o energía cara; a medio y largo plazo, dejará una deuda pública elevada, el capital físico (conjunto de bienes materiales y duraderos que se usan para producir otros bienes y servicios) destruido y nuestras sociedades más vulnerables.
La desescalada como política económica de sentido común
Frente a este escenario, hablar de desescalada no es un gesto de ingenuidad pacifista, sino una opción de racionalidad económica básica. Preguntémonos ¿Qué implicaría, en la práctica? En primer lugar, un alto el fuego inmediato y el fin de los bombardeos masivos, acompañado de compromisos verificables por parte de Irán de no bloquear el estrecho y de no atacar el tráfico comercial. En segundo lugar, un marco multilateral, bajo paraguas de Naciones Unidas y de los actores regionales, para garantizar la seguridad de la navegación en Ormuz: no como protectorado de una sola potencia, sino como un bien público global gestionado con reglas claras.
En paralelo, resulta indispensable retomar un marco de negociación nuclear y de seguridad regional que reduzca los incentivos de Teherán a utilizar el “arma del estrecho de Ormuz” como palanca política. Es posible y deseable: ya existió un acuerdo, el JCPOA (el pacto que limitaba el programa nuclear iraní, sometido a inspecciones internacionales, a cambio de aliviar la asfixia económica de las sanciones), que fue dinamitado políticamente, no por fracasos técnicos. Reconstruir ese espacio exigiría renuncias de todas las partes, pero el dividendo económico que supondría para la ciudadanía global sería inmenso.
Por último, aprovechemos un problema para mejorar. La crisis actual debería servir de catalizador para acelerar la transición energética, sobre todo en Europa. Cada euro invertido en reducir la dependencia de los hidrocarburos del Golfo es un euro invertido en soberanía económica y en resiliencia social. Seguir atados a las circunstancias geopolíticas que rodean un puñado de pasos o zonas estrechas clave para el transporte mundial, defendidos a golpe de fragata y misil, esa si es una verdadera utopía irresponsable.
Una lección incómoda
Para ir terminando este análisis. La guerra en Irán nos está dando una lección muy incómoda, la de como la arquitectura actual de la seguridad internacional está diseñada para proteger la seguridad de las élites (sus rutas, sus beneficios, su capacidad de decisión) más que para la seguridad material de la mayoría. Cuando los líderes hablan de “defender nuestros intereses”, se refieren a los suyos, y pocas veces a la capacidad de los hogares para pagar la luz o llenar la nevera. Apostar por la desescalada no significa negar la complejidad del conflicto ni idealizar a ninguno de los actores implicados. Significa asumir que la verdadera línea divisoria no pasa entre países “amigos” y “enemigos”, sino entre quienes ganan dinero con cada escalada y quienes pagan la factura con su nivel de vida.
Si algo ha demostrado la historia reciente, es que los conflictos en torno a la energía siempre acaban socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. Romper ese patrón exige cambiar las prioridades: menos geopolítica de “agallas o testosterona”, más política económica pensada para quienes no nos sentamos en los consejos de administración, ni tenemos un teléfono rojo en la mesa.
La desescalada es, hoy lunes nueve de marzo de 2026 estas, mucho más que una opción moralmente deseable. Es la única salida económicamente sensata para las mayorías de todos los países del planeta.
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