No hay que perder la esperanza, dicen. Pero la esperanza, en estos tiempos, lleva muletas para caminar, y mira de reojo al calendario. A lo lejos se ve una década que nos viene de espaldas, marcha atrás, como quien entra en una casa sólo para apagar las luces y cerrar las ventanas. Una ola de ultraderecha recorre el mundo y, mientras tanto, aquí la izquierda se pelea consigo misma frente al espejo, discutiendo cual es el diagnóstico mientras el paciente se nos desangra.
En la izquierda se comparte el objetivo, se comparte el sueño, pero el sueño se rompe en mil siglas y pequeños reinos de taifas. Recuerdo reuniones y asambleas donde todos quieren tener razón y muy pocos quieren obtener resultado. Y mientras la izquierda se deshilacha en debates interminables, la derecha y la extrema derecha llaman a la puerta de cada hogar con una sonrisa falsa y un mazo de juez. No vienen sólo a gobernar: vienen a borrar todo lo avanzado. Borrar leyes, borrar memorias, borrar conquistas, barrer del mapa todo lo que no encaje en su catecismo.
El primer paso de esa cruzada de la derecha lleva años en marcha: hacer imposible que el gobierno elegido pueda gobernar. No hace falta un golpe de Estado si se puede conseguir desgastar el Estado: una suma de vetos, togas, micrófonos, púlpitos y porras. Oposición, medios, jueces, iglesia, fuerzas de seguridad: la misma orqueta de siempre, interpretando la misma vieja partitura. Y en ese escenario, discutir si llegamos a 2026 o a 2027 es casi una ironía, no nos sirve contar los días si lo que los ciudadanos perdemos son derechos.
Por eso la palabra SUPERVIVENCIA deja de ser una exageración y se convierte en el diagnóstico. Supervivencia de los servicios públicos, del estado del bienestar, de unos principios democráticos que amenazan con ser archivados en un cajón, junto con otras antiguallas que a la derecha incomodan. Cada recorte, cada privatización, cada desahucio sin alternativa es un renglón más en el acta de defunción de esa promesa llamada “lo común”. Y, sin embargo, incluso ante esa evidencia, la izquierda sigue sin encontrar la vía común para defender lo que aún queda en pie.
Se señala que la mayor responsabilidad recae sobre el PSOE, y no falta razón: quien gobierna no puede vivir eternamente de metáforas mientras el suelo se hunde bajo sus pies. Pero a su izquierda la cosa no está mejor: fragmentos, viejas heridas, sospechas nuevas, un conflicto endémico que convierte cada discrepancia en ruptura. España corre el riesgo de caminar hacia atrás mientras sus izquierdas discuten el ritmo al que lo hace.
Tal vez haya que empezar por lo más elemental: dar techo. Techo para los cuerpos y también para la dignidad. Las políticas de vivienda llegan tarde, décadas tarde, y serán lentas como la justicia cuando se acuerda de los pobres, rápida para el fiscal general aunque con ello legitime la mentira. Pero tarde, nunca es sinónimo de inútil. Congelar alquileres, prohibir desahucios sin alternativa habitacional, levantar un parque de vivienda pública en alquiler, usar el suelo público, domesticar a la SAREB, subir el IBI a los señores de las casas vacías: no son ocurrencias, son diques de contención frente al tsunami de un mercado cada día más voraz.
Llevar esas medidas al parlamento sería algo más que un trámite: sería poner las luces en el escenario de todos y obligar a cada cual a mostrar su verdadero rostro. Que se retraten todos: la coalición de gobierno, la ultraderecha y los poderes económicos; que quede claro quién está con los hogares y quién con los fondos de inversión. Si la respuesta es un no tras otro, entonces las urnas dejarán de ser un trámite defensivo y podrán convertirse en un desafío: ir a elecciones con un programa realmente progresista, no con un folleto de rebajas blandiblu.
Pero la lista de tareas pendientes no termina en la vivienda. Un banco público que no funcione como sucursal del miedo, un Instituto de Crédito Oficial con músculo y no sólo siglas, la reversión de hospitales privados que parasitan lo público, la rehabilitación de barrios envejecidos que hoy son reservorios de pobreza. Piensen que cada una de esas medidas es un acto de desobediencia contra el mandato de resignación al que la situación nos está condenando. Escribirlas en un programa es fácil; convertirlas en ley es escoger bando.
Quizás la pregunta de fondo no sea quién gobierna, sino quién manda. Mandan los mercados cuando la política se demuestra menor de edad. Mandan los jueces cuando la democracia se reduce a un fin de semana cada cuatro años. Mandan los viejos poderes cuando la izquierda olvida que su fuerza no está en sus líderes, sino en la gente que no sale en la foto.
No hay que perder la esperanza, pero la esperanza no es una vela que se le pone a un santo, sino una forma de entender la política. Requiere organización, memoria, pero, sobre todo, mucha fraternidad entre quienes hoy sólo se miran de reojo. Requiere que la izquierda recuerde que nació para que nadie estuviese de sobra, y que no hay década ominosa que dure eternamente si hay quienes se empeñan en interrumpirla.
Nuestra historia de progreso y democracia no está escrita: sólo está amenazada. Y tal vez todavía quede tiempo para que, en lugar de otra crónica de derrota anunciada, estas fiestas navideñas sean recordadas como el momento en que, al borde del abismo, alguien dijo: hasta aquí.
