Federico Jiménez Losantos y Cayetana Álvarez de Toledo han decidido llevar la política un paso más allá en la pendiente del barro, convirtiendo la salud de Pedro Sánchez en munición, difundiendo o amplificando un rumor sobre una supuesta enfermedad cardiovascular que el propio presidente y el Gobierno han calificado abiertamente de bulo. No es solo una indecencia política; es un choque frontal con uno de los núcleos duros de nuestro Estado de Derecho: el derecho a la intimidad, y muy en particular a la intimidad sanitaria.
La Constitución no es ambigua en esto. El artículo 18.1 protege la intimidad personal y familiar, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reiterado que los datos médicos se sitúan en la esfera reservada y revelarlos sin consentimiento vulnera derechos fundamentales, incluso cuando la información es veraz. El legislador europeo y el español han ido más lejos, y el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 consideran la salud una “categoría especial” de datos, cuyo tratamiento está prohibido salvo excepciones tasadas o consentimiento explícito, con sanciones que pueden llegar a 20 millones de euros. No es una broma, ni un formalismo jurídico: es una muralla levantada precisamente para que nadie pueda usar la enfermedad como arma de control, discriminación o linchamiento público.
Si, además, lo que se difunde es falso o se construye sobre datos apoderados sin consentimiento, entran en juego las figuras de injurias y calumnias, con un plus de gravedad cuando el objetivo es el presidente del Gobierno. Aquí no hablamos de crítica política ni de legítimo escrutinio: hablamos de jugar con la vida privada, verdadera o inventada, para erosionar la imagen de una persona hasta despojarla de su condición de ciudadano con derechos.
Es cierto que los cargos públicos, y más aún un presidente, están sometidos a un mayor nivel de transparencia y control social. La libertad de información del artículo 20 CE permite, y debe permitir, que se analicen sus decisiones, su coherencia, sus posibles conflictos de intereses, incluso determinados aspectos de salud cuando exista un interés público real, definido y proporcionado. Pero otra cosa es convertir un rumor sin base en un espectáculo, pedir en sede parlamentaria la “desclasificación” de un historial médico y presentar el morbo como democracia avanzada. Ahí la balanza entre libertad de información e intimidad se rompe, porque falta el requisito esencial: veracidad y relevancia para el interés general.
Lo llamativo es que, mientras se agita la supuesta cardiopatía de Sánchez, buena parte de quienes participan de este linchamiento han digerido sin indigestarse un caso como el de Eduardo Zaplana, cuyo diagnóstico de “enfermedad terminal” se ha prolongado durante años en libertad. No se trata de cuestionar su situación clínica, sino de señalar la hipocresía: la enfermedad se protege o se exhibe según convenga al relato de cada cual. Para el adversario, cualquier sospecha es excusa para la deshumanización; para los propios, la misma enfermedad se blinda como asunto casi sagrado.
Es aquí donde el debate jurídico se cruza con algo aún más preocupante: la normalización de la deshumanización política. Cuando se pasa de llamar “hijo de puta” a un presidente en sede parlamentaria a especular sobre si su corazón funciona o no, el mensaje subyacente es el mismo: no se discuten políticas, se intenta despojar al otro de su condición de igual, reducirle a objeto de burla, sospecha o compasión forzada. Los bulos sobre salud encajan a la perfección en la “máquina del fango”: degradar al adversario hasta que todo valga, también saltarse las defensas legales que protegen lo más íntimo.
Por eso es importante insistir en algo que debería ser obvio: defender la intimidad sanitaria de Sánchez no es una causa “sanchista”, es una línea roja democrática. Si hoy aceptamos que el historial médico del presidente sea moneda de cambio en la batalla política, mañana lo será el de cualquier ciudadano con cierta exposición pública, y pasado mañana el de cualquiera que incomode al poder mediático o económico de turno. El derecho a la intimidad, y en particular a la privacidad sobre la salud, existe precisamente para que ningún Federico ni ninguna Cayetana puedan decidir qué entra o no en la historia clínica pública de nadie.
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