Aunque pueda parecer difícil de creer el hecho de que Francia, Alemania y el Reino Unido se hayan posicionado junto a EE UU e Israel y en contra de Irán, lo cierto es que no es un “apoyo” solo por convicción jurídica, sino más bien por una combinación de alineamiento geopolítico con Washington y Tel Aviv, por cálculo de seguridad y para la construcción de un relato hacia su propia opinión pública.
Los tres son pilares del eje transatlántico y de la OTAN; perciben su credibilidad como aliados ligada a no romper públicamente con Washington e Israel, incluso cuando la base legal del uso de la fuerza es discutible. En el contexto de la guerra en Ucrania y la dependencia de la disuasión norteamericana frente a Rusia, sus gobiernos evitan aparecer como actores que “debilitan” al socio estadounidense cuestionando frontalmente la operación.
Desde hace años, París, Berlín y Londres presentan a Irán como actor desestabilizador (programa nuclear, misiles, apoyo a milicias y envío de drones a Rusia), lo que facilita justificar un alineamiento político con medidas de fuerza contra Teherán, aunque no participen militarmente por ahora. En su narrativa, los ataques se insertan en una lógica de “contención” y de evitar que Irán alcance capacidad nuclear militar, lo que desplaza a un segundo plano la discusión sobre la legalidad estricta de la operación bajo la Carta de la ONU.
El “apoyo” europeo es sobre todo discursivo: condena de Irán, reafirmación del “derecho a defenderse” de Israel y EEUU, y coordinación cercana, combinados con la insistencia en que no han participado en los bombardeos. Esta ambigüedad sirve para tres cosas: mantener la solidaridad con el aliado, minimizar riesgos de represalias directas contra intereses europeos y conservar un cierto margen para mediación diplomática.
Los gobiernos perciben a Irán como fuente de riesgos internos (terrorismo, ciberataques, redes de influencia, tensión en comunidades de la diáspora) y externos (ataques a tropas, embajadas, tráfico marítimo), lo que les lleva a priorizar la lógica de “contener a Irán” sobre la defensa coherente del principio de no uso de la fuerza. En la ecuación política doméstica, el coste de aparecer “débiles” frente a Irán o desleales con EEUU e Israel se valora como mayor que el coste de erosionar el discurso sobre derecho internacional, que suele quedar más difuminado para la opinión pública general que para las élites jurídicas.
En términos de derecho internacional, incluso líderes europeos han reconocido explícitamente que determinadas oleadas de ataques carecen de base legal clara, mientras, en paralelo, otros socios dentro de la UE y de la OTAN los aplauden o los consideran compatibles con la “autodefensa”. Esta disparidad evidencia un patrón estructural: el derecho internacional se interpreta de forma expansiva para los aliados estratégicos y de forma restrictiva para los adversarios, lo que se señala como “ataque ilegal” se acepta políticamente porque sirve a intereses percibidos como superiores (seguridad, contención de Irán, cohesión occidental), aun a costa de vaciar de contenido la norma.
El gobierno español se ha colocado claramente en una posición disonante respecto al eje París‑Berlín‑Londres, combinando condena política de los ataques de EEUU e Israel con una apelación explícita al respeto del derecho internacional y a la desescalada. España ha calificado la operación como “acción militar unilateral”, sin cobertura de la Carta de la ONU ni del derecho internacional, y han rechazado que sea una vía legítima para gestionar la crisis con Irán. A la vez, el Gobierno condena también las actuaciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria, intentando mantener un perfil “equidistante” en términos normativos (rechazo de la violación de derechos y de la escalada militar venga de quien venga).
Frente al atlantismo disciplinado de Francia, Alemania y Reino Unido, España se proyecta como voz “garantista” dentro de la UE, poniendo el acento en legalidad internacional, multilateralismo y diplomacia, lo que refuerza un rol de disidencia controlada dentro del bloque occidental. Esta posición alimenta una narrativa de coherencia (mismo discurso que en Gaza y Ucrania: defensa del derecho internacional y rechazo de la guerra como herramienta política), pero a la vez aumenta la fricción con Israel y con la Casa Blanca, que ya ha derivado en acusaciones israelíes de que España “se alinea con los tiranos del mundo”.
Desde la lógica de la política exterior, España asume costes en términos de tensión diplomática con Israel y de menor alineamiento visible con EEUU, a cambio de ganar reputación como actor normativo y de diferenciarse dentro de la UE, algo coherente con la evolución reciente de su política hacia Palestina y Gaza. En términos de derecho internacional y del marco que un ataque ilegal y de vulneración de la Carta, la posición española es una de las pocas dentro de la UE que verbaliza abiertamente esa ilegitimidad jurídica de la operación, aunque sin traducirla en medidas materiales (sanciones, suspensión de cooperación militar, etc.), por lo que sigue moviéndose en el terreno de la condena política y simbólica
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