La crisis de la guerra no golpea a todos por igual. Lo pasan peor los hogares con menos ingresos, las viviendas mal aisladas que necesitan más calefacción o aire acondicionado, quienes dependen del coche a diario y las familias con hipoteca variable. La aguantan mejor quienes tienen más renta, casas eficientes y deuda controlada o a tipo fijo. Mientras tanto, algunas grandes empresas energéticas pueden ver crecer sus beneficios gracias a estos mismos precios altos.
Ante este panorama, la política pública no puede limitarse a observar cómo suben los termómetros del mercado. Hace falta proteger a los más vulnerables con ayudas específicas, evitar cortes a quienes no pueden pagar, impulsar de verdad la rehabilitación energética de viviendas y reforzar el transporte público allí donde el coche es hoy casi obligatorio. No se trata solo de explicar que la guerra en Irán afecta a nuestros bolsillos, sino de decidir cuánta protección queremos ofrecer a los hogares frente a una inestabilidad que, por desgracia, volverá a repetirse.
Y no son responsabilidad de nuestro gobierno estas subidas, sino de quien ha iniciado esta guerra y de quienes aquí le apoyan. Lo que sí es responsabilidad de nuestro gobierno es poner en marcha ese escudo de protección social a quienes más lo necesitan.
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