Un gobierno miserable

Desde primeros de octubre los enfermos de cáncer y de otras patologías graves pagarán el 10% del precio de los medicamentos. No lo han anunciado en plan globo sonda como en otras ocasiones, sino directamente en el BOE, eso sí, de tapadillo. Prácticamente todos los sectores relacionados con la salud han rechazado la medida, incluso alguna Comunidad Autónoma del PP.

Posiblemente, de todas las líneas traspasadas por el PP en su afán por cambiar el modelo social de nuestro país, esta es la que demuestra más claramente lo miserables que pueden llegar a ser, estableciendo el copago a los tratamientos que reciben los ciudadanos afectados por estas patologías. Parece poco discutible ya que con la justificación de la crisis se dedican a establecer medidas que solo empeoran las condiciones de vida de quienes menos recursos poseen o de quienes más necesitan el apoyo de lo público para mejorar esas condiciones de vida.

Lo mas extraño es que los afectados nos limitemos a protestar solo en voz baja, y no se vean las calles llenas de gente gritando que hasta aquí hemos llegado, y no pensamos tolerar tamaño atropello. Pero si manifiestas esto, siempre hay quien pone frente a cualquier propuesta de manifestarse en contra del gobierno el mensaje de siempre: es la decisión de un gobierno con mayoría absoluta. Y eso es innegable.

Pero siempre se puede responder que no tiene mayoría absoluta por la política que hace, sino por la que prometió que haría. Y en concreto, la ministra de sanidad encontró uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, gratuito y universal. Hoy ese sistema ha dejado de ser universal, porque son miles de pacientes los excluidos del sistema desde su decreto del 2012, y lo de gratuito también es otro calificativo que ya no puede aplicársele.

Mientras tanto, este mismo gobierno hace unos días, condonaba la deuda que tenían con el Estado, las entidades bancarias rescatadas. Para ellas si dispone el Estado de recursos, para estos enfermos no. Solo podemos pensar que quien nos gobierna no lleva la iniciativa, sino que está decidido a cumplir al pie de la letra las premisas del liberalismo: déficit publico cero, desfiscalización de las rentas del capital, menor gasto público en servicios sociales, privatización de los servicios públicos, deslocalización del capital, y recortes en derechos laborales y sociales.                                   

Como dice el chiste, está claro que en un país donde el mayor banquero se llama “Botín” y la ministra de sanidad “Mato”, las esperanzas de que las cosas se hagan bien son escasas. Nulas. Pero la mayoría absoluta debe darles derecho a todos los abusos a que nos someten.

Contra la corrupción, mas democracia.

Este verano han sido muchas las cortinas de humo utilizadas por el PP para tratar de ocultar la imagen de un partido sumido en la corrupción       (Gurtel o su derivación en el caso Bárcenas). Para eso todo vale, desde  reflotar el problema de Gibraltar, la posible guerra de Siria, o dar por hecho obtener los Juegos Olímpicos. Todo les ha sido útil en ese empeño. Pero fundamentalmente han utilizado el mensaje de fondo más  nocivo para la democracia: la corrupción es generalizada y es equiparable en todos los partidos, y afecta a todos los políticos.

Con esa “táctica ventilador” el PP busca su autoprotección, pero no es menos cierto que desde los demás partidos se le ha facilitado que su mensaje pueda calar en la ciudadanía.  Son hoy tantos los casos individuales y los partidos afectados, que ante los ciudadanos la imagen de la política ha quedado seriamente dañada, y la desconfianza en el funcionamiento de las instituciones es hoy un hecho indiscutible.

Por eso, quienes creemos que la mejor forma de gobierno es la democracia, estamos en la obligación de fortalecer los mecanismos legales para combatir la corrupción política. Y no valen simulacros como los instrumentos de la llamada Ley de Transparencia que ahora a toro pasado pretende imponer el partido popular, sino que urge plantear una serie de medidas que puedan devolver la confianza perdida por los ciudadanos en el sistema.

Esto es exigible a todos los demócratas, pero sobre todo somos los socialistas quienes debemos demostrar que no somos iguales al PP, poniendo sobre la mesa una serie de propuestas capaces de llevar al ciudadano al convencimiento de que realmente estamos no solo contra los casos del PP, sino contra cualquier tipo de corrupción incluidos los ERE andaluces.

Solo lo lograremos si somos capaces de liderar esa lucha, y si el nuevo proyecto socialista va a surgir de la próxima Conferencia Política a celebrar en noviembre, este es un asunto que debe quedar meridianamente claro, para que nuestro posicionamiento se visualice de manera contundente.

Podrían ser muchas las propuestas realizadas desde el socialismo en esta lucha, pero si la corrupción es una transgresión de la conducta que los electores esperan de sus elegidos, o del papel que esperan desempeñen las instituciones públicas, parece obvio que se elabore un código de conducta como primera medida a adoptar.

Debe ser aplicable en todo el territorio del Estado, y a todos los representantes de los ciudadanos, y definir claramente las funciones y competencias de cualquier cargo público para que su ejercicio sea al servicio de la sociedad. Y una vez elaborado ese código de conducta, se necesita una figura encargada de garantizar su cumplimiento, y esa figura debe ser electa por todos los ciudadanos y no depender  su nombramiento del gobierno de turno.

Esto puede complementarse a nivel interno de los partidos regulando  estatutariamente los órganos o figuras encargadas de este menester internamente. En el partido socialista hay una serie de premisas que a nivel interno deberían ser evaluadas para aplicarse: ¿debe dimitir un imputado del cargo que ejerce? ¿Debe cesar en su militancia? ¿Debe facilitarse defensa jurídica la institución o el partido? No es cuestión de expresar uno u otros posicionamientos personales, es la oportunidad de adoptar en la Conferencia Política un posicionamiento como organización, y hacerlo democráticamente.

Lo que parece no discutible, ante la posibilidad de que los corruptos se vayan de rositas si ha transcurrido un tiempo, es la opinión de la gran mayoría de ciudadanos de que es necesario legislar que estos delitos no prescriban en tan corto plazo como lo hacen ahora, y endurecer las penas por delitos de corrupción, tanto para el que instiga a la corrupción como al que se corrompe, y debería reformarse el Código Penal para posibilitarlo.

Las dudas sobre financiación de los partidos, muestran que deben ponerse en marcha nuevos mecanismos para fiscalizar sus cuentas porque el Tribunal de Cuentas se ha mostrado inoperativo para ello. No es solo ineficaz por falta de medios, que también, sino porque en su composición carece de representación ciudadana, y sus miembros están designados por aquellos a los que deben fiscalizar. En esa composición debería primar la independencia, la capacidad, los méritos técnicos y la especialización. Nadie entiende que la sociedad no tenga capacidad de control y mayor participación en un órgano de control.

Continuando con los órganos anticorrupción, parece lógico también aplicar este requisito al Fiscal General del Estado y al Fiscal Anticorrupción, y que a ambos se les eligiera por sufragio universal secreto, libre y directo de la ciudadanía, y no como se hace actualmente. Con ello se respaldaría su representatividad en nombre de los ciudadanos, mientras que la actual designación (sin poner en duda su capacidad y merito profesionales), no deja de ser una fórmula que en si misma les hace cuestionables. 

Y para completar la independencia del sistema, también la figura del Defensor del Pueblo debe ser reforzada en sus competencias y su designación también realizarse mediante sufragio universal, en voto libre y secreto, como los anteriores. Con estas modificaciones se facilitaría que la sociedad pueda, porque debe, saber en todo momento qué hacen o plantean sus representantes, y para ello la transparencia debe ser un principio exigido y practicado por cualquier cargo e institución pública, porque el poder debe ser transparente y compartido, y nunca poder ser utilizado en beneficio personal.

Para los socialistas, la Conferencia Política es una oportunidad para que los socialistas hagamos estas propuestas, y a la vez reivindiquemos la eliminación de aspectos que por los ciudadanos se consideran privilegios ligados al cargo institucional. No es llamarse socialistas, sino vivir como socialistas

Si tanto preocupa a la clase política la llamada desafección de los ciudadanos, parece necesario reafirmar que la política y los políticos solo recuperaran el crédito perdido con hechos y actuaciones. Hoy más que nunca es válido el aforismo de que las palabras se las lleva el viento. Ejemplos de que esta afirmación forma parte de cómo debemos entender el socialismo, hay muchos en nuestra historia como partido, y si alguien los desconoce puede leer a Pablo Iglesias.

La Conferencia Politica del PSOE no puede quedar en papel mojado

Salvo que nos obstinemos en permanecer con los ojos cerrado y de espaldas a la sociedad, los socialistas debemos ser conscientes de que nuestro caudal político ha sufrido una erosión peligrosa, que fruto de la desmoralización ha disminuido el número de militantes, y que necesitamos recuperar la credibilidad y la confianza perdidas ante la sociedad. O conseguimos que los ciudadanos nos vean más cercanos porque el partido da un giro hacia la sociedad, o difícilmente recuperaremos esa confianza.

 

Nos encontramos en un tiempo de inflexión que decidirá el futuro social de nuestro país, y con él, el de nuestra organización. La regeneración democrática, la recuperación del debate político, o potenciar la cultura de la participación en las decisiones internas, son propuestas que enriquecerán nuestro acervo socialista.

 

Cada vez es más notorio en las redes sociales, que los ciudadanos entienden los partidos como punto de encuentro para la convivencia democrática, y no solo como maquinarias electorales. Hay que apostar por una democracia de calidad, porque los ciudadanos rechazan más la apariencia de democracia que su falta.

 

A lo largo de nuestra historia hemos combatido: las desigualdades de clase; las desigualdades de género; y la situación que viven nuestros jóvenes hace que ahora nos toque combatir las desigualdades que se producen entre generaciones, y ese es un reto inaplazable con uno de cada dos jóvenes españoles en situación de desempleo. El futuro del socialismo está en la juventud, y eso debe ser una creencia, no una frase bonita.

 

Todos los y las socialistas debemos aportar nuestro impulso a ese cambio necesario, y debemos hacer que todas estas ideas se vean plasmadas en las resoluciones de la Conferencia Política de noviembre. Es el tiempo de las propuestas para mejorar la democracia interna y la participación; es el momento de “repensar” nuestro partido buscando fórmulas que nos conecten con la ciudadanía.

Los debates en la Conferencia no pueden eludir aspectos como intentar aglutinar y liderar a toda la izquierda Ideológica, el impulso de la participación, la demanda de listas abiertas, de limitación de mandatos, de incompatibilidad, de financiación de partidos, la consulta a la militancia, mejorar la transparencia, etc.

 

La Conferencia marca la hora de una profunda renovación. Debemos ser los militantes quienes decidamos el rumbo a adoptar, quienes definamos una nueva organización adaptada a las exigencias del siglo XXI. Nada puede unirnos más, que el deseo de sentirnos socialistas cada día, de trabajar por alcanzar una democracia interna efectiva en la que cada militante con su participación construya los designios de un partido del siglo XXI, y así seguir luchando por el progreso, la igualdad y los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.

 

A dos meses vista, nadie puede ignorar la importancia de la Conferencia de noviembre, ni siquiera los que tenemos nuestras dudas sobre sus resultados. Si hay algo que todos y todas compartimos es que sus resoluciones no pueden quedar en papel mojado, y el resultado debe ser un PSOE renovado completamente. Si quienes organizan la Conferencia y quienes participen en ella, no son conscientes de eso, que no duden que este partido se renovará a sí mismo, lo quiera o no su dirección.

Vivimos una democracia simulada

En muchas ocasiones, del análisis de cómo funciona nuestro estado, no es difícil concluir que nuestra democracia no es tal. Son muchos los aspectos que la asimilan más a un régimen impuesto, que a la expresión del deseo o designios ciudadanos. Si queremos que se produzcan cambios que la mejoren, no cabe duda de que la responsabilidad de hacerlo va a recaer sobre la izquierda, puesto que a la derecha política ya le va bien con la actual estructura de nuestra democracia.

Los socialistas, desde el inicio de la transición española, hemos defendido la necesidad de más democracia y mayor participación ciudadana, y por ello debemos ser los impulsores de la revisión de esas viejas estructuras desde las que se ejerce el poder político. Hacerlo implica la puesta en valor de los principios que siempre hemos defendido: igualdad, decisión popular mediante la participación de los ciudadanos en las grandes decisiones, transparencia en la gestión y acceso ciudadano a la información.

Es posible fomentar la participación en democracia a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales, pero desde la izquierda debemos ser conscientes de que ello implica nuevas fórmulas diferentes a las de los partidos políticos o a los movimientos sindicales, de lo contrario va a ser difícil recuperar la con fianza en las formas de acción política.

De todas las cosas que merecen la pena cuestionarse sobre el actual modelo de estructura del estado español, la más llamativa es sin duda, por su importancia y relevancia en esa estructura, y porque su elección no es democrática, es  la Jefatura del Estado, y ese debate debería abrirse sin ningún tipo de miedos ni recelos. Si se quiere plantear un Estado moderno, la figura del Jefe del Estado no puede quedar al margen de esos cambios y de la elección democrática.

Ya sé que muchos pensaran que hay otras cosas más urgentes de abordar que esta cuestión, pero si se quiere plantear una modificación del actual modelo, este asunto no puede quedar para el final, y menos para los socialistas, que siempre nos hemos proclamado republicanos, y que aceptamos la monarquía como una solución al momento que vivía nuestro país a la muerte del dictador. De no hacerlo, pronunciamientos de democracia, igualdad y libertad de pensamiento, quedan reducidos a eso, meras manifestaciones sin contenido real.

No es un planteamiento para mañana, pero mientras esa cuestión se resuelve, la actual Jefatura ejercida desde la Casa Real, debería estar regulada mediante unas normas que  apruebe el Parlamento, y que contemplen sus funciones, su organización, sus presupuestos de ingresos y gastos, etc. En los últimos años estamos asistiendo a un deterioro de la imagen del a Jefatura del Estado, que ningún país democrático permitiría a su presidencia estatal, porque perjudican la imagen exterior de nuestro país. El gobierno actual, empeñado en la promoción de la Marca España, parece ignorar que la Jefatura del Estado es uno de los elementos más importantes de esa Marca.

Si nuestro Estado es una democracia, deberíamos sin temor, plantear un referéndum en el que los ciudadanos pudieran opinar sobre su deseo de continuar como monarquía o como república. La derecha se opone frontalmente a este planteamiento, pero los socialistas si somos tales, debemos plantear las actuaciones que puedan propiciar  la implantación de la República como forma de Estado.

Este planteamiento que hago a la Jefatura del Estado, debe ser aplicable a todas las estructuras estatales que no cumplan los criterios de elección directa por la ciudadanía. Cuando se cuestionan estructuras como el Senado, las Diputaciones y otras, la consulta a los ciudadanos solventa las dudas del legislador, y es a los ciudadanos a quienes nos corresponde expresar nuestra voluntad.

En un democracia, el poder debe ser ejercido desde órganos democráticos elegidos por los ciudadanos, o estaremos en una democracia que no es tal.

 

¿El problema es Gibraltar?

Lo de Gibraltar está empezando a irse de las manos al gobierno. Lo que en principio se montó como una cortina de humo para tapar las vergüenzas de un gobierno del PP gurteliano y abarcenado, está empezando a ser un verdadero incendio que pone en riesgo la convivencia pacífica de la zona más al sur de la vieja Europa, no solo de España. Realizo esta puntualización porque no parece de recibo la forma y la deriva en la que ha entrado el conflicto, un asunto entre dos países miembros de la UE y a los que les unen más cosas de las que les separan. ¿No han podido sentarse a hablar antes de disparar? Ya sé que es difícil sentarse a hablar, si una de las partes sigue pensando desde los rescoldos del franquismo, y sigue viendo a Gran Bretaña como la pérfida Albión, a la vez que hipócritamente presume de qué ha aumentado nuestro turismo exterior, curiosamente gracias a nuestro mayor cliente turístico, Gran Bretaña. Son los mismos, presumen de esto y a la vez les ven como enemigos.

La Comisión Europea ha pedido que las autoridades españolas "respeten el derecho de la Unión Europea" argumentando que cobrar una tasa por cruzar la frontera sería "ilegal". Está claro que "cualquier impuesto o peaje cobrado en la frontera  sería ilegal". La iniciativa española de cobro perjudica más a los españoles que al gobierno gibraltareño, pero no es menos cierto que habría que recordarle a la UE que este problema existe desde hace siglos y hasta ahora se ha lavado las manos o lo ha ignorado.

Aunque la provocación de arrojar bloques de hormigón por parte del gobierno de la roca a la bahía es el detonante del actual enfrentamiento, esto viene de mucho más lejos, y la llegada de Picardo al gobierno en Gibraltar ya apuntaba en esa dirección de conflictos. Sin embargo hay algunos otros aspectos curiosos que voy a tratar de exponer.

El primero de ellos es quien es nuestro ministro de exteriores. García Margallo llega a ese cargo a propuesta de quien fue responsable de esa cartera en el anterior gobierno del PP, el señor Federico Trillo, el que enterró a los militares del Yak 42 de corre prisas, el que invadió Perejil para mayor gloria de la patria, el que aparece como cobrador de sobresueldos, el que hoy curiosamente ejerce de embajador español en Gran Bretaña. Demasiadas coincidencias para no pensar que convertir esto en un problema ahora es una coincidencia, y que con este maestro y valedor, al señor Margallo habrá que recordar aquello de los polvos que trajeron estos lodos. ¿Alguien puede afirmar que en la actitud del PP en este asunto no hay intereses inconfesables?

En cualquier caso, hay que reconocerle a los estrategas del PP que han conseguido lo que pretendían, que no era otra cosa sino crear un enemigo exterior para unirnos a los españoles frente a las “injerencias externas” (frase a la que el franquismo recurría con mucha frecuencia). Y es raro no escuchar a la derecha exigir el cumplimiento de la obligación de la oposición de apoyar al gobierno frente a la agresión exterior.  Hasta algunos votantes de izquierda han caído en la trampa de pensar que, actué bien o mal el gobierno, la oposición debe darle un apoyo sin fisuras, atavismos del franquismo. 

Habría que recordarles el apoyo que ellos prestaron al gobierno de Zapatero en situaciones internacionales parecidas, que no iguales porque nunca el anterior gobierno nos metió en líos como este. Hay que apoyar los aciertos, no los errores, y la forma del gobierno de enfocar este problema es un error. Porque si se analiza la actitud del gobierno, hay que afirmar que este no es el ministro de asuntos exteriores de España, sino el del PP, puesto que ni consulta, y mucho menos consensúa ningún posicionamiento exterior de España. Hace lo que su partido le dicta, no lo que acuerda el Parlamento.

Par nuestra desgracia, no nos quitamos las herencias franquistas ni con piedra pómez. Es innegable que este es un Gobierno que tiene rasgos de neo fascismo europeo similar al de grupos austriacos, franceses o alemanes en sus planteamientos católicos integristas, homofobas, xenófobos, y otras muchas fobias. Y no lo digo sin apoyarlo en hechos: ahí están las actuaciones de los responsables de sus Nuevas Generaciones, ahí está el trato a los inmigrantes en los servicios sanitarios, ahí está el aumento del presupuesto de Defensa mientras recortan en dependencia, o la última subvención para rehabilitar el Valle de los Caídos mientras siguen las fosas comunes en las cunetas.

Por mucho que se empeñen en convencernos de que el enemigo de España es Gibraltar o Gran Bretaña, la cruda realidad es que nuestro mayor enemigo es un gobierno que entiende la democracia resumida al depositar el voto el día de las elecciones, que se permite mentir en sede parlamentaria sin ningún rubor, que lleva más de veinte años concurriendo a las elecciones democráticas con recursos extra procedentes de turbios orígenes, o que premia a sus cargos con sobres. Gibraltar no es el problema, son ustedes, los que hoy gobiernan España. 

La necesidad de reformar la Constitución

Este mes de agosto está siendo utilizado por el gobierno como un periodo que le permite no solo desviar la atención contra su gran problema interno, la corrupción evidenciada por los casos Gurtel y Bárcenas, sino nebulosa que hace que pasen casi desapercibidas determinadas decisiones impopulares como la subida de la luz, la materialización de las privatizaciones del sistema sanitario, o la restauración del monumento fascista del Valle de los caídos.

Las quejas de muchos respecto a cualquiera de esas actuaciones, ya difícilmente calan en una ciudadanía, cansada de ver cómo han resultado estériles sus reivindicaciones de dos años en demanda de cambios de la política gubernamental, y que en este mes anda empeñada en intentar olvidar las penurias que a cada casa han traído el desempleo o los recortes. Están silenciados por esta injusta política que ha pisoteado derechos laborales y los servicios que mejoraban la calidad de vida de los sectores sociales más desfavorecidos. Los oídos sordos del gobierno a sus demandas, la pasividad del conjunto de la oposición, y la sensación de que la corrupción impregna todo  les han llevado a la desafección con sus representantes políticos y las instituciones.

Cuando se hace un repaso de esas políticas de marcha atrás en derechos sociales en los últimos años, la conclusión más compartida por muchos es que el modelo de democracia que tenemos es en gran medida el que permite que el protagonismo ciudadano se encuentre en un segundo plano, no hemos puesto a la economía al servicio de los ciudadanos, sino a estos al servicio de aquella.

Por lo tanto, intentar recuperar ese retroceso parece inútil si se mantiene el sistema actual, puesto que nada impide que mañana, con una justificación similar a lo que es ahora la crisis económica, un gobierno pueda encontrar un nuevo motivo para mayores recortes en derechos. Estamos pues, ante la necesidad de modificar el marco que delimita las reglas de juego de nuestra democracia, la Constitución Española, y con ello adaptarla a la sociedad del siglo XXI, para impedir que esto pueda volver a producirse.

Esa modificación no puede limitarse a algunos aspectos muy concretos, sino que debe ser amplia y abarcar una nueva manera de sentir como nuestro el estado, y a la vez recoger las exigencias de mas democracia y mayor participación ciudadana. Pero incorporar esos aspectos no debe ser solo fruto de unas cuantas mentes privilegiadas, sino el fruto de una amplia participación de los españoles a través de sus aportaciones que es la única forma de que se recupere la confianza entre ciudadanía, representación política e instituciones.

Aunque muchos se empeñan en no asumirlo, y ver la Constitución del 78 como algo intocable, ya pasaron los años de la transición desde la dictadura al modelo democrático actual, y los frenos y prudencias de entonces en su redacción, deben quedar aparcados, para permitirnos ser más progresistas en una nueva concepción de nuestra democracia.

Nadie pone en duda que hoy la sociedad española está mucho mejor articulada y es capaz de definir lo que quiere tanto política como socioeconómicamente. No es discutible que se necesita avanzar en un sistema que pueda garantizar no solo la convivencia entre los ciudadanos, sino que además debe permitir recuperar la confianza entre esos ciudadanos en las instituciones y en sus representantes políticos. O se realiza esa modernización, o asumimos que este país con el actual sistema no tiene posibilidades de coger el tren del progreso social, y el del progreso económico siempre lo cogen pocos y siempre los mismos.

Si el gran discurso del PP para llegar al gobierno estuvo basado en el concepto de “confianza”, ese mismo concepto debería serle válido para aplicarlo a la sociedad española, y confiar en que esa sociedad está preparada para modernizar nuestra estructura democrática y para ejercer una participación activa en ese nuevo diseño.

Pese a lo anterior, no sería raro que este planteamiento encuentre el rechazo en un PP al que últimamente vemos, sobre todo sus generaciones nuevas, mas por la simbología franquista que por aportar para construir entre todos un nuevo marco de convivencia. Pero lo que no puede ser de recibo es que desde el PSOE en particular, y desde la izquierda en general, no se asuma esta necesidad de un nuevo modelo de democracia con mayor participación política y con una nueva manera de entender el ejercicio de la política.

Para quienes nos sentimos parte de la izquierda democrática española, este debe ser un reto, y debemos ser capaces de asumir nuestra responsabilidad y de liderar esa profundización en el sistema democrático, que contemple una reforma de la Constitución. La Constitución del 78 fue un acierto en ese año, pero hay ha envejecido como todos nosotros y necesita modernizarse.

¿Dónde está el umbral de aguante de la sociedad española?

Por mucho que los marhuendas de turno, y los numerosos lacayos del poder (ayer con el PSOE, hoy con el PP, y mañana con quien toque),  se empeñen en vendernos que la comparecencia de Rajoy en el Senado el primero de agosto fue un éxito clamoroso que transmitió confianza a los mercados y a la economía, no es menos cierto que cuarenta y ocho horas después el FMI y la CE estaban proponiendo nuevas medidas de ajuste a nuestro país, y como siempre no aumentando la recaudación impositiva a las grandes fortunas, sino rebajando un diez por ciento los salarios. Aunque lógicamente los empresarios aplauden con las orejas, y el gobierno lo comparte, ambos ponen sus barbas a remojar sabedores de que aceptar esa propuesta supone la ruptura social y la salida del PP del gobierno, por mucha mayoría que tuviese hace dos años.

Una reducción salarial del diez por ciento sería el disparo que pondría al país en pie de guerra, no solo a la izquierda, sino sobre todo a la derecha, porque les estarían tocando lo que para el capitalismo y los capitalistas es más sagrado que la eucaristía: el bolsillo. Por eso desde el gobierno se han descolgado rápidamente de ese convoy y los empresarios no han manifestado la euforia que en el fondo les provoca la medida, y aunque con seguridad ambos comparten la propuesta de sus correligionarios  Lagarde y Rhen .

Si eso se hace, los sindicatos no podrían permanecer callados por más tiempo, y la oposición tendría que radicalizar posicionamientos parlamentarios o sus bases les abandonarían definitivamente. Aquí viene bien recordar el ejemplo de lo ocurrido con los griegos y sus partidos.

Los empresarios saben que es preferible conformarse con todo lo que ya han obtenido en recortes de derechos laborales, porque un nuevo paso hacia conseguir recuperar la esclavitud, es la mecha que enciende la pólvora. Antes tenían que respetar las leyes y derechos sociales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, aunque ganaban menos dinero de lo que ganarían en las condiciones actuales si se llega a iniciar la recuperación, saben que pueden perder esas ganancias por los conflictos sociales.

La pregunta que deberíamos hacernos es si se necesita la adopción de esa medida de recorte salarial para averiguar donde está situado el umbral de aguante de la ciudadanía española.

Nos gobiernan los herederos de un franquismo donde los obreros éramos el último eslabón de una cadena, y así nos siguen viendo, y solo con una respuesta capaz de parar el país pueden verle las orejas al lobo. Pero los obreros también venimos de un régimen franquista que enseñaba que el patrón siempre tenía razón. La combinación de ambas percepciones es lo único que puede explicar que no haya una ruptura social pese a los recortes ya aplicados.

SI la oposición en su conjunto no es capaz de encabezar esa reivindicación, deberían empezar a dejar su sitio a nuevos dirigentes, porque por mucho que lo vendan como una mejora, la reducción temporal del desempleo es eso, temporal, y cuando llegue el invierno, el frio volverá a apretar los zapatos a más de seis millones de personas por tercer año consecutivo.

Pensando con frialdad, tres años es demasiado tiempo para seguir confiando en que la gente conservará la paciencia.